El Banco Central de Costa Rica (BCCR) prevé usar los datos crediticios de personas y empresas para unificarlos con fuentes tributarias y de la Caja Costarricense de Seguro Social. Esto, aseguró, con el objetivo de proveer mejores estadísticas para la toma de decisiones en el Estado.
Así lo explicó Alonso Alfaro Ureña, economista jefe de la autoridad monetaria, este martes durante una conferencia de prensa virtual, en la cual el jerarca expuso las razones por las cuales necesitan el acceso de la información de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) con el número de identidad de los deudores.
El jerarca explicó que el fin es cruzar la información crediticia con bases de datos con las cuales el BCCR ya cuenta.
“El Banco Central ya tiene unificadas las bases de datos, incluyendo la información tributaria. Más bien hay que vincular la información crediticia con esa información tributaria para poder realizar el análisis que se requiere hacer, en ese caso particular.
”Pero hay muchísimos ejemplos de otros análisis que es importante realizar. El origen de esto es justamente la voluntad de la legislación de que se tenga acceso para la producción de las estadísticas”, recalcó el economista.
Al ser consultado sobre cuáles otras bases de datos se cruzarían con la información crediticia de los deudores, Alfaro dijo: “De manera general, información tributaria, es a la que se tiene acceso, también sobre las características del empleo y de las transiciones de los trabajadores, que es información que viene de la Caja”.
El economista en jefe del Banco Central también negó que la autoridad monetaria compre información privada para utilizarla con fines estadísticos.
Alfaro explicó que no requieren de un consentimiento informado para acceder a información, pues la facultad está fundamentada en la Ley Orgánica del BCCR y la del Sistema Nacional de Estadísticas.
“Hay que recordar que no se requiere un consentimiento informado porque esto es información para fines estadísticos, y no para ser compartida con empresas o personas físicas, para temas con fines comerciales o de alguna otra índole”, manifestó.
El emisor realizó la actividad con la prensa después de que, la semana pasada, Rocío Aguilar, superintendente general de entidades financieras, reveló que fue denunciada penalmente por Hazel Valverde, gerente del Banco Central, el pasado 21 de abril.
La acusación contra Aguilar fue bajo la supuesta desobediencia a la autoridad debido a su negativa a entregar los datos de deudores al considerarlos confidenciales.
El proceso penal se inició antes de que la Procuraduría General de la República (PGR) se pronunciara sobre la petición de información de la autoridad monetaria. El abogado del Estados emitió su criterio el 3 de julio pasado.
Este martes, Alfaro declinó referirse al proceso judicial en curso.
Sobre el pronunciamiento de la PGR, el funcionario afirmó que ratifica que la información crediticia de personas y empresas no son datos sensibles, sino que es privada de interés público y acceso restringido.
El jerarca sostuvo que la Procuraduría sí dejó claro que el acceso a los datos crediticios por parte del BCCR no menoscaba la confidencialidad. Además, confirmó que la entidad aún no ha tenido acceso a la información de Sugef.
Datos anónimos no sirven
Durante la conferencia, el economista en jefe del Banco Central efectuó una amplia exposición en la cual argumentó las razones por las cuales recibir información anónima registrada en Sugef sobre los deudores, no sería útil para los objetivos de elaboración de estadísticas.
“Las bases de datos a las cuales tiene acceso el Banco Central son de altísima utilidad, pero el número de identificación es la variable que permite hacer la vinculación de las diferentes bases de datos”, aseguró Alfaro.
El funcionario recalcó que a la institución no le interesa la información de una persona o de una empresa de forma particular, sino la construcción de estadística mucho más detallada.
Mencionó, por ejemplo, que con datos anonimizados no se podría acreditar un crédito de una compañía que desarrolla múltiples actividades económicas.
Sobre el manejo de la información, dijo que la División de Gestión de la Información sería la encargada de brindar la autorización a las personas que realizarían la vinculación de las bases de datos.
Alfaro agregó que el acceso será únicamente con fines estadísticos, mediante el cruce de los datos y el análisis. También recalcó que el BCCR es un ente que goza de autonomía y no está sujeto a las instrucciones directas del Gobierno Central.
Alfaro añadió que el Banco Central tiene la capacidad técnica y de seguridad de la información para llevar a cabo los análisis de datos, y que el Sistema Nacional de Estadística le delega esa autoridad.
Entidades como la Asociación Bancaria Costarricense (ABC), la Cámara de Bancos e Instituciones Financieras, y la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) expresaron, la semana pasada, su rechazo a la solicitud informativa de la autoridad monetaria y respaldaron la posición de la Sugef.
Bancos mantienen postura
Luego de la explicación realizada por el Banco Central, la Cámara de Bancos afirmó a La Nación que mantienen la posición externada la semana anterior, en la que manifestaron que los datos solicitados por la autoridad monetaria son contrarios a la protección al derecho a la intimidad.
“Mantenemos la posición externada por la Cámara”, dijo Annabelle Ortega, directora ejecutiva de la entidad. Según la agrupación, la solicitud de información detallada de las operaciones de crédito de cada cliente transgrede el artículo 24 de la Constitución Política y la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales.
En esa misma línea, la ABC reafirmó su posición de que los requerimientos de información hechos por el Banco Central son confidenciales. El asesor jurídico de la Asociación, Mario Gómez Pacheco, añadió que los bancos han respaldado la opción de entregar los datos de manera anónima o agregada.
“Contrariamente a lo que se ha afirmado, somos los bancos quienes hemos mostrado voluntad de colaboración; sin embargo, es el Banco Central el que ha declinado esta oferta”, señaló Gómez, quien añadió que esta alternativa garantiza la protección de la privacidad de sus clientes.
El asesor jurídico de la ABC agregó que los bancos continúan siendo colaboradores activos de la institución al proporcionar datos agregados, y que su intención es mantener un equilibrio entre la recolección de información necesaria y el resguardo de la confidencialidad.