La seguridad jurídica es un bien público esencial. Sus principales componentes son la claridad y aplicación objetiva de las normas jurídicas y administrativas. Contempla, tal como establece el Diccionario del Poder Judicial, que “la situación jurídica del ciudadano no será alterada más que por procedimientos legales, previamente publicados”. En síntesis, seguridad jurídica es estabilidad ante la incertidumbre y ausencia de arbitrariedad en las relaciones entre particulares y, sobre todo, entre ellos y el Estado.
Hasta ahora, la seguridad jurídica ha sido uno de nuestros estandartes para atraer inversión extranjera directa, junto a la calidad del recurso humano, los beneficios fiscales, la estabilidad macroeconómica y la red de tratados de libre comercio. Sin embargo, cada vez son más preocupantes las señales de deterioro, la mayoría consecuencia de las actitudes y decisiones del Poder Ejecutivo y personas vinculadas al proyecto político oficialista.
Su manifestación más truculenta fue el calificativo de “golpe de Estado” judicial que dio la presidenta Laura Fernández a una decisión legítima y necesaria de la Sala Constitucional: romper el bloqueo legislativo de su partido, Pueblo Soberano (PPSO) al nombramiento de magistrados suplentes y, mientras tanto, prolongar el periodo de los anteriores. Tan o más grave fue que su jefe de fracción, Nogui Acosta, amenazara con desacatar las resoluciones en que estos intervengan, y que, poco después, Fernández desconociera la legitimidad de los magistrados titulares que votaron por la resolución.
¿Cómo suponer que existe seguridad jurídica, si la propia presidenta y la cabeza del partido Pueblo Soberano en la Asamblea Legislativa desdeñan el orden constitucional? Pero los embates son mucho más abundantes y severos. Mencionamos seis de ellos.
1. La aparente estrategia del oficialismo –de la que los ataques a la Sala Constitucional serían parte– para presionar, capturar y politizar el Poder Judicial desde fuera. También, el riesgo de que pueda ser erosionado desde dentro. De ella también son parte sistemáticas y violentas críticas a la Corte Suprema, la Fiscalía, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y a magistrados individuales. Y se añaden los recortes presupuestarios inconsultos, excesivos y contrarios a la normativa existente, que amenazan el desempeño de esos órganos.
2. La invención, por parte de los diputados del PPSO en la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa, de un requisito que ni la Constitución ni las leyes contemplan, para la reelección de una magistrada a la Sala II de la Corte Suprema de Justicia, con competencias laborales, concursales y de familia. Se caerá por su ilegalidad, pero genera enorme ruido.
3. El decreto que, contra los límites constitucionales y jurisprudenciales, declara secretos de Estado una multitud de tareas, contrataciones y decisiones vinculadas con la seguridad. Su eventual aplicación abrirá la puerta a posibles actos de corrupción y la erosión de derechos individuales.
4. La invocación, por parte del ministro doble Rodrigo Chaves, de los fantasmas de la “dictadura” y el “cierre del Poder Judicial” en un acto público, al lado de la presidenta Laura Fernández y el jefe de fracción oficialista, Nogui Acosta.
5. La presentación de un proyecto de ley que permitiría al Ministerio de Hacienda embargar bienes de contribuyentes deudores sin orden judicial. Se le añade otro que extendería la posibilidad de embargos administrativos a los accionistas, bajo ciertas condiciones, por las deudas de las empresas donde tengan inversiones. Ambos padecen de dudosa legalidad y otorgarían a esa cartera excesivo poder discrecional.
6. La amenaza, también de Hacienda, de condicionar el pago del aporte estatal al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) a que la Caja Costarricense de Seguro Social le entregue la información de los trabajadores y patronos afiliados, con nombre, cédula y salario de los primeros. Es una pretensión innecesaria y violaría el derecho a la privacidad de los afiliados.
Todo esto ha sucedido en menos de tres meses, pero la “cola” se remonta a los cuatro años precedentes. Incluye el cierre del Parque Viva para presionar económicamente a Grupo Nación, revertido por la Sala Constitucional. El ficticio “megacaso” fiscal contra el principal accionista del medio independiente CRHoy. Las cancelaciones arbitrarias de los contratos gubernamentales con Cinde y la Fundación Omar Dengo; esto último descalabró el programa de informática educativa. El infructuoso intento de capturar políticamente la Directiva del Banco Nacional, y una maniobra similar, aunque por otros medios, en la del Popular. Las presiones y hasta represalias contra políticos de oposición, periodistas, empresarios y actores sociales diversos.
El anterior recuento parcial es más que suficiente para documentar la paulatina pero muy grave erosión de nuestra seguridad jurídica.
Nuestra economía se halla frente a enormes desafíos y, para afrontarlos, no basta con mejorar las capacidades competitivas y de innovación. También hay que proteger celosamente la seguridad jurídica. Los golpes deliberados en su contra son, también, golpes a estas urgentes tareas, que debilitan tanto la democracia como el desarrollo y el bienestar tangible de la población.
