Según manifestó la CIDH, hay preocupación por ”la prolongada extensión y aplicación indebida”, después de que el Parlamento del país centroamericano haya aprobado a finales del pasado julio su 41º prórroga.
“Preocupa a la Comisión que disposiciones del régimen de excepción y otras medidas para la lucha contra la criminalidad organizada estén siendo aplicadas a situaciones que no guardan relación con los motivos alegados por el Estado para su implementación”, señala en un comunicado en el que recuerda los casos de algunos defensores de Derechos Humanos detenidos este año.
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En particular, el organismo ha vuelto a expresarse sobre Enrique Anaya, Ruth López, Alejandro Henríquez, José Ángel Pérez y Fidel Zavala, afeando a las autoridades salvadoreñas que “se les impuso la prisión provisional sin considerar las particularidades de sus circunstancias, están actualmente incomunicadas y con los procesos bajo reserva”.
“Así también, la Comisión recibió información sobre la incomunicación de personas salvadoreñas y de otras nacionalidades que están o estuvieron detenidas en el país tras haber sido deportadas o expulsadas a El Salvador en el trascurso de este año”, ha agregado.
La CIDH recordó al Gobierno salvadoreño, que justifica el estado de excepción asegurando que permite combatir la violencia ocasionada por las pandillas, que debe “cumplir con su obligación de asegurar las garantías judiciales a todas las personas detenidas y abstenerse de de aplicar medidas excepcionales restrictivas a los Derechos Humanos a situaciones ajenas a las estrictamente justificadas bajo estándares internacionales”.
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Asimismo, insta a las autoridades a que terminen con “la suspensión de los derechos y garantías” incluida en el régimen de excepción, que se espera que expire el próximo 2 de septiembre, y que elabore, en su lugar una política de seguridad que aborde “las causas y consecuencias de la criminalidad, basada en evidencias, con enfoque en Derechos Humanos”.
La CIDH, en un informe sobre esta cuestión difundido en 2024, destacó “el descenso significativo en los índices de violencia reportados por el Estado”, si bien indicó que “no observaba la situación de emergencia requerida (...) para mantener derechos suspendidos en el país”.
Más de 88.000 personas han sido detenidas durante la vigencia del estado de excepción desde marzo de 2022.
Organizaciones de la sociedad civil han denunciado ante la CIDH la existencia de unos 7.000 casos documentados de violaciones de Derechos Humanos en el marco de las operaciones policiales contra el crimen, lo que incluye detenciones ilegales y arbitrarias, tortura, e incluso la muerte de más de 400 personas privadas de libertad bajo custodia del Estado.
