Los diputados de la Comisión para el Control del Ingreso y el Gasto Públicos solicitaron al Ministerio Público, dos semanas atrás, acompañamiento y protección para Luis Fernando Monge, exgerente general del Instituto Nacional de Seguros (INS), así como para Mónica Araya, expresidenta ejecutiva de dicha institución.
Las mociones fueron aprobadas, en ese momento, por cinco integrantes de dicho órgano legislativo, mientras que el diputado chavista, Manuel Morales, votó en contra de hacer la solicitud de protección para ambos exfuncionarios.
Este lunes, el fiscal adjunto Mauricio Boraschi confirmó que la solicitud de los diputados fue recibida y tramitada por el Ministerio Público.
La protección solicitada por los diputados para ambos funcionarios se debe a las denuncias que hicieron tanto Monge como Araya en la Asamblea Legislativa, sobre presiones de parte del presidente de la República, Rodrigo Chaves, como del exasesor presidencial, Federico Choreco Cruz al INS.
De hecho, el exgerente Luis Fernando Monge prefirió reservarse ciertos nombres, en la sesión de la Comisión de Gasto Público, el 19 de diciembre, por “razones de seguridad personal”.
Específicamente, el exgerente reveló que Choreco había presionado para que el puesto de bolsa INS Valores aceptara el ingreso de $10 millones, promovido por dos agentes de seguros que estaban conectados a una persona muy cuestionada en Costa Rica.
En entrevista con La Nación, Monge luego explicó que se trataba del exmagistrado Celso Gamboa Sánchez, cuyo nombre apareció en una alerta de la Oficialía de Cumplimiento Corporativo del INS.
Choreco hizo llamadas a la presidenta del INS, Gabriela Chacón, para presionar por el ingreso de ese dinero que el exgerente considera cuestionable.
El exgerente puntualizó que los dos agentes ligados a Gamboa pretendían hacer varios depósitos hasta alcanzar los $100 millones (unos ¢50.000 millones), pero el oficial de cumplimiento, Roy Campos, descubrió que el exmagistrado, actualmente acusado en Estados Unidos por presunto narcotráfico, estaba vinculado a varias empresas donde aparecían los dos agentes que querían introducir el dinero.
Luis Fernando Monge también destapó una reunión que tuvo la presidenta del INS con el “Zar de los Reaseguros”, Diego Sánchez Silva, ecuatoriano implicado en sobornos en su país.
La tercera denuncia del exjerarca del Instituto fue que hubo una maniobra electoral del gobierno para frenar el ajuste salarial de los empleados, para aplicarlo un mes antes de las elecciones.
Por su parte, Mónica Araya reveló en la Comisión de Gasto Público, a mediados de diciembre, que Rodrigo Chaves le gritó y la calificó de incompetente cuando ella le dijo que no le podía otorgar un seguro a la cuestionada empresa mexicana Tradeco, la cual pretendía asumir un contrato de $180 millones para la ampliación del tramo Barranca-Limonal.
Además, ella reveló que Chaves le pidió adjudicar dos licitaciones por $17 millones, pese a que no cumplían con los criterios técnicos y financieros: un contrato de casi $10 millones para la compra de 15 camiones extintores para el Benemérito Cuerpo de Bomberos, y otro por $7,3 millones por 1,9 millones de stickers y los servicios para la implementación del marchamo digital.
Finalmente, Mónica Araya también dio a conocer que un funcionario del despacho de Rodrigo Chaves le pidió despedir al esposo de la exministra de Comunicación Patricia Navarro, después de que ella reveló audios de reuniones del mandatario donde se hablaba de una presunta contratación irregular con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
