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Dos diputados del Partido Liberación Nacional (PLN) cuestionaron esta semana los vínculos de la Presidencia de la República con las presuntas presiones hacia el Instituto Nacional de Seguros (INS) para que, por una parte, se aceptara el ingreso de fondos cuestionables en el puesto de bolsa de esa institución y, por otra, se hicieran negocios con el cuestionado “Zar de los Reaseguros”.
El jefe de la fracción del PLN, Óscar Izquierdo, y la legisladora herediana Kattia Rivera señalaron la obligación de que la Casa Presidencial dé explicaciones sobre las denuncias que hizo el exgerente general del INS, Luis Fernando Monge.
En particular, los liberacionistas señalaron la urgencia de que se aclaren nombres, fechas y documentos sobre esas reuniones y conversaciones, además de revelar quién trajo al “Zar de los Reaseguros” al país, quién lo sentó con la presidenta ejecutiva del INS, Gabriela Chacón, y quién se beneficia de esos intentos de negocio.
“Como jefe de fracción del PLN, exijo que Casa Presidencial aclare todas estas informaciones”, afirmó Izquierdo.
El jueves pasado, en audiencia ante la Comisión para el Control del Ingreso y Gasto Públicos, el exgerente del Instituto hizo revelaciones, bajo juramento, que preocuparon profundamente a los diputados.
Primero, aseveró que el exasesor presidencial Federico Choreco Cruz presionó a las autoridades de la institución para que INS Valores aceptara el ingreso de $10 millones de parte de agentes conectados con una persona muy cuestionada en el país.
En criterio de Monge, se trataba de un intento de ingresar fondos cuestionables al puesto de bolsa, con el cual se había topado anteriormente, hasta que se dio cuenta de que Choreco estaba presionando para que se aceptaran, en contra de los criterios técnicos.
El exgerente también reveló que, en enero de este año, hubo una reunión a la que fue convocado por la presidenta ejecutiva del INS, Gabriela Chacón, y que terminó siendo una cita con el cuestionado “Zar de los Reaseguros, Diego Sánchez Silva, un ecuatoriano implicado en aparentes sobornos en su país de origen y que estaría colaborando con la justicia estadounidense en investigaciones sobre esos hechos.
En la cita estuvo Hostos Rizik, quien en enero todavía era director del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para República Dominicana, y quien se habría presentado -según aseguró Luis Fernando Monge- como el enlace entre Rodrigo Chaves y la empresa reaseguradora representada por Sánchez Silva.
La pretensión era, de acuerdo con el exgerente, participar en los grandes contratos de reaseguros, particularmente de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
Finalmente, Luis Fernando Monge también declaró que hubo una maniobra electoral del gobierno, la de frenar el ajuste salarial de los empleados del INS para aplicarlo un mes antes de los comicios nacionales, con intenciones abiertamente electorales.
El jefe de Liberación calificó todos esos hechos como gravísimos, máxime que implica al círculo más íntimo del presidente Chaves, empezando por Federico Cruz.
Izquierdo también cuestionó que, ante las revelaciones de Luis Fernando Monge en la Comisión de Gasto Público, las únicas respuestas de Gabriela Chacón fueron “no recuerdo, no preciso, se lo comenté al presidente”.
“En cualquier democracia seria, esas fotos en Casa Presidencial de presuntos intermediarios de personajes cuestionados y los intentos de mover millones de dólares de origen dudoso, serían motivo de renuncias, y no de excusas”, dijo el vocero verdiblanco.
Por su parte, Kattia Rivera agregó que resultan muy cuestionables la ética o los lineamientos de la Casa Presidencial para hacer reuniones con personajes como Rizik.
“¿Cuál es el rol de Choreco, porque según el gerente general, él ejerció presiones para ingresar $10 millones en INS Valores?“, comentó Rivera, quien además se preguntó si en las decisiones de la Presidencia de esa institución pesan más el criterio técnico o las llamadas de amigos personalísimos del presidente Chaves, para que las cosas sucedan.
Rivera aseguró que, en enero, cuando los diputados vuelvan a funciones, habrá mucha tela que cortar en la Comisión de Gasto Público para determinar hasta dónde llegó la instrumentalización de las instituciones públicas.
