En un trámite exprés, el Congreso, dominado por el oficialismo, aprobó el jueves una reforma constitucional que permite la reelección indefinida, amplía el mandato de cinco a seis años, y elimina la segunda vuelta electoral.
En su primera reacción a la ola de críticas de organismos de derechos humanos internacionales, Bukele aseguró en la red social X que “el 90% de los países desarrollados permiten la reelección indefinida de su jefe de gobierno, y nadie se inmuta”.
“Pero cuando un país pequeño y pobre como El Salvador intenta hacer lo mismo, de repente es el fin de la democracia”, ironizó el mandatario de 44 años, quien llegó al poder en el 2019 y fue reelegido en el 2024 con un 85% de votos, lo cual le permitió tener un control casi absoluto de todos los poderes del Estado.
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“Por supuesto, se apresurarán a señalar que ‘un sistema parlamentario no es lo mismo que uno presidencial’, como si ese tecnicismo justificara el doble rasero. Pero seamos sinceros, eso no es más que un pretexto”, agregó en el mensaje, escrito en inglés.
Según Bukele, si El Salvador se declarara una monarquía parlamentaria “con exactamente las mismas reglas que el Reino Unido, España o Dinamarca”, las críticas seguirían.
“Porque el problema no es el sistema, sino el hecho de que un país pobre se atreva a actuar como un país soberano. Se supone que no debes hacer lo que ellos hacen. Se supone que debes hacer lo que te dicen. Y se espera que te mantengas en tu carril”, añadió.
Organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch (HRW), la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) consideraron la decisión como un “golpe mortal” a la democracia y una “manipulación” a la Constitución para favorecer las ambiciones de poder de Bukele.
El presidente salvadoreño, quien este domingo republicó un antiguo video en el que dice que lo tiene sin cuidado que lo llamen “dictador”, goza de gran popularidad por su “guerra” contra las pandillas, que inició en el 2022 y redujo a mínimos históricos la violencia en el país centroamericano.
Pero grupos de derechos humanos critican su política de seguridad porque está basada en un régimen de excepción que permite masivos arrestos sin orden judicial y restringe libertades.
La reforma constitucional fue aprobada tras una oleada de detenciones contra defensores de derechos humanos y críticos del gobierno, lo que ha forzado al exilio a decenas de periodistas y activistas humanitarios.
