La liberación de 252 venezolanos del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador fue una decisión soberana de ese país, según informó Mellisa B. Harper, subdirectora interina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).
Harper presentó una declaración jurada ante una Corte del Distrito de Maryland. En este documento indicó que el Gobierno salvadoreño decidió liberar y repatriar a los migrantes venezolanos sin que Estados Unidos interviniera directamente en la ejecución de la medida.
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La declaración fue incorporada como parte del caso judicial de Cristian, un joven venezolano que fue enviado al CECOT en marzo de 2025, a pesar de tener una solicitud de asilo en trámite en Estados Unidos. Sus abogados pidieron que regresara a ese país.
La funcionaria estadounidense señaló que el acuerdo fue entre El Salvador y Venezuela. Como parte del mismo, el Gobierno de Nicolás Maduro liberó a 10 ciudadanos estadounidenses y a 80 presos políticos venezolanos.
La afirmación contradice la versión de Venezuela. Jorge Rodríguez, negociador oficial, aseguró en declaraciones a la televisora estatal VTV que las conversaciones solo se dieron con el Gobierno de Estados Unidos, sin participación de El Salvador.
El caso de Cristian: deportado sin resolución de asilo
Cristian formaba parte de un grupo de migrantes que ingresaron a Estados Unidos como menores no acompañados. Por un acuerdo judicial de 2019, no podían ser deportados mientras sus solicitudes de asilo se resolvían.
En marzo, las autoridades estadounidenses lo enviaron al CECOT. Posteriormente, la jueza federal Stephanie Gallagher ordenó que el joven volviera a Estados Unidos. Pese a esta directriz, Cristian fue deportado a Venezuela en un intercambio de prisioneros, según afirmaron sus abogados.
Durante una audiencia el 22 de julio, los defensores legales del migrante indicaron que desconocen su paradero y no han podido contactarlo.
Gallagher recordó que un caso anterior involucró a Kilmar Ábrego García, un salvadoreño que vivía en Maryland y que también fue deportado erróneamente al CECOT. Esa prisión fue diseñada para albergar a supuestos integrantes de pandillas.
Los abogados de Cristian expusieron que su representado huyó de Venezuela para escapar de persecución política y que fue enviado precisamente al país del cual buscaba asilo, lo que, a su juicio, contravino lo dispuesto en el acuerdo judicial vigente.
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