El Poder Ejecutivo prometió, el pasado 9 de abril, que construirá una megacárcel similar al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador, para albergar 5.000 privados de libertad.
Sin embargo, aspectos clave como la fecha para su construcción, el modelo de financiamiento y el terreno donde se ubicará permanecen inciertos. Incluso, el proyecto podría no concretarse durante la presente administración, pese a que esa fue la promesa inicial.
Gerald Campos, ministro de Justicia y Paz, aseguró a La Nación que “nunca dijeron” que el proyecto se concretaría durante el gobierno de Rodrigo Chaves, apenas 19 días después de declarar al medio El Observador que la intención era dejarlo finalizado.
La promesa de una megacárcel surgió apenas días después de que Campos viajara a El Salvador, a menos de un año de finalizar su gestión, para “trabajar en el modelo de lo que será la nueva cárcel de Costa Rica”, según lo indicó Casa Presidencial.
En conferencia de prensa en suelo salvadoreño, el 4 de abril, el jerarca de Justicia recordó el mensaje que el presidente salvadoreño, Nayid Bukele, le dedicó cuando visitó Costa Rica en noviembre. “Él me miró a los ojos, y me dijo: ‘Señor ministro, usted lo tiene bien claro; sabe cuál es el trabajo que hay que hacer. El problema está en las demás dependencias organizativas que no apoyan la gestión del gobierno’”, rememoró.
El proyecto de la megacárcel en Costa Rica fue anunciado el 9 de abril durante el Consejo de Gobierno que se llevó a cabo en Atenas, Alajuela.
Según se informó ese día, el nuevo centro penitenciario funcionaría para liberar espacio en el resto de cárceles del país.
La construcción, prometen, tardará 195 días (6,4 meses) a partir del momento en que se coloque la primera piedra. De acuerdo con Campos, el tiempo se calculó con base en el aproximado de días que tardó El Salvador para construir el Cecot, con capacidad para 40.000 personas.
Al respecto, el exministro de Justicia, Marco Feoli, calificó el anuncio como una “puesta en escena”, que evidencia una “enorme falta de planificación”, pues aseguró que levantar un centro penitenciario puede tardar hasta tres años, si se contempla el proceso de planeamiento y construcción.
“Los anuncios creo que ni siquiera llegan a la luz de una política pública, sino al script de un reality show, porque nada de lo que se ha dicho hasta ahora pasa de ser una puesta de escena“, aseveró Feoli.
De acuerdo con el actual jerarca de Justicia, la idea de una megacárcel surgió tras el naufragio de un proyecto inicial que su cartera trabajó “durante más de un año” con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el cual costaría $60 millones y albergaría 900 privados de libertad.
Después de su visita a El Salvador, explicó, el costo descendió a $35 millones porque Costa Rica tuvo acceso a los planos utilizados para construir el Cecot y, además, tendrá asesoramiento de las autoridades de ese país.
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Desde el pasado 10 de abril, La Nación solicitó al departamento de prensa del Ministerio de Justicia los documentos sobre el costo inicial del proyecto con el BID, así como un desglose de los rubros que posibilitarían el ahorro de $25 millones mencionado por Campos. Al cierre de esta nota, no hubo respuesta.
María Cecilia Sánchez, quien fuera ministra de Justicia y directora del Instituto Latinoamericano para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (Ilanud), aseguró que el concepto de megacárceles es “una de las peores ideas” si el objetivo del sistema penitenciario es la resocialización.
Para Sánchez, “se trata solo de una respuesta punitivista, que posiblemente brinde réditos electorales”.
Promesa sin financiamiento
Este diario solicitó una entrevista con Campos desde el 10 de abril. El ministro brindó antes declaraciones a varios medios de comunicación y, no fue sino hasta el 30 de abril que accedió a una conversación con La Nación en su despacho.
Ese día, detalló que el diseño del centro ya estaba finalizado y que se elaboró con base en los planos del centro penitenciario salvadoreño.
Consultado sobre el costo que implicó rediseñar la estructura —concebida para 40.000 reos en El Salvador— y adaptarla al terreno donde se prevé su construcción aquí, insistió en que un equipo de ingenieros y arquitectos del ministerio se encuentra trabajando en ello. Omitió referirse a cifras.
Asimismo, el jerarca confirmó que no hay todavía claridad sobre la fuente de financiamiento para construir el centro. “El diseño ya lo tenemos hecho, es algo que vamos a anunciar una vez que tengamos la viabilidad económica de cómo lo vamos a resolver”, explicó.
Campos propuso que el proyecto podría financiarse mediante presupuestos extraordinarios o, incluso, que “puede ser que algún gobierno nos done los $35 millones”.
Durante la entrevista, evitó referirse a posibles donantes, a procesos de negociación en curso o al modelo de contratación que se emplearía. Ante las reiteradas omisiones de detalles, su justificación fue que toda la información se dará a conocer “cuando esté todo listo”.
“Nadie quiere un basurero en su comunidad, pero en algún lugar hay que hacerla”, afirmó Campos a El Observador. Aunque negó a este diario haber utilizado ese término para referirse al centro penitenciario, confirmó que ya tienen “terrenos” para la construcción.
— ¿Cuántos terrenos del Ministerio de Justicia y Paz tienen estudios de suelo, de factibilidad, de permisos, entre otros, para poder construir inmediatamente?
—Tenemos terrenos.
— ¿Cuáles son?
—No los puedo decir por asuntos de seguridad, cuando tengamos todo ya para anunciar, lo vamos a decir.
—¿Nos puede decir cuántos son, qué extensiones tienen y algunas características?
—No, cuando anunciemos, anunciaremos dónde va a ser y cuando vamos a iniciar.
—¿Y cuándo lo van a anunciar?
—Cuando estemos listos en la primera etapa.
—¿Eso cuándo sería?
—No puedo decirles fechas, estamos trabajando para eso.
De acuerdo con Campos, para este nuevo centro penitenciario no será necesaria la contratación de nuevo personal. Aunque no precisó cuántas personas se requerirán para su operación, indicó que se apostará por un modelo en el que la seguridad recaiga principalmente en la infraestructura y el personal penitenciario sea el acompañamiento.
“El Salvador tiene 800 policías para una cárcel de 40.000 (privados de libertad), y nosotros tenemos 4.500 (policías) para un total de 17.500 (...), Contamos con personal”, aseguró.
No obstante, el pasado 20 de setiembre, la Defensoría de los Habitantes alertó que las cárceles atraviesan una “crisis” debido a que las “serias limitaciones presupuestarias” impiden una operación ideal.
Dicha institución señaló que las carencias se reflejan en falta de funcionarios, infraestructura y mantenimiento, y que el personal carcelario sufre agotamiento.
La Nación contactó al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Defensoría de los Habitantes. Sin embargo, omitieron referirse al proyecto de la megacárcel dado que la propuesta del gobierno todavía está en evaluación.
Anuncio de última hora
El pasado 9 de abril, La Nación solicitó a Justicia remitir la lista de proyectos de infraestructura penitenciaria, tanto previstos como ejecutados, durante la administración Chaves. En los datos no aparece el plan para la ejecución de la megacárcel.
Consultado sobre la ausencia de este proyecto en la lista, Campos indicó que sí estaba contemplado porque “hubo discusiones en la Asamblea Legislativa”. Además, alegó que la iniciativa no tiene que venir detallada desde un inicio para poder desarrollarse.
“¿Si no está en la libretita no se puede hacer?”, dijo.
¿Por qué se esperó tres años para presentar un proyecto de este tipo? El jerarca de Justicia afirmó que, en realidad, ha venido trabajando desde hace más de un año en la construcción de una cárcel.
Sostuvo que fue la Asamblea Legislativa la que no dejó al Ejecutivo trabajar cuando presentó el proyecto para construir cárceles con carpas, o estructuras livianas.
El 22 de julio, La Nación reveló que el proyecto de carpas se presentó sin contar con el análisis que evidenciara que el plan era factible. En agosto de ese mismo año, los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios rechazaron el presupuesto de ¢2.684 millones para su ejecución.
El exministro Marco Feoli cuestionó que el proyecto se haya trabajado durante meses.
“Si se hubiera tenido planificado hace un año, al día de hoy, por lo menos ya se habría definido el lugar donde se iba a hacer la construcción y fíjese que hasta este momento ni siquiera se ha podido decir dónde”, afirmó.
El actual jerarca de Justicia negó que el anuncio de esta obra basada en el modelo de Bukele, a menos de 12 meses de las elecciones del 2026, responda a un interés de campaña política.