San Salvador, El Salvador. El Congreso de El Salvador, controlado por el presidente Nayib Bukele, prolongó este viernes la detención de decenas de miles de presuntos pandilleros al menos hasta 2027, para que la fiscalía presente las acusaciones con miras a la realización de unos 600 juicios masivos.
La Asamblea Legislativa, con 57 diputados oficialistas y tres opositores, aprobaron una reforma a la Ley de Crimen Organizado, 10 días antes de que venza un plazo de dos años para mantener presos a más de 88.000 personas acusadas de ser pandilleros o cómplices, que han sido detenidos desde 2022.
La Fiscalía General “presentará acusación contra la estructura y sus miembros (....) dentro de un plazo máximo de 24 meses”, señaló una de las normas, que también incluye la posibilidad de una prórroga de 12 meses.
Al justificar la decisión, el diputado oficialista Caleb Navarro aseguró que sería de “gravedad” dejarlos en libertad en momentos en que la guerra antipandillas de Bukele ha bajado a mínimos históricos la violencia en el país.
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Para presentar las acusaciones, la Fiscalía hará “el agrupamiento de imputados en una sola causa” por células de pandillas, las principales la Barrio 18 y la Mara Savatrucha (MS-13), que Estados Unidos considera organización terrorista.
El fiscal general, Rodolfo Delgado, explicó el jueves que los pandilleros en los juicios serán presentados según su organización, la zona en que operaban o la vinculación que tengan con los delitos investigados.
Según Navarro, serán 44 jueces de crimen organizado los que se encargarán de ventilar los juicios.
“Inocentes” en prisión
El diputado opositor Francisco Lira advirtió que en los juicios colectivos podrían ser juzgados “inocentes” que, según sus cálculos, sería “el 40%” de los detenidos.
“No defiendo pandillas ni criminales ni extorsionistas (pero) si hay personas inocentes los están condenando para que pasen en la cárcel más tiempo”, aseguró Lira en el plenario.
Según la reforma, en los casos que involucren a menores de edad, los jueces de menores integrarán el tribunal, pero solo actuarán para garantizar que se cumplan sus derechos.
De acuerdo con la reforma, las audiencias masivas seguirán abiertas si se siguen sumando acusados en la misma causa, y si no hay nuevos imputados que se sumen en esos dos años, el juez podrá dictar sentencia.
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En caso que la Fiscalía no presente dictamen de acusación ante un tribunal en el plazo dispuesto de tres años máximo, el juez a cargo de un proceso puede determinar un “sobreseimiento definitivo” a favor de los imputados.
“Estas reformas son un reflejo de la incapacidad que tienen las instituciones que deben impartir justicia en nuestro país, porque en más de dos años no han hecho lo que les corresponde (...), investigar bien los hechos”, agregó la legisladora opositora Claudia Ortiz.
Bukele goza de popularidad por su “guerra” contra las pandillas y ahora tiene vía libre para la reelección indefinida tras una reciente aprobación por parte del Congreso, que controla.
