Diez de los 12 aspirantes presidenciales expusieron las medidas que aplicarían para atender la crisis de inseguridad en Costa Rica, tanto en los primeros 100 días de un eventual gobierno suyo como en el resto del periodo 2026-2030.
La Nación buscó a todos los aspirantes para conversar con ellos. Diez accedieron a conversar en persona o por teléfono.
Se trata de Jose Aguilar Berrocal (Avanza), Luz Mary Alpízar Loaiza (PPSD), Claudio Alpízar Otoya (PEN), Natalia Díaz Quintana (UP), Claudia Dobles Camargo (Coalición Agenda Ciudadana), Juan Carlos Hidalgo Bogantes (PUSC), Boris Molina Acevedo (PUCD), Álvaro Ramos Chaves (PLN), Ariel Robles Barrantes (FA) y Fernando Zamora Castellano (PNG).
Laura Fernández Delgado, de Pueblo Soberano (PPSO), y Fabricio Alvarado Muñoz, de Nueva República (PNR), no atendieron la solicitud de entrevista que les hizo llegar este diario.
En orden alfabético, por apellido, estas son las propuestas de los candidatos:
Jose Aguilar Berrocal, de Avanza
Primeros 100 días
Propone reactivar el Consejo Presidencial de Seguridad y presentar, desde allí, su estrategia nacional de seguridad.
Según dijo, tendría una primera etapa de “choque fuerte” para hacerle frente a la “masacre a cielo abierto” que se vive en el país. En esta primera fase, mediante inteligencia artificial, identificaría las zonas de calor en donde se da mayor trasiego de drogas y donde ocurren más asaltos y asesinatos para distribuir los recursos de manera más eficiente. Asimismo, implementaría la videovigilancia.
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Además, propone articular los cuerpos policiales: Fuerza Pública, Policía de Fronteras y Policía Turística, entre otras.
“En esa primera fase, vamos a trabajar de la mano con el OIJ (Organismo de Investigación Judicial), que nos parece que tiene un rol fundamental y va a ser punta de lanza con toda la inteligencia que ellos aportan y su capacidad táctica de poder hacer estas intervenciones”, afirmó.
Para el aspirante, la coordinación entre los tres poderes de la República será vital para trabajar en el tema de seguridad que, según asegura, es su prioridad.
Como segunda acción, trabajaría urgentemente contra las “prácticas dilatorias de los narcoabogados” que se ausentan de audiencias, lo que ralentiza que se asigne una nueva audiencia y facilita el levantamiento de medidas de prisión preventiva.
Durante la administración
En cuanto “se apague el incendio” de la inseguridad, indicó que lo procedente sería empezar a “acomodar la casa”. Por ello, trabajaría en evitar la deserción estudiantil, mejorar el perfil profesional de los costarricenses, el bilingüismo y promover la práctica de un deporte.
Señaló que el perfil de las personas involucradas en acciones ilícitas, como “narcomenudeo y gatilleros”, lo conforman aquellos que viven en condiciones de pobreza, de baja escolaridad y de familias disfuncionales, por lo que el problema debe atacarse de raíz.
Luz Mary Alpízar Loaiza, de Progreso Social Democrático (PPSD)
Primeros 100 días
Priorizaría acciones para reducir las muertes y atender a los jóvenes vulnerables a caer en el crimen.
“La muerte de los jóvenes y la cantidad de jóvenes encarcelados nos está diciendo que hay una población totalmente vulnerable”, señaló. Por ello, buscaría replicar experiencias exitosas en otros países y promover una articulación interinstitucional.
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Durante la administración
Planteó reforzar la educación para rescatar valores y recuperar la convivencia pacífica. “Hemos dejado de vivir como vivía un pueblo en paz, porque ahora desconfiamos de todo el mundo”, aseveró.
Subrayó la importancia que dará al respeto entre los poderes de la República y la generación de empleo para las personas en situación de vulnerabilidad, especialmente los jóvenes.
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También, impulsaría reformas legales que cuenten con consensos y recursos para su ejecución, además de fortalecer la unión entre los distintos cuerpos de seguridad. “No podemos poner a pelear a las diferentes fuerzas policiales”, agregó.
Además, prometió mayor apoyo a la Fuerza Pública, no solo en lo económico, sino también en la motivación, citando la urgencia de mejorar aquellas delegaciones policiales que hoy se encuentran en condiciones precarias e inseguras.
Claudio Alpízar Otoya, de Esperanza Nacional
Primeros 100 días
Lo primero que haría es reactivar el Consejo de Seguridad Nacional y establecer una estrategia de seguridad nacional.
Empezaría implementando cuatro ejes fundamentales que contemplan un plan nacional para la prevención del delito y de la violencia; mejorar la administración de la justicia y la lucha contra la impunidad; el fortalecimiento y la modernización de las fuerzas policiales; y la creación de una política de seguridad nacional.
“La política de seguridad nacional va desde el tema de las fronteras marítimas, terrestres y también el uso de nuestro espacio aéreo, porque hay muchas pistas de aterrizaje que se usan de manera ilegal. Entonces, nosotros debemos tener una política desde el primer día en este campo. Eso también nos obliga, desde los primeros 100 días, a coordinar con los países con los que tenemos frontera”, señaló.
Indicó que distribuiría a la policía en los cantones más conflictivos del país y, paralelamente, implementaría un programa contra la violencia intrafamiliar, al considerar que esta deriva en problemas de seguridad. Por otra parte, afirmó que revisaría los recursos de algunas instituciones para ver si inmediatamente se pueden hacer modificaciones presupuestarias para destinar fondos a la seguridad nacional.
“Nosotros (el país) estamos invirtiendo el 0,7% del PIB (producto interno bruto) en temas de seguridad. Tenemos que aumentar sustancialmente ese presupuesto”, señaló.
Durante la administración
Prevé trabajar en foros de seguridad ciudadana, en programas de educación preventiva de consumo de drogas, pues señala que muchas sustancias se están quedando en el país; y además, se enfocaría en la atención de jóvenes en riesgos social.
También, desarrollaría un plan para unificar los cuerpos policiales.
Fabricio Alvarado, de Nueva República
No concedió una entrevista para hablar sobre este tema.
Claudia Dobles Camargo, de Coalición Agenda Ciudadana
Primeros 100 días
Convocaría al Consejo Presidencial de Seguridad para coordinar con los poderes de la República y los cuerpos policiales.
“Lo primero es una mejor coordinación de los diferentes cuerpos policiales porque nuestro paisaje de cuerpos policiales es muy fragmentado y cada uno recauda, por así decirlo, inteligencia policial y hace su propio análisis criminal. Entonces, la coordinación entre esos cuerpos policiales es indispensable”, afirmó.
A partir de la coordinación de inteligencia policial y análisis criminal, planearía megaoperativos en las zonas con mayor incidencia de crimen organizado en busca de droga y armas ilegales, pues los homicidios se realizan con este tipo de armamento, dijo Claudia Dobles.
Durante la administración
Dobles plantea un aumento de oficiales de policía, pasando de 14.000 a 18.000, además de adquirir más motos y patrullas. Para financiar esto, plantea destinar una parte del aumento prespuestario que generaría la implementación de Hacienda Digital, que estaría completamente habilitada en el 2026. “Siendo conservadora”, dijo, estima el ahorro total en un 0,5% del PIB. Esa cifra equivale a ¢257.000 millones.
Dobles crearía un centro de comando y control a partir de un financiamiento de $5 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) e implementaría el uso de tecnología como sensores, radares y drones. Estos últimos dispositivos se usarían en sustitución de policías para hacer controles, a fin de mejorar la inteligencia policial y el control territorial en zonas de alto riesgo.
Entre sus planes también figura hacer una revisión del Código Penal y de distintas penas, así como trabajar en prevención a través de programas como Puente a la seguridad o Puente al desarrollo en zonas conflictivas.
Comentó que no está de acuerdo con la construcción de una megacárcel, pero sí con una mayor y mejor infraestructura penitenciaria.
Natalia Díaz Quintana, de Unidos Podemos
Primeros 100 días
Tendría un plan de seguridad basado en tres pilares: presencia, castigo y prevención. Se enfocaría en acciones que no requieren reformas de ley, sino de una mejor gestión y coordinación, aseguró.
Entre sus prioridades estaría establecer un “cuarto de situación” en Casa Presidencial para monitorear el país en tiempo real, ver los puntos calientes y lo que ocurre en materia de homicios.
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“El presidente debe estar en ese cuarto hasta que la situación se estabilice o se resuelva. Ahí hay que coordinar directamente desde presidencia con Policía, Migración, Aduanas, Guardacostas y los alcaldes, porque este no es un tema solamente de Gobierno Central”, dijo.
Asimismo, habló de un plan de control de territorio, que tendría presencia policial en los barrios más peligrosos y la utilización de tecnología como cámaras inteligentes, lectores de placas y drones.
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Durante la administración
Crearía una mesa operativa con la Fiscalía y el Poder Judicial y realizaría reuniones semanales obligatorias para abordar casos prioritarios y entender por qué se están liberando a delincuentes.
Entre otros planes, trabajaría con inteligencia unificada que permitiría tener “un solo mapa del crimen” que cruce la información de la policía, OIJ, puertos, aeropuertos y fronteras.
Indicó que apoya la construcción de una megacárcel y el bloqueo de señal en los centros penitenciarios.
“Las cárceles no pueden ser una bodega humana, las cárceles tienen que ser lugares donde haya orden y rehabilitación real. También, tienen que trabajar para sustentarse esos gastos”, manifestó.
Señaló que trabajaría en programas de prevención para evitar el reclutamiento de jóvenes y menores de edad por parte del crimen organizado y que impulsaría el rol del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) para ofrecer carreras técnicas cortas que permitan a los jóvenes obtener un ingreso rápido.
Laura Fernández, de Pueblo Soberano
No concedió una entrevista para hablar sobre este tema.
Juan Carlos Hidalgo Bogantes, de la Unidad Social Cristiana
Primeros 100 días
La prioridad de su eventual gobierno será atender la crisis de seguridad que vive Costa Rica. Enviaría una interpretación auténtica de la regla fiscal a la Asamblea Legislativa para permitir que, en una situación de emergencia nacional como la que se vive, se puedan destinar más recursos a las instituciones que combaten el crimen organizado, empezando por la Fuerza Pública y el Ministerio de Seguridad Pública.
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Propone incrementar a 20.000 el número de policías de la Fuerza Pública, aspiración que sabe no se logra en 100 días, pero que considera que se debe tomar con la mayor seriedad desde el 8 de mayo del 2026. Planea que esta aspiración se financie dentro del presupuesto del gasto corriente.
Hidalgo se compromete a realizar “una inversión brutal en seguridad”. Considera necesario más equipamiento y tecnología no solamente en Fuerza Pública, sino también en el “servicio desmantelado” de Guardacostas y el de Vigilancia Aérea.
Para lograrlo, plantea crear un fideicomiso a partir de la venta de un activo estatal, en este caso del Banco de Costa Rica (BCR), para crear un fondo para seguridad que sirva para gasto de capital.
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Durante la administración
Negociaría con la Unión Europea para lograr un acuerdo de cooperación policial que permita a la Europol (policía de la Unión Europea) tener presencia en puerto Moín, en Limón, para que sean los europeos quienes “controlen y monitoreen que nuestras exportaciones no vayan con droga”.
“Hay que poner sobre la mesa medidas que hasta hace poco podrían haber resultado impensables, como es el hecho de que una fuerza policial extranjera esté presente en nuestro territorio nacional ayudándonos en la lucha contra el crimen organizado”, dijo Hidalgo.
Boris Molina Acevedo, de Unión Costarricense Democrática
Primeros 100 días
Como primera acción, se reuniría con los poderes Legislativo y Judicial.
“No se le tienen que dar órdenes al Poder Judicial ni órdenes al Poder Legislativo; se tiene que conciliar con ellos. Hay que actuar en consenso para que la política de Estado, que la conjuntan todos los poderes de la República, pueda ser efectiva”, destacó.
Afirmó que no se requieren nuevas leyes, sino aplicar de forma estricta las que ya existen. “Lo que necesitamos es una política criminal fija que determine efectivamente que quien la hace la paga”, aseveró.
Promovería una ejecución de la justicia más eficiente, de forma tal que el delincuente tenga claro que, si comete un delito, será castigado. Igualmente, impulsará un cambio de “chip” en jueces y fiscales para usar adecuadamente la prisión preventiva.
Procurará consensuar con el Poder Judicial para que los jueces colaboren en ese sentido. Señaló que no basta con que existan sanciones duras, sino que es necesario que se ejecute el castigo.
Durante la administración
Propone reducir la desigualdad y fortalecer la educación, al tiempo que incrementaría la presencia policial en los barrios con vigilancia por zonas, cámaras y uso de tecnología. Además, considera fundamental golpear las finanzas del crimen organizado mediante el decomiso de dinero, casas y bienes, pues asegura que atacar su patrimonio es “donde más les duele”
Buscará asesoría y cooperación económica de países con más experiencia en seguridad, como Estados Unidos y otros.
Además, prevé reformas de ley para brindar mayor certeza jurídica a los jueces y funcionarios públicos en la toma de decisiones. A su criterio, hoy existe un temor generalizado de interpretar y aplicar la norma, lo que provoca una parálisis en la administración de justicia. Su propuesta es aclarar procedimientos y reducir ese miedo, de manera que quienes deben decidir cuenten con respaldo jurídico suficiente para actuar con firmeza contra el delito.
Álvaro Ramos Chaves, de Liberación Nacional
Primeros 100 días
Propone girar los recursos presupuestados al Poder Judicial y el Ministerio de Justicia, reducir el secretismo alrededor de las decisiones del gobierno, así como revisar los cambios efectuados en el Servicio Nacional de Guardacostas y en las policías de Fronteras y Control de Drogas. “Todas han sido reubicadas o replanteadas de una manera que no está generando incidencia”, indicó.
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Gestionaría el entrenamiento de más policías e impulsaría la construcción, “no de una megacárcel”, sino de un módulo multipiso.
Diseñaría también un centro de control y comando, que aproveche el uso de la tecnología, comunicaciones y el contacto ciudadano, además de trabajar en la articulación con cuerpos policiales (incluidos los municipales), los equipos de atención de emergencias y el sector privado.
Durante la administración
Enfatizaría en la prevención de delito mediante la generación de oportunidades laborales y educativas para los jóvenes. “Si vos prevenís el delito, entonces no saturás al Poder Judicial”, señaló.
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Parte de su plan incluye recuperar los espacios públicos y comunitarios, “porque la delincuencia y la violencia ocupan principalmente esos espacios donde las calles están solas”.
Además, aboga por replantear la regla fiscal, de manera que la inversión en seguridad quede excluida de las restricciones, y que ello se convierta en una “regla de oro”.
Ariel Robles Barrantes, del Frente Amplio
Primeros 100 días
Declararía emergencia nacional por la situación de inseguridad que atraviesa el país.
Según dijo, así giraría los recursos necesarios para que las fuerzas policiales puedan adquirir el equipamiento correspondiente a fin de enfrentar a los grupos criminales y mejorar las condiciones laborales diarias de los oficiales de la Fuerza Pública.
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Destacó que contar con esta dotación de recursos permitiría la ejecución de megaoperativos, coordinados entre distintos cuerpos policiales, en aquellos lugares que han sido identificados como “puntos rojos” o de alta actividad delictiva.
Además, planea reunirse con cada uno de los diputados del periodo 2026-2030, para dialogar sobre el problema de inseguridad y las posibles soluciones. Asimismo, procuraría acercar a todos los poderes de la República para trabajar articuladamente y compartir información que permita enfrentar al narcotráfico.
Durante la administración
Promover un enfoque preventivo mediante la recuperación de espacios públicos y la generación de programas dedicados a evitar que los jóvenes caigan en las manos del narcotráfico.
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Asimismo, considera fundamental atacar el lavado de dinero para “frenar el tubo” que permite al narcotráfico “oficializar” los recursos económicos que generan mediante sus actividades ilícitas. Parte de ello implica darle el músculo a las instituciones para que investiguen y persigan los capitales emergentes sin justificación.
Robles aboga por aplicar mano dura a los líderes de narcotráfico, para que no continúen infiltrándose en el aparato estatal y así frenar la corrupción vinculada a esta actividad criminal.
Fernando Zamora Castellanos, de Nueva Generación
Primeros 100 días
Presentaría un paquete de reformas de ley enfocadas en lo penal y en cómo está actualmente estructurado el Poder Judicial.
Igualmente, propone la creación de un comité interinstitucional de acción conjunta con las fracciones legislativas que estén representadas en el Congreso, para poder avanzar con las iniciativas de ley promovidas desde el gobierno.
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Decretaría emergencia nacional por el tema de la inseguridad y realizaría un reclutamiento masivo de reservistas, para que estos se concentren en las “actividades policiales administrativas”, como la atención de los eventos masivos y las notificaciones, para concentrar a la policía “estrictamente en actividades de combate a la criminalidad”.
Durante la administración
Las propuestas legales que impulsaría en su administración tratarían materias como la ejecución de la pena y la eliminación de las medidas cautelares alternativas para los delitos de narcotráfico, crimen organizado y asesinatos.
También, promovería normas para hacer obligatoria la prisión preventiva cuando exista peligro para las víctimas, testigos o la comunidad. Ampliaría a no menos de 48 horas el plazo de detención para “casos severos”, y promovería la prisión permanente revisable.
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Además, sacaría al Ministerio Público y la Sala Constitucional de la esfera del Poder Judicial con el fin de dotarles de una mayor independencia e imparcialidad. Zamora también plantea reformar el proceso de elección de los magistrados, estableciendo un mínimo de experiencia de 18 años y limitando el tiempo que pueden estar en el cargo a un máximo de 14 años.
Otras acciones incluyen el establecimiento de una oficina de ciberseguridad para combatir las estafas, como las que se realizan en el sistema bancario, y obligar al Ministerio de Seguridad Pública a procesar y tramitar los reportes de actividades delictivas que brinden los comités de seguridad ciudadana.
También, propone que árbitros del sector privado puedan intervenir en temas de cobros y arreglos extrajudiciales en materia comercial y civil, para bajar la mora judicial.