El diputado Gonzalo Ramírez, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), sepultó la investigación que abrieron los anteriores diputados de la Comisión de Gasto Público sobre las presuntas presiones del expresidente Rodrigo Chaves para que se contratara a la constructora mexicana Tradeco en el proyecto de ampliación del tramo Barranca-Limonal.
El congresista tomó esa decisión el pasado 11 de junio, en la primera sesión de la Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso y el Gasto Públicos, órgano del cual fue nombrado presidente con el apoyo del oficialismo.
Se trata específicamente del expediente legislativo 25.413, abierto el 12 de febrero pasado, luego de que la anterior comisión recibiera en audiencia a exjerarcas del Instituto Nacional de Seguros (INS) para averiguar cuál fue la participación del ahora exmandatario en el proceso para intentar contratar a la firma mexicana.
De entrada, Gonzalo Ramírez presentó varias mociones que buscaban archivar una serie de investigaciones abiertas por los anteriores congresistas, aún no concluidas, y que posiblemente habrían tenido los votos de los representantes de Pueblo Soberano en ese órgano.
Sin embargo, luego del cuestionamiento lanzado por Sigrid Segura, del Frente Amplio (FA), Ramírez cambió el mecanismo y anunció que él mismo ordenaría el archivo de los expedientes con base en el artículo 232 del Reglamento legislativo, donde se indica que el presidente puede archivar, sin trámite ni recurso alguno, proposiciones pendientes de resolución, cuando ya pasaron cuatro meses desde su presentación.
Segura cuestionó la aplicación de dicho artículo, ante lo cual Ramírez y la funcionaria del Departamento de Servicios Técnicos indicaron que, si bien no se puede desarchivar una investigación, es posible abrir un nuevo expediente para recuperar toda la información que se haya recabado previamente y emitir un informe de investigación.
¿De qué trata el caso Tradeco?
Entre octubre y diciembre de 2025, los anteriores diputados hicieron una serie de audiencias relacionadas con presuntas presiones de Rodrigo Chaves para que el INS le diera un seguro a la empresa mexicana Tradeco y, gracias a ello, pudiera asumir un contrato de $180 millones para ampliar el tramo Barranca-Limonal, en la ruta 1.
Esas presiones fueron reveladas por la expresidenta de la institución Mónica Araya, quien explicó que la empresa por la que Chaves estaba presionando no tenía capacidad financiera para recibir el seguro de caución.
De hecho, cuando ella le comunicó dicha situación al entonces mandatario, hoy ministro de la Presidencia y de Hacienda, Chaves le habría gritado y la habría insultado, achacándole no tener control de la Junta Directiva del INS.
El exministro Luis Amador reveló, en audiencias ante la Comisión sobre Gasto Público, que Chaves se involucró activamente en reuniones para discutir la cesión del contrato millonario a la empresa mexicana, y así lo confirmó el abogado Randall Chuken, quien fungió como asesor para las las empresas Tradeco, OHLA y Caabsa en dichas reuniones.
De hecho, Amador había revelado que Chaves le daba instrucciones a Chuken para que le diera seguimiento a las negociaciones para la cesión del contrato.
La Nación dio a conocer en enero, que la Casa Presidencial había intervenido ante el Banco Nacional para que se le diera una garantía de cumplimiento de $19 millones a Tradeco, para la mencionada cesión del contrato de ampliación.
En dicho proceso de investigación, también se dio a conocer que la empresa mexicana arrastra cuestionamientos y sanciones en su país, incluyendo presuntas vinculaciones con narcotráfico.
Una audiencia del director corporativo empresarial del BN, Alejandro Acón, en enero, reveló la implicación de otros actores en el caso, como la actual presidenta legislativa, Yara Jiménez, quien habría estado en una llamada que le hizo Luis Amador, en medio de una sesión del Consejo de Gobierno, para que explicara el resultado de una reunión con representantes de Tradeco.
Otro episodio relacionado con el caso Tradeco fue la comparecencia en la Comisión de Gasto Público del exgerente del INS Luis Fernando Monge, quien aseguró que Federico “Choreco” Cruz presionó para que el puesto de bolsa INS Valores aceptara el ingreso de $10 millones promovidos por dos agentes de seguros conectados con una persona muy cuestionada en Costa Rica: Celso Gamboa Sánchez, exmagistrado y exministro hoy deportado en Estados Unidos, para que afronte cargos por tráfico internacional de drogas.
De tal nivel fueron las revelaciones de Mónica Araya y Luis Fernando Monge que la Comisión de Gasto Público, en su momento, pidió protección policial para ambos y fue tramitada por la Fiscalía General de la República.
Aunque el expediente de investigación no se abrió oficialmente hasta febrero del 2026, ya se habían hecho prácticamente todas las pesquisas.
Igualmente, la decisión de Gonzalo Ramírez, como presidente de la Comisión de Gasto Público, fue archivar dicha investigación.
