El expresidente Carlos Alvarado es investigado por la creación de la UPAD. Atrás, su esposa, la diputada electa, Claudia Dobles. (Marvin Caravaca)
El Ministerio Público detalló que revisará 15 celulares por el caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD). Entre los investigados está el expresidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, por una supuesta violación de datos privados de los habitantes.
Según detalló la Fiscalía, ante la consulta de La Nación, el proceso se extenderá hasta el próximo 30 de mayo e inició el pasado 6 de abril, según la resolución del Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública.
El Juzgado delegó el procedimiento en el Ministerio Público, con apoyo de la Sección de Cibercrimen del Organismo de Investigación Judicial (OIJ); este se encuentra en desarrollo en los Tribunales de Justicia del II Circuito Judicial de San José.
“La diligencia se realiza de manera privada con cada parte interesada y su representación legal; se examinan los respaldos obtenidos de los celulares de las personas imputadas, con el objetivo de ubicar prueba para demostrar los hechos investigados”, explicó la Fiscalía.
Proceso en partes
Los abogados de Alvarado, Rodolfo Brenes y Roger Guevara, explicaron que este proceso se ha llevado a cabo, por etapas, a lo largo de varios años.
“En una primera fase (enero del 2021), se llevó a cabo la apertura de los dispositivos, durante la cual se efectuaron imágenes forenses de los discos, es decir, copias íntegras de su contenido con fines de resguardo y análisis técnico”, explicó la defensa del expresidente.
En ese momento, no se analizó el contenido de los aparatos. La fiscala general de entonces, Emilia Navas, lo explicó: “Ninguna de las partes tendrá acceso a la información respaldada. Eso se dará después, cuando se haga el análisis de la información”.
Sin embargo, esa revisión de la información se vio pospuesta, porque los abogados de Alvarado mantuvieron disputas con el Ministerio Público sobre si el análisis debía abarcar la totalidad del contenido de los dispositivos o solo parte de ella.
Una vez resueltas esas diferencias, se establecieron criterios y parámetros de búsqueda. Con base en estos lineamientos, el OIJ quedó autorizado para realizar el análisis mediante herramientas de software forense, explicaron Brenes y Guevara.
Allanamiento a Casa Presidencial, en febrero del 2020, por el caso UPAD. (Jose Cordero)
En esta nueva etapa, además, se procederá a una revisión manual de aquellos archivos que no pueden ser procesados o clasificados por el software forense, como audios, fotografías y videos. Este proceso implica un análisis detallado, caso por caso.
“Cabe destacar que estos procedimientos no se derivan de una única resolución reciente, sino que responden a una serie de decisiones judiciales adoptadas a lo largo del tiempo, en el marco de distintos recursos y gestiones planteadas por esta defensa”, agregaron.
La defensa del expresidente aseguró que mantiene la disposición de colaborar con las autoridades judiciales “dentro del marco del debido proceso y la legalidad, porque como hemos sostenido desde el inicio de este caso no se ha cometido delito alguno”.
