En el contexto de la crisis de inseguridad que vive Costa Rica, diez de los 12 aspirantes a la presidencia de la República contestaron si crearían nuevos impuestos para fortalecer el combate al crimen durante su eventual mandato en el periodo 2026-2030.
La Nación conversó con los presidenciables Jose Aguilar Berrocal (Avanza), Luz Mary Alpízar Loaiza (PPSD), Claudio Alpízar Otoya (PEN), Natalia Díaz Quintana (UP), Claudia Dobles Camargo (PAC), Juan Carlos Hidalgo Bogantes (PUSC), Boris Molina Acevedo (PUCD), Álvaro Ramos Chaves (PLN), Ariel Robles Barrantes (FA) y Fernando Zamora Castellano (PNG). Se decidió ordenarlos alfabéticamente por su primer apellido.
Laura Fernández Delgado, del chavista Pueblo Soberano (PPSO), y Fabricio Alvarado Muñoz, de Nueva República (PNR), no atendieron la solicitud de entrevista que les hizo llegar este medio, respectivamente.
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¿Qué dicen los aspirantes?
La mayoría de los aspirantes desecharon la posibilidad de imponer nuevos impuestos.
No obstante, Claudio Alpízar, de Esperanza Nacional (PEN), expresó un criterio diferente. El aspirante no descartó la creación de nuevos impuestos, siempre y cuando, aseguró, sea para tratar temas de inseguridad.
Comentó que los costarricenses estarían de acuerdo si se logra definir algún sector o actividad del que sea posible nutrir de mayores recursos a la seguridad nacional; eso sí, garantizando que serán “bien establecidos y orientados”.
“No diría que es la premisa inicial de nuestro gobierno (...). No lo descarto (el impuesto) exactamente en esta área”, afirmó Alpízar.
Jose Aguilar, del partido Avanza, comentó que no crearía nuevos impuestos porque considera que ya Costa Rica es suficientemente caro, aunque tampoco lo descartó del todo.
“Tendría que ser una emergencia que se cree en una coyuntura completamente inusual fuera de control donde no haya más camino que hacerlo, pero no es lo que estamos pensando, no lo vemos como la opción A ni la B.
“Sí estamos dispuestos a tener que poner en pausa ciertas otras cosas que se hacen y redireccionar los fondos a esta que va a ser la prioridad número uno (la seguridad) para los primeros 100 días, porque desgraciadamente el gobierno actual está dejando el país en unas condiciones lamentables”, afirmó.
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Buscar la eficiencia
Luz Mary Alpízar, de Progreso Social Democrático (PPSD), rechazó la imposición de nuevos tributos para direccionarlos a la seguridad; alegó que “el costarricense ya está cargado de impuestos hasta lo máximo”.
En su lugar, abogó por hacer una mejor distribución de los recursos, usar los fondos con mayor eficiencia, aprovechar los recursos tecnológicos y dar mayor capacitación a las fuerzas de policiales.
Ariel Robles, del Frente Amplio (FA), externó un criterio similar. “No es necesario promover nuevos impuestos, nosotros tenemos claro que el aparato del Estado lo que tiene que hacer es cobrar los impuestos bien”, añadió.
El presidenciable destacó que la Asamblea Legislativa ha aprobado recursos para la seguridad, pero estos no han sido aprovechados por el gobierno, debido al enfoque “recortista”, que considera ha predominado en la actual administración.
Al igual que otros candidatos, subrayó la importancia de usar eficientemente los recursos que se asignan al presupuesto nacional.
Seguridad para generar inversión
Natalia Díaz, de Unidos Podemos (UP), considera que los recursos para combatir la inseguridad se pueden obtener reestructurando el presupuesto nacional, haciendo alianzas público-privadas y promoviendo la colaboración de las empresas, que también se benefician de un país más seguro.
“Con las cámaras empresariales se han hecho esfuerzos inclusive en algún momento donde se puede decir: ‘Vean, ¿quién es el más interesado en que también la seguridad del país esté bien aparte de los ciudadanos y todos nosotros? ¿Quiénes son los que también ven esto como importante y relevante y crítico para poder operar en el país?, las mismas empresas. Sin seguridad no hay inversión, no hay empleo, no hay nada’“, comentó.
Juan Carlos Hidalgo, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), descartó la implementación de nuevos impuestos. “Absolutamente no”, aseveró.
Argumentó que Costa Rica es un país que ya está muy cargado de impuestos y que aumentarlos afectaría al sector productivo. “Más bien lo que necesitamos es generar oportunidades, emparejar la cancha, crear empleo a lo largo y ancho del país porque esa es la otra parte de la lucha contra el crimen”, aseguró.
Álvaro Ramos, de Liberación Nacional (PLN), dijo que invertiría recursos en seguridad con un enfoque de eficiencia, pero dijo estar en contra de establecer nuevos gravámenes para financiar las estrategias de seguridad.
Alegó que existe un “efecto multiplicador” cuando se aprovechan los recursos que ya se destinan a seguridad. En su opinión, se puede generar un círculo virtuoso donde la seguridad genere más tranquilidad en los sectores productivos y con ello, mayor disposición a invertir.
“Hay que hacer un gasto, pero ese gasto será mucho más efectivo el gasto que ya de por sí estamos haciendo y ni hablar del beneficio social de que la gente se sienta más segura y eso genere más disposición a invertir otra vez, más disposición a producir”, agregó.
Fernando Zamora, de Nueva Generación, se expresó en una línea similar. Explicó que el plan de gobierno que impulsan contiene una propuesta “integral de dinamización de la economía”, mediante el desarrollo en infraestructura y en materia energética.
“Estamos absolutamente convencidos que va a generar una dinamización de la economía tal que le va a traer al Estado muchos más recursos”, indicó.
Igualmente, señaló que declararía emergencia por la crisis de seguridad y que unos de los fines de esta medida, es que bienes inmuebles que en este momento están en subutilización, puedan destinarse a seguridad.
Frenar la subejecución y reorientar los fondos que deben ser destinados a seguridad, pero que han sido asignados a otros fines, son también parte de las propuestas de ordenamiento presupuestario que propone Zamora.
“Muchas cosas se pueden resolver con una mejor administración, con una mejor utilización de los recursos ya existentes, y podemos claramente reorganizar. Además, muchos de estos recursos que se están destinando a otras áreas o que se están yendo a la Caja Única del Estado y que deben ser reorientados al combate a la criminalidad”, detalló.
Boris Molina Acevedo, de Unión Costarricense Democrática (PUCD), desechó la creación de nuevos tributos y asegura que Costa Rica ya no soporta más cargas fiscales. Alegó que la alta presión impositiva ha provocado la salida de empresas hacia otros países de la región y ha asfixiado a los pequeños emprendedores, que deben enfrentar múltiples pagos para poder operar. A su juicio, “más impuestos nunca va a ser la solución para poder hacer crecer el país”.
En su lugar, defendió la mejora de la eficiencia en la recaudación y la facilitación de las condiciones para que las personas puedan producir y emprender sin tantos obstáculos.
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