El gobierno decidió construir cárceles de carpas sin contar con un análisis técnico que evidencie que el plan es factible y seguro para el manejo de privados de libertad. “Aún no se han emitido estudios técnicos de ningún tipo”, reconoció el Ministerio de Justicia.
Además, aunque el ministro de Justicia, Gerald Campos, declaró ambiguamente que había conocido un modelo de carpas para cárceles durante una gira reciente a España, el Ministerio admitió a La Nación que el jerarca no visitó ninguna prisión hecha con ese material en Europa.
Lo que Campos sí visitó fue la fábrica de carpas ARPA, en Zaragoza, la cual había llegado a ofrecerle sus servicios durante una reunión efectuada el pasado 7 de marzo, en el despacho ministerial, en Costa Rica.
El gobierno tampoco cuenta con un documento de la Dirección de Adaptación Social que justifique la compra de carpas como una solución carcelaria. Más bien, el director de la Policía Penintenciaria, Nils Ching, advirtió de que no se cumpliría con las mínimas condiciones de seguridad. Explicó que una cárcel con techo y paredes de lona conlleva riesgos de fuga de reos y la posibilidad de que construyan escondites, además de que se generen más conflictos entre los reclusos.
Chaves dijo que había visto criterios técnicos
El ministro Gerald Campos confirmó el plan el 12 de julio, después de trascender que el ahora exviceministro de Justicia, Exleine Sánchez, calificó la idea como un error y una ocurrencia.
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Pese a que Justicia admitió la ausencia de estudios, el presidente Rodrigo Chaves afirmó, el 12 de julio, que había visto criterios técnicos según los cuales el plan era “completamente factible”, por lo que su gobierno no dará marcha atrás.
“La opinión de un exfuncionario, en este caso de don Exleine, que fue destituido ayer, a mí no me va a hacer cambiar los criterios técnicos que he visto”, aseguró el mandatario.
Las declaraciones de Chaves se dieron luego de conocerse los cuestionamientos expresados por el exviceministro de Justicia, Exleine Sánchez Torres, tras su salida. El exfuncionario catalogó el proyecto como una “ocurrencia”.
Sobre la posibilidad de la compra de cárceles, el Ministerio insistió: “Estamos en análisis, en etapas previas a las especificaciones técnicas; todavía no hemos llegado a eso”.
Sin evidencia de cárceles de carpas en España
Entre el 29 de junio y el 7 de julio, el ministro de Justicia, Gerald Campos, y la viceministra de Gestión Estratégica, Carolina Castro del Castillo, viajaron a España para conocer el sistema penitenciario de ese país.
En un video divulgado el 12 de julio, el ministro dijo que, en esa gira, observó un modelo de cárcel de carpas más barato que una prisión de concreto y que se podría instalar en seis meses, pero realidad no se refería al sistema carcelario español.
“No se visitó alguna cárcel de carpas”, admitió el Ministerio de Justicia cuando La Nación le solicitó conocer nombre y ubicación exacta del centro modelo. El reporte oficial del viaje únicamente menciona que la delegación costarricense visitó dos centros penitenciarios ubicados en Madrid, capital española: Madrid V y el Centro de Inserción Social Josefina Aldecoa. Ambos están construidos en concreto y no poseen campamentos.
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Visita a ARPA no estaba en agenda oficial
En el informe de la gira, Campos registró una visita a las instalaciones de ARPA e incluyó fotos de toldos de diferentes tamaños y colores. Esa empresa se dedica a la fabricación y suministro de soluciones móviles e instalaciones temporales para diversos sectores, incluyendo defensa, emergencia, salud y misiones humanitarias.
Según el Ministerio, el encuentro con ARPA tenía como objetivo hacer un estudio de mercado para la contratación de un sistema constructivo liviano y de fácil montaje para el sistema penitenciario.
El documento señala que las carpas se usan en campamentos para fuerzas armadas, sistemas de alojamiento, cocinas, hospitales de campaña y otros servicios esenciales, así como la atención de emergencias y refugiados.
Justicia admitió a La Nación que la única información que existe sobre prisiones de carpas fue suministrada por la empresa ARPA como un “insumo para entender la magnitud del proyecto”.
La sede central de ARPA se ubica en Zaragoza, a casi 350 kilómetros de Madrid. Campos y Castro visitaron la fábrica el jueves 4 de julio, después de que, el 7 de marzo, un representante de la empresa, el español Tomás Bujeda Rami, lo visitó en su despacho para presentar su oferta de servicios.
Bujeda llegó gracias a la intermediación de Arturo Salazar Valverde y Alberto Salazar Valverde, gerentes de Datasys, una empresa de proyectos tecnológicos que es contratista del Estado.
El Ministerio de Justicia alegó que la gira a España fue financiada por el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (Ilanud), organismo especializado de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
En su respuesta, el Ministerio informó de que Ilanud pagó los boletos y coordinó la gira con el Gobierno español para conocer el sistema penitenciario de ese país. Una vez allá, el ministro y la viceministra de Justicia decidieron reunirse con la empresa ARPA.
Douglas Durán, director de Ilanud, explicó que la agenda del viaje nunca incluyó visitas a Zaragoza ni a empresas privadas, pues todas las visitas que se realizaron fueron a centros penitenciarios estatales.
Durán también admitió desconocer el día en que los dos jerarcas fueron a visitar a esta empresa.
