El partido oficialista salvadoreño, Nuevas Ideas (NI), aprobó una reforma para permitir la reelección presidencial indefinida en El Salvador y amplió el periodo de gobierno de cinco a seis años.
En un trámite expedito, el parlamento compuesto por 57 diputados oficialistas y tres opositores avaló permitir la “reelección sin reservas”, ampliar el mandato de gobierno, sincronizar las elecciones presidenciales, legislativas y municipales, y eliminar la segunda vuelta electoral.
El Congreso también acortó en dos años el actual mandato presidencial -que concluía en 2029- para celebrar elecciones generales en marzo de 2027, en las cuales podrá participar Bukele tras quedar habilitada la reelección indefinida.
Esta iniciativa, presentada la tarde de este jueves 31 de julio por la congresista Ana Figueroa, modificó los artículos 75, 80, 133, 152 y 154 del texto constitucional, todos vinculados con los límites al ejercicio continuo del poder en el Ejecutivo.
Según Figueroa, los alcaldes y legisladores de El Salvador pueden optar por permanecer en sus cargos sin límite, por lo que buscaba homologar esa posibilidad a la presidencia. “Esto es bastante simple, pueblo salvadoreño. Solamente ustedes van a poder decidir hasta cuándo apoyan a su presidente”, argumentó la diputada oficialista, afín al presidente Nayib Bukele.
Bukele, de 44 años, gobierna desde 2019 y fue reelegido en 2024 con un 85% de los votos, lo que le dio un control casi absoluto sobre todos los poderes e instituciones del Estado, en lo que la oposición tacha de “dictadura”.
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Opositores critican reelección presidencial indefinida
“Este día ha muerto la democracia en El Salvador. Se quitaron las máscaras”, dijo en el plenario la diputada opositora Marcela Villatoro, quien criticó que se aprobara la reforma cuando el país entra en una semana de vacaciones: “Son unos cínicos”, subrayó.
La reforma constitucional fue presentada por los oficialistas en medio de denuncias de represión contra defensores de derechos humanos y críticos del gobierno de Bukele, lo que ha forzado al exilio a decenas de periodistas y activistas humanitarios.
“Las reformas llevan a un desequilibrio total en la democracia que ya no existe, comentó a la AFP el coordinador de la ONG Comisión de Derechos Humanos, Miguel Montenegro.
Para Juanita Goebertus, directora de Human Rights Watch (HRW), con la reelección presidencial indefinida El Salvador recorre “el mismo camino que Venezuela”. “Empieza con un líder que usa su popularidad para concentrar poder, y termina en dictadura”, escribió en la red social X (antes Twitter).
“Esto es un abuso de poder y es una caricaturización de la democracia”, afirmó la diputada opositora Claudia Ortiz.
Sin embargo, la oficialista Suecy Callejas afirmó que “en ningún momento” se busca “que se quede un solo presidente y nunca más haya elecciones” en El Salvador. “Eso no es cierto”, dijo.
Popularidad de Bukele por el régimen de excepción
En su discurso por el primer año de su segundo mandato, Bukele aseguró que le tiene “sin cuidado” que lo llamen “dictador”, ante la ola de críticas en su contra por las detenciones de activistas humanitarios.
En mayo pasado, las autoridades detuvieron a la destacada abogada Ruth López, quien como activista de la ONG Cristosal denunció supuestos casos de corrupción del gobierno de Bukele.
Las organizaciones de derechos humanos aseguran que Bukele basa su popularidad en una política de seguridad que mantiene al país desde hace tres años bajo un criticado régimen de excepción que limita libertades y permite arrestos sin orden judicial.
Bajo el estado de excepción, unas 87.000 personas acusadas de pandilleros o cómplices han sido arrestadas. Según agrupaciones como Cristosal y Socorro Jurídico, miles han sido detenidos arbitrariamente y unos 430 han muerto en prisión.
Señalado por sus críticos de autócrata, la reelección de Bukele en 2024 fue cuestionada porque, pese a estar prohibida constitucionalmente, fue permitida por un fallo de jueces afines.
En abril de 2024, el mismo Congreso aprobó una reforma para que estos cambios constitucionales no necesiten una ratificación en otra legislatura parlamentaria.
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