Lo que el Ejecutivo presenta como un ejercicio de verificación contable es, en realidad, una pretensión que vulnera derechos fundamentales y que, además, resulta innecesaria para cumplir una obligación que la Constitución y la ley le imponen sin condiciones.
El artículo 33 del Reglamento del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte establece que el Estado debe aportar un 1,91% sobre los sueldos de los trabajadores y el mismo porcentaje sobre el sueldo de referencia de los independientes y asegurados voluntarios. Es una obligación legal, no una transferencia discrecional ni una dádiva. Que el Ministerio de Hacienda condicione su pago a la entrega de bases de datos individualizadas equivale a que un deudor exija que se audite la contabilidad de su acreedor antes de honrar su propia factura.
El problema no es solo de forma; es constitucional. La Carta Magna garantiza el derecho a la intimidad y a la autodeterminación informativa, la facultad de toda persona de controlar el flujo de informaciones que le conciernen y de impedir que el Estado acumule, sin causa legítima, un perfil detallado de su vida económica. La ley de protección de datos personales exige que la transferencia de datos individuales esté precedida de consentimiento informado y que estos se recojan solo para fines determinados, explícitos y legítimos. El salario de cada trabajador, vinculado a su nombre y número de cédula, es un dato sensible, al referirse a su condición socioeconómica, según lo define esa ley. Exigir la entrega de esa información sin que medie orden judicial ni norma que la autorice expresamente no es fiscalización; es una transferencia ilegal de datos personales.
Resulta más inquietante que esta pretensión sea, además, innecesaria. Un patrono privado calcula y paga su cuota a la Caja sin exigirle conocer los salarios de los empleados de las demás empresas del país; le basta con su propia planilla. El Estado sabe exactamente cuánto debe aportar al IVM porque la CCSS le factura el monto global resultante de aplicar el porcentaje de ley a la masa salarial total. Bastaría cotejar agregados estadísticos o solicitar auditorías. La exigencia del listado individualizado de cada cotizante revela que la verificación contable es un pretexto o, en el mejor de los casos, una torpeza burocrática con consecuencias graves.
LEA MÁS: ¿Se puede aliviar la deuda del Estado con la CCSS?
Esta pretensión no es un hecho aislado. En el 2020, la administración Alvarado creó la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) para cruzar información confidencial de los costarricenses custodiada por instituciones públicas, incluida la propia CCSS, que se negó a entregarla. La Sala Constitucional declaró inconstitucional el decreto de creación de la UPAD por vulnerar el derecho a la autodeterminación informativa, y el expresidente continúa procesado penalmente por esos hechos.
En el 2023, el Banco Central exigió a la Sugef y a varios bancos los datos no anonimizados de deudores, y el año pasado la propia Hacienda ordenó a los operadores de telecomunicaciones entregar mensualmente la base completa de sus abonados. El patrón se repite: el Ejecutivo busca concentrar información personal masiva sin las garantías que la ley exige.
El riesgo institucional es evidente. Un gobierno que dispone de los datos salariales individualizados de dos millones de personas posee una herramienta de poder formidable, cuyo uso correcto depende exclusivamente de la buena fe del funcionario de turno. La Auditoría Interna de la CCSS ha señalado que, si la información se entrega, los ministerios receptores deben garantizar la seguridad de los datos y limitar su uso estrictamente a la conciliación de facturas. Pero ¿quién vigila al vigilante? ¿Qué impide que esos datos, una vez transferidos, alimenten cruces de información ajenos a su propósito original?
Mientras tanto, la consecuencia inmediata es tangible y cruel: la Auditoría de la Caja proyecta en cero los ingresos por la cuota estatal de mayo a diciembre del 2026, lo que eleva el riesgo de liquidez del IVM y compromete el pago de las pensiones de cientos de miles de costarricenses. El Estado usa su propia deuda como palanca para forzar la entrega de datos que no tiene derecho a exigir; de esa forma, se sacrifica la seguridad social en el altar de una pretensión innecesaria y con posibles implicaciones legales.
Costa Rica necesita fiscalización rigurosa de los fondos públicos, pero ese ejercicio debe tener límites constitucionales innegociables. Conocer el salario de cada ciudadano no es un requisito para que el Estado pague lo que la ley le ordena. Que lo exija como condición no fortalece la transparencia; solo la pervierte.
