Costa Rica, durante décadas, fue ejemplo de seguridad en la región. Una especie de oasis donde la violencia era noticia aislada y el reporte de un solo homicidio era suficiente para causar conmoción.
Hoy la estadística de asesinatos se eleva a diario para alimentar un registro histórico. Balaceras se desatan a plena luz del día y en lugares transitados, frente a centros educativos e incluso Tribunales.
El crimen organizado acecha con mayor intensidad a algunas comunidades, pero sus pugnas ya trascienden fronteras y alcanzan, cada vez más, a familias ajenas al conflicto.
El contexto de violencia obliga a tomar medidas de precaución, como evitar ciertos lugares, aun sabiendo que un ataque puede ocurrir incluso en medio de una congestión vial.
Entonces surge la interrogante: ¿Está Costa Rica ante un punto de no retorno en términos de violencia?
Tres expertos consultados por este medio coinciden en que aún hay alternativas, pero el “abismo” está cerca, la situación es “crítica” y el riesgo de que la solución sea más devastadora que el propio problema es cada vez más latente.
‘Costa Rica está al borde del abismo’
En la actualidad, una persona es asesinada cada 10 horas en el país. De acuerdo con proyecciones del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Costa Rica se encamina a cerrar el año con 900 asesinatos, una cifra superior a los 880 del 2024 y muy cercana a los 905 del 2023, el año más violento en registro.
El pasado 14 de agosto, la expresidenta de la República, Laura Chinchilla, indicó a los legisladores de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico que el país se encuentra al borde del abismo por la crisis de inseguridad.
En entrevista con La Nación, Chinchilla explicó que, pese a que un punto de no retorno está cerca, aún se entreven posibilidades para no llegar a él.
Una situación irreversible, para la experta en seguridad, implicaría tasas de homicidio por encima de 20 o 25 por cada 100.000 habitantes, comunidades tomadas por las pandillas sin que la autoridad pueda desplazar el dominio, así como una penetración del crimen organizado, de forma más sistemática, en las instituciones del Estado.
La tasa de homicidios en Costa Rica pasó de 11,5 por cada 100.000 habitantes en 2015 a 16,6 en 2024. Por poco triplica el promedio mundial (6) y, aunque continúa lejos de países como México (25,6), ya supera a vecinos como Guatemala (16,1).
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Contener la crisis, afirma Chinchilla, requeriría colocar la seguridad como prioridad nacional y levantar las barreras que hoy están “totalmente bajas”. Esto, advierte, no ocurrirá durante la administración Chaves Robles.
“Creo que ya con este gobierno tiramos la toalla. No veo ninguna posibilidad de que puedan rehacer todo los errores que han cometido y más bien pienso que puede ser una oportunidad para interpelar a quienes aspiran a ser presidentes”, indicó.
‘Si no rectificamos, el asunto es catastrófico’
Hace menos de dos semanas, el mandatario estadounidense, Donald Trump, citó a San José entre las peores ciudades del mundo en términos de seguridad, en medio de una ola de violencia sin precedentes que azota la capital, por conflictos entre bandas criminales que buscan el dominio territorial para la venta de droga.
Pese a ello, la semana anterior, el presidente Rodrigo Chaves afirmó durante el Consejo de Gobierno que el “desastre en seguridad pública no es tan grande como lo quieren poner”.
Para el exdirector del OIJ, Rafael Ángel Guillén, la situación en el país es “crítica”. “Estamos perdiendo la libertad, porque la gente, por prudencia, no se está exponiendo, porque no tenemos otra salida”, indicó.
A la fecha, 22 personas han sido víctimas colaterales de conflictos entre organizaciones criminales. El más reciente ocurrió el Día de la Madre, cuando José Manuel González, un comerciante de 44 años, fue asesinado en un bar de Santa Ana mientras comía después de su jornada laboral.
Los gatilleros iban tras dos hombres, al parecer, miembros de una organización delictiva afincada en Pavas y una banda que opera en el sur de San José. Ambos fallecieron.
“Ahora usted ya no tiene la tranquilidad de ir a un restaurante, de ir a comprar algo, porque ya usted no sabe ni a la par de quién está. Usted ya no puede ir ni a la pulpería a comprar el café”, dijo Luis Serrano Acosta, primo de José Manuel, a este medio.
Guillén, quien ocupó la Dirección de la Policía Judicial entre 1990 y 1994, concuerda con la exmandataria Chinchilla. El punto de no retorno aún no llega, pero está cerca y, de no rectificarse el rumbo, pronto, el escenario sería “catastrófico”.
Para el exdirector, la responsabilidad de la inseguridad recae en los tres poderes, pero sobre todo, en el Ejecutivo, pues la propia Constitución, en el artículo 140, asigna al presidente la obligación de mantener el orden y garantizar las libertades públicas, algo que, para él, no ocurre hoy.
“(El Ejecutivo) No nos está proporcionando el resguardo de las libertades públicas y una de las libertades públicas fundamentales es el libre tránsito. Que usted tenga acceso a cualquier sitio en el país, que pueda circular con toda tranquilidad”, indicó.
Revertir la crisis y el “abandono” en la prevención, dice, requiere un trabajo conjunto entre los tres poderes del Estado.
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“Sí podemos bajar el índice delincuencial con policía preventiva bien preparada, bien dotada, bien pagada y desde luego levantándoles el ánimo”, afirma.
El experto, sin embargo, advirtió de que mientras eso no ocurra y continúen los ataques por parte del Ejecutivo a la Policía Judicial y otras entidades, las libertades continuarán disminuyendo.
En esa misma línea, cuestionó el desmantelamiento de los puestos de Guardacostas, la negativa de Hacienda de asignar más recursos para aumentar plazas en el OIJ y el Ministerio Público, así como el mal estado de las patrullas y la falta de implementos que impiden a los oficiales trabajar bajo condiciones dignas.
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“La ventaja la está sintiendo la criminalidad. La que está ganando es la criminalidad”, fustigó.
Medidas extremas
El consenso entre los especialistas es que todavía existe margen de acción. Para el criminólogo y sociólogo Rodrigo Campos, ninguna nación enfrenta puntos de no retorno, y justamente ahí radica su preocupación.
Para el experto, perder las riendas de la seguridad podría derivar en escenarios extremos que, en momentos de desesperación, contradicen los principios democráticos.
Campos ejemplifica la situación de países en la región latinoamericana, como El Salvador, que alcanzó 6.656 asesinatos en 2015 y que finalmente acabó en la pérdida de la democracia y el exilio forzado de cientos de personas.
“No se quisiera llegar nunca, porque siempre hay una factura elevadísima. (...) Las sociedades que pasan por eso tienen unas fracturas en su tejido social que muchas veces llevan a nuevos enfrentamientos. Se cierra un ciclo y se abre uno nuevo, que suele ser más violento y doloroso”, explica.
En Costa Rica, además del aumento de homicidios, Campos observa que la violencia se está arraigando en la sociedad, cada vez más acostumbrada al crimen y al conteo diario de asesinatos.
“Se va normalizando el uso de la violencia extrema para resolver conflictos dentro de los grupos criminales y en otras esferas. (...) Mucha gente empieza a asumirlo, a interiorizarlo como una vía posible”, indicó.
Para el criminólogo, la pregunta que definirá el futuro es: “¿Cuál camino quiere tomar Costa Rica?"