El Banco Central de Costa Rica (BCCR), comenzó a exigir a los bancos públicos, desde diciembre del año pasado, la entrega de información sin anonimizar del saldo de dinero de depositantes y ahorrantes.
El Banco de Costa Rica (BCR) y el Banco Popular confirmaron a La Nación la petición realizada por el ente emisor. Mientras que este miércoles trascendió que Bernardo Alfaro, gerente general del Banco Nacional, fue denunciado penalmente por el BCCR debido a que se negó a entregar los datos, tal y como informó el medio digital El Observador.
Consultado por La Nación sobre este caso, Alfaro confirmó que a finales del año pasado, el Banco Central le pidió la información de ahorrantes y depositantes; junto con la información de los deudores.
“En la denuncia que interpuso en mi contra el BCCR, en julio, anexan el detalle de todos los datos que me pidieron, y ahí se incluyen todos los datos de ahorrantes y depositantes”, afirmó el jerarca del Banco Nacional.
Sin embargo, Alfaro añadió que, hace tres días, el Banco Central le envió una nota “muy escueta” en la cual le indicaban que no enviara la información, pues se había pedido por error.
“En la denuncia que interpuso en mi contra el BCCR, en julio, anexan el detalle de todos los datos que me pidieron, y ahí se incluyen todos los datos de ahorrantes y depositantes”.
— Bernardo Alfaro, gerente del Banco Nacional
El BCR también confirmó a este diario, el pasado 31 de agosto, la petición realizada. La Nación consultó a esta institución financiera si el BCCR había solicitado información del saldo de los ahorrantes y depositantes con el número de identidad o cédula jurídica del titular; cuándo se hizo esta petición y con qué fines.
“Estamos valorando la solicitud hecha por el BCCR, por lo que en vista de las valoraciones internas que estamos realizando, preferimos no referirnos al tema”, detalló la entidad, en una respuesta enviada mediante su oficina de prensa.
Banco Popular entregó datos
De las tres entidades financieras públicas, solo el Banco Popular reconoció que entregó al BCCR los datos de ahorrantes y depositantes con la identificación del titular, sea persona o empresa. Así se desprende de las respuestas que ofreció a La Nación, este miércoles.
“La información que se solicitó por parte del Banco Central, como ente supervisor, es igual a la que se le remite a la Sugef mensualmente. Es muy importante indicar que en todo momento dicha información guarda su carácter de confidencialidad, ante cualquiera de las Instancias mencionadas”, se lee en el correo que remitió la Oficina de Comunicación del Banco Popular.
”De hecho, el propio artículo 14 de la Ley orgánica del Banco Central (Ley 7558) establece en lo conducente que dicha Entidad está obligada a “guardar la confidencialidad de la información individual que le suministren las personas físicas o jurídicas”, justificó esta entidad financiera.
El Banco Popular aseguró en su respuesta que la información se otorgó al Banco Central, como ente supervisor, tal como hacen con la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
Además, negó que el suministro de los datos de sus clientes violente el secreto bancario, pues el ente emisor tiene competencias legales para pedir dichos datos y porque la legislación le ordena guardar confidencialidad.
“Se entregó información con fines estadísticos (...) y considerando de igual forma la condición de vigilante del Sistema Financiero Nacional que tiene el Banco Central, como se desprende de sus atribuciones fundamentales, citadas inclusive en la Ley Orgánica de esa propia entidad”, afirmó la institución bancaria.
El Banco Popular indicó que el BCCR solicitó la información, en abril y junio anteriores, con el objetivo de la generación de nuevos indicadores estadísticos. Los datos se le entregaron en mayo y julio pasados.
“Se entregó información con fines estadísticos (...) y considerando de igual forma la condición de vigilante del Sistema Financiero Nacional que tiene el Banco Central”.
— Oficina de Comunicación del Banco Popular
La primera solicitud de información de clientes bancarios sin anonimizar de la que se tuvo noticia, la pidió el ente emisor a Rocío Aguilar, jerarca de Sugef, en noviembre del año pasado.
En ese momento, el BCCR exigió el detalle de todos los deudores del sistema financiero nacional con la identificación de la persona o empresa. La información se pidió con un objetivo estadístico, sostiene el emisor.
Como Aguilar se negó a entregar los datos, y solicitó un criterio de la Procuraduría General de la República, asesor legar del Estado, fue denunciada penalmente por la gerente del Banco Central, Hazel Valverde Richmond, por el supuesto delito de desobediencia a la autoridad.
La denuncia fue interpuesta ante la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, el 21 de abril del 2023.
Preguntas sin respuesta
La Nación le consultó al Banco Central, por medio de preguntas escritas, desde el pasado 31 de agosto, si había solicitado datos de ahorrantes y depositantes sin anonimizar al Banco Nacional, BCR u otra entidad financiera.
Asimismo, se le consultó acerca del fin que se le daría a la información, la periodicidad de los datos y si el ente emisor podría incurrir en una violación del secreto bancario al exigir la revelación a la banca.
Sin embargo, el BCCR no brindó ninguna respuesta a estas preguntas, a pesar de que, este 5 de setiembre, este diario volvió a insistir para obtener una versión de la entidad.
Este martes 5 de setiembre, el ente emisor publicó un ensayo en su sitio web, Solicitud de información a la Superintendencia General de Entidades Financieras y su uso en el Banco Central de Costa Rica, en el cual justificó la solicitud de información, sin anonimizar, a entidades públicas, para fines estadísticos.
Para ello citó la obligación de instituciones estatales de entregar los datos con base en la Ley del Sistema de Estadística y la propia ley orgánica del BCCR.
“A partir de lo dispuesto en la Ley del Sistema de Estadística Nacional (...) existe una obligación de todas las personas e instituciones, de brindar la información —de interés estadístico requerida― por las instituciones del Sistema Nacional de Estadística y, en caso contrario, se establece un régimen sancionatorio que debe aplicarse”, argumentó la entidad.
Precisamente, esa fue la justificación usada para demandar penalmente a Rocío Aguilar. De hecho, en el ensayo institucional, que se envió sin una firma o departamento responsable, se indica que es una obligación de todo funcionario público denunciar conductas que vayan contra el ordenamiento jurídico.
Adicionalmente, en el documento se indicó que el BCCR guardó la confidencialidad de la denuncia por el principio de inocencia y defensa de las personas involucradas y no afectar la reputación del Banco y la Superintendencia.