El Congreso de El Salvador, dominado por el presidente Nayib Bukele, aprobó este 20 de mayo la Ley de Agentes Extranjeros.
La norma se tramitó de forma exprés, solo siete días después de que Bukele la había anunciado, y entre otras cuestiones le permitiría al gobierno salvadoreño decidir cuáles organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación que reciban ingresos del exterior pueden operar en su país y cuáles no.
La ley, además, fija un impuesto del 30% sobre los ingresos extranjeros de estas entidades y contempla severas sanciones económicas y legales para quienes la incumplan, según los parámetros que finalmente defina la propia administración.
La medida es criticada por organismos de derechos humanos, los cuales aseguran que la ley le permitirá a Bukele atacar a sus críticos, censurándolos directamente o amedrentándolos.
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¿Qué dice la Ley de Agentes Extranjeros y por qué ha generado tanta controversia? Le explicamos de qué se trata la nueva ley de Bukele.
¿Qué dice la reforma?
La Ley de Agentes Extranjeros establece la creación de un Registro de Agentes Extranjeros (RAEX) como una dependencia del gobierno; es decir, en control del mandatario salvadoreño.
En el RAEX tendrán que inscribirse todas las personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, que operen dentro del territorio de salvadoreño pero “respondan a intereses, sean controladas o financiadas, directa o indirectamente por un mandante extranjero”. Es decir, incluso si reciben solo una pequeña porción de su dinero del exterior.
Asimismo, la ley le permite al gobierno realizar la inscripción “de oficio” de personas u organizaciones en ese Registro; al tiempo que permite a la administración denegar, revocar o no renovar las solicitudes de registro o de la calificación de sujeto excluido. En otras palabras, por medio del RAEX, se podría definir quiénes sí y quiénes no pueden pueden operar en El Salvador.
La norma también establece un nuevo tributo para las personas físicas o jurídicas incluidas en el RAEX. Ellas tendrán que pagar un 30% sobre los fondos o donaciones.
La norma también faculta a las autoridades del nuevo registro para que busquen la suspensión o la cancelación de la personería jurídica o el permiso de funcionamiento de las personas o entidades en casos de incumplimientos; y también establece multas que van de $100.000 a $250.000, así como sanciones de hasta un 100% del monto dejado de declarar si no se cancelan adecuadamente los tributos.
Además de todo eso, la reforma faculta a la administración del RAEX para elaborar informes y remitirlos a la Fiscalía General de la República cuando corresponda, “en función de lo dispuesto en la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos”.
¿Cuáles son las implicaciones de la ley?
Los posibles efectos de la ley impulsada por Bukele son múltiples.
Según Bukele, la medida busca “evitar la injerencia extranjera en la política de El Salvador”. Así lo señalaba una de publicación de La Derecha Diario en X (antes Twitter) que el presidente salvadoreño republicó luego de la aprobación del documento.
Sin embargo, otros actores advierten de que la legislación va más allá de eso y le permitirá al gobierno definir cuáles personas, organizaciones de derechos humanos o medios de comunicación, entre otros, pueden o no pueden operar en El Salvador; al tiempo que le otorgará una mayor cantidad de medios para perseguir o castigar a las voces críticas de su administración.
Es común que entidades promotoras de derechos humanos y medios independientes reciban dineros provenientes de fondos internacionales, que apoyan sus labores. De hecho, en algunos casos son su única o su principal fuente de dinero.
Bessy Ríos, analista y abogada salvadoreña, dijo a la agencia AP que la ley “lo que busca no es otra cosa más que ejercer un control mayor sobre la sociedad civil” y “controlar los ingresos de fondos para las organizaciones que resultan incómodas a la actual administración”.
Su criterio fue similar al de Claudia Ortiz, una de los solo tres diputados de oposición que quedan en el Congreso salvadoreño. Ella describió la reforma como “una herramienta autoritaria para el control y la censura de la sociedad civil”.
Los criterios para calificar a una ONG de "Agente Extrajero" y cobrarle 30% de impuesto no están definidos en la Ley, los definirá el gobierno discrecionalmente. Esta es una herramienta autoritaria para control y censura de la sociedad civil.
— Claudia Ortiz (@ClaudiaOrtizSV) May 21, 2025
Se aprobó ayer con dispensa de… pic.twitter.com/pRQd4SvYEZ
¿Qué dicen los organismos internacionales?
La relatora especial de la ONU para la libertad de asociación y asamblea, Gina Romero, criticó la ley por medio de sus redes sociales desde el 17 de mayo pasado, días antes de su aprobación. “Impondría registros obligatorios, restricciones arbitrarias y sanciones desproporcionadas, incluyendo multas, cárcel y cierre”, redactó en X.
Asimismo, indicó que la norma —aunque se impulsó con la excusa de buscar mayor transparencia— en realidad está llena de “definiciones vagas y da al gobierno amplia discrecionalidad para decidir quién se considera agente extranjero”.
“La ley prohíbe usar fondos internacionales para actividades ‘no autorizadas’ o que ‘alteren el orden público’ — términos ambiguos que podrían criminalizar la disidencia pacífica”, señaló.
Muchos de esos conceptos los definirá el propio Bukele, que es facultado por la ley para definir los reglamentos de la norma, incluidos los requisitos para registrarse y los tipos de actividades prohibidas para las entidades obligadas.
Romero además agregó que el impuesto del 30% “pone en riesgo la sostenibilidad de organizaciones que promueven derechos humanos, justicia, salud o cultura”.
🧵1/ El Salvador vuelve a discutir un proyecto de ley que ya en 2021 fue motivo de seria preocupación internacional. Me preocupa profundamente su contenido. Aquí explico por qué. ⬇️
— Gina Romero (@Ginitastar) May 17, 2025
La relatora especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Mary Lawlor, también respaldó las palabras de Romero y agregó que “la estigmatización de la sociedad civil no es compatible con una sociedad democrática”.
Esto, además, se relaciona con un Poder Judicial que es afín a Bukele. El fiscal general salvadoreño es Rodolfo Antonio Delgado, quien fue propuesto para el cargo por el presidente salvadoreño en 2021, luego de que la Asamblea Legislativa que él domina votó para destituir al fiscal anterior, al igual que a los magistrados constitucionales que por entonces todavía podían oponerse a su intento de reelección.
Existen múltiples organizaciones civiles en El Salvador que reciben recursos desde el extranjero; por ejemplo, muchas de las que entidades que otorgan asistencia legal a familias de las personas capturadas sin garantías legales ni debido proceso por el gobierno de Bukele o medios de comunicación críticos como El Faro, que ha revelado múltiples testimonios de personas asociadas con pandillas sobre supuestas negociaciones mantenidas en el pasado por los grupos criminales con el mandatario salvadoreño y sus allegados.
Medios internacionales incluso comparan la nueva ley de Bukele con la que aplicó desde 2020 Daniel Ortega, en Nicaragua, con fines similares. El régimen del nicaragüense le ha quitado la personalidad jurídica a más de 5.000 ONG, entre medios de comunicación, organizaciones religiosas, centros educativos y otras. Asimismo, les ha confiscado sus bienes a varias.
En El Salvador, según estimaciones locales, la ley podría afectar a unas 8.000 ONG y medios independientes.
Actos recientes
Medios internacionales han documentado una escalada de las acciones del gobierno de Bukele en contra de sus críticos en las últimas semanas.
Solo en mayo, las autoridades salvadoreñas reprimieron una manifestación de campesinos y detuvieron a varias personas; entre ellas, la abogada anticorrupción y de derechos humanos, Ruth López, de la ONG Cristobal; ligada a múltiples investigaciones sobre prácticas aparentemente irregulares de la administración.
Periodistas también han denunciado presiones luego de publicar noticias relacionadas con presuntos pactos del gobierno de Bukele con las pandillas para disminuir la criminalidad de manera artificial. Esos pactos habrían sido esenciales para su ascenso político, primero como alcalde de San Salvador y luego como mandatario; aunque el salvadoreño los niega.
Estados Unidos llegó a sancionar en 2021 a Carlos Marroquín y Osiris Luna, miembros del gobierno de El Salvador, por negociaciones encubiertas con cabecillas de la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18. Sin embargo, Bukele rechaza haber intervenido en cualquier conversación de ese tipo y destaca sus acciones en los años recientes para capturar a personas por la mera sospecha de estar ligados con bandas criminales.
El principal medio que ha publicado esas informaciones es el diario digital El Faro, que ya tuvo que trasladar sus operaciones administrativas a Costa Rica. Lo hizo en 2023, alegando “acusaciones fabricadas” del presidente y de su gobierno.