El presidente de la República, Rodrigo Chaves, defendió este viernes el plan de utilizar carpas como parte de la infraestructura carcelaria del país. Afirmó que no dará marcha atrás al proyecto, a pesar de los cuestionamientos técnicos expresados por el exviceministro de Justicia, Exleine Sánchez Torres.
“La opinión de un exfuncionario, en este caso de don Exleine que fue destituido ayer, a mí no me va a hacer cambiar los criterios técnicos que he visto, a menos que él presente un caso técnico, pero ¿por qué ahora, el día que lo echaron?”, declaró Chaves durante un acto público realizado en San Miguel de Desamparados, en San José.
“Hay que moverse muy rápido, no tenemos presupuestos para megacárceles y hay una solución perfectamente factible para acomodar eso en el corto plazo”, agregó.
Sánchez expresó su vehementemente oposición a la iniciativa del gobierno, en un oficio enviado el 11 de julio al ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos, y dado a conocer este viernes por La Nación. El exfuncionario manifestó que el proyecto es “una decisión alejada de una posición sensata”. Mencionó que estas estructuras serían más vulnerables a daños por parte de los privados de libertad e, incluso, al ataque de comandos, en comparación con cárceles de concreto y acero. Declaró que está probado que su mantenimiento es costoso.
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Chaves vincula propuesta con nuevas leyes
El mandatario dijo que le “sorprendía enormemente” escuchar que el exviceministro “esté opuesto a ampliar el sistema penitenciario de Costa Rica”; argumentó que la iniciativa es necesaria para ampliar la capacidad instalada del país, con el fin de albergar más privados de libertad.
“No queremos andar soltando ‘golondrinas’ por órdenes judiciales, porque no hay espacio”, declaró Chaves.
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De acuerdo con el gobernante, espera que las reformas legales que tramitan los diputados permitan poner “a más gente fuera de la sociedad, que no debe estar en la sociedad interactuando libremente, porque causan daños”, y que por ello se requiere tomar acciones para definir “a dónde vamos a acomodar a la gente”.
En cuanto a la salida de Sánchez, Chaves señaló que el ministro Campos le comunicó de “una serie de comportamientos” que no le parecieron apropiados. “Yo le pido cuentas al ministro y él tiene que conformar su equipo. Nosotros no le empujamos viceministros ni acomodamos a nadie”, alegó.
Exviceministro cuestiona buen uso de recursos
En la nota remitida al ministro Campos, el exfuncionario detalló dos preocupaciones principales con respecto a la eventual aplicación de carpas como parte de la infraestructura penitenciaria: la primera, en términos presupuestarios, y la segunda, en cuanto a los derechos humanos de los privados de libertad.
Sobre los criterios presupuestarios, Sánchez explicó que las carpas son bienes transitorios y con un costo que no deja de ser importante para el erario público, porque, indistintamente de su material, están diseñadas para situaciones temporales.
Igualmente, recordó que en Costa Rica las lluvias son predominantes, por lo que aquellos bienes que están expuestos a las inclemencias climáticas “deben construirse con materiales acordes a dichas condiciones, sin detrimento de que las infraestructuras carcelarias por la naturaleza de sí mismas, deben tener un grado de especificación técnica digno de tener en cuenta”.
“Esto nos lleva a formular la interrogante: ¿Sí realmente la utilización de carpas es una solución efectiva para ser utilizada como infraestructura penitenciaria, para el subsistema cerrado? Y a su vez abonar positivamente al problema de sobrepoblación carcelaria”, agregó.
Dudas sobre apego a derechos humanos
En cuanto a los derechos humanos, Sánchez advirtió de que el análisis de viabilidad debe tomar en cuenta si este tipo de construcciones o infraestructura son acordes a la respuesta que las autoridades deben dar a la problemática del hacinamiento, dentro del marco de un Estado social de derecho, como el costarricense.
Indicó que otras experiencias similares, como la presentada en el condado de Maricopa, en Arizona, Estados Unidos, con la implementación de la llamada “Ciudad de las Carpas”, llevaron a que por años grupos activistas defensores de los derechos humanos se manifestaran en contra del uso de las de carpas para albergar a personas privadas de libertad, logrando que en el 2017 se clausurara el campamento estadounidense.
“Costa Rica debe continuar en acatamiento de aquellos instrumentos internacionales, respecto de los que el Estado ha suscrito tratados internacionales, especialmente los que corresponden a derechos humanos, en los que adquirió compromisos de ser garante del trato que debe brindarse a las personas privadas de libertad, en tanto esta población mantiene vulnerabilidad y sujeción ante el Estado”, argumentó Sánchez.