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La Sección Especializada contra el Cibercrimen del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) concluyó la revisión de 19 dispositivos electrónicos —entre celulares y tabletas— decomisados a los ocho imputados en el caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), entre ellos el expresidente Carlos Alvarado.
La examinación de los aparatos, que contenían imágenes, audios y videos, inició el 6 de abril y finalizó el 29 de mayo, según confirmó el Ministerio Público ante una consulta de La Nación. Como parte del proceso, también se analizaron respaldos de teléfonos asignados por la Casa Presidencial.
No obstante, el análisis continúa sobre la información contenida en 40 dispositivos USB, los respaldos de 19 computadoras decomisadas durante los allanamientos y cuatro discos duros.
Defensa afirma que no se ha encontrado evidencia de delitos
Consultados por La Nación, los abogados defensores del expresidente, Rodolfo Brenes y Roger Guevara, señalaron que el Ministerio Público ha revisado de forma manual más de 91.000 archivos de audio, foto y video contenidos en los celulares de Alvarado. Indicaron que, aunque ese proceso está cerca de concluir, aún falta que el OIJ complete una revisión adicional mediante software forense basado en palabras clave.
Los defensores sostuvieron que tras un largo proceso no se ha encontrado evidencia en contra de su cliente. “Lo medular está claro: después de tantos años, y luego de tan amplia y exhaustiva investigación, no han encontrado prueba alguna de delito”, afirmaron.
Añadieron que esta revisión reafirma su posición inicial de que el exmandatario no cometió ilícitos y que, a su juicio, “(...) es lo que sucede cuando se investiga a una persona inocente”.
También se revisaron los dispositivos de los restantes imputados: el exdiputado y exministro de la Presidencia, Víctor Morales Mora; el ex viceministro de Planificación, Daniel Soto Castro; los analistas de datos Alejandro Madrigal Rivas, Diego Fernández Montero y Andrés Villalobos Villalobos; el exasesor legal presidencial, Luis Salazar Muñoz; y la exjefa de despacho del presidente Alvarado, Felly Salas Hernández.
¿Qué es el caso UPAD?
El caso UPAD surgió luego de que, el 17 de febrero de 2020, el gobierno de Carlos Alvarado emitiera el decreto ejecutivo N.° 41996-MP-MIDEPLAN, el cual establecía, entre otras disposiciones, que la unidad de análisis de datos podía acceder a “información de carácter confidencial con la que cuenten las instituciones públicas cuando así se requiera”.
Las preocupaciones por las potestades otorgadas a la UPAD, vía decreto ejecutivo, llevaron a que se iniciara la investigación judicial, para lo cual, el viernes 28 de febrero de 2020, por primera vez en la historia, la Fiscalía allanó la Casa Presidencial.
La Fiscalía investiga a Alvarado por los presuntos delitos de violación de datos personales, abuso de autoridad y prevaricato. La creación de la UPAD fue derogada mediante el artículo 1 del decreto ejecutivo N.° 42216, del 21 de febrero de 2020.
