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El Gobierno amenazó con suspender el pago de la cuota estatal al régimen de pensiones del Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) hasta que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) le remita, de forma periódica, la información de los trabajadores y patronos activos afiliados al sistema, incluidos sus nombres y números de cédula.
Según el Poder Ejecutivo, el requerimiento busca corregir una “debilidad significativa” en la forma como la CCSS respalda los cobros que factura al Estado, pues no remite las bases de datos correspondientes de todos los trabajadores y patronos cotizantes.
Alega que esa omisión limita la capacidad del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), entidad encargada de girar el aporte estatal, para verificar la razonabilidad de las facturas.
A mayo pasado, la CCSS contaba con más de 2 millones de trabajadores y 83.652 patronos registrados.
Autoridades de la institución advirtieron de que requerían más tiempo para garantizar que la entrega de esa información no comprometiera la privacidad de los afiliados y beneficiarios del régimen.
Además, alertaron de que una suspensión de los aportes estatales pondría en riesgo el pago de las pensiones y la sostenibilidad del IVM, el cual depende en gran medida de esos recursos.
Así consta en el informe de Auditoría Interna AS-AFINPE-0055-2026, fechado el 8 de junio del 2026 y firmado por el auditor Olger Sánchez Carrillo. El documento, del cual La Nación tiene copia, fue enviado a la presidenta ejecutiva de la CCSS, Mónica Taylor Hernández; al gerente financiero, Gustavo Picado Chacón; y al gerente de Pensiones, Jaime Barrantes Espinoza.
“Si bien se mantienen saldos de caja positivos, se observa que, en las estimaciones de ingresos para los meses de mayo a diciembre del 2026, las cuotas estatales se proyectan en cero, lo cual incrementa el riesgo de liquidez, limita la capacidad de pago de pensiones y restringe la posibilidad de capitalización de la cartera, afectando la sostenibilidad del Régimen en el corto y mediano plazo”, señala el informe.
“El ingreso de las cuotas estatales y complementarias constituye un factor crítico para la estabilidad financiera del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, advirtiendo que eventuales retrasos o la no recepción de estos recursos, especialmente a partir de mayo de 2026, impactarían negativamente el flujo de efectivo”, agrega la Auditoría de la CCSS.
¿Qué pide el gobierno?
Los datos requeridos por el Ministerio de Trabajo corresponden al periodo de cobro, el nombre e identificación de cada trabajador y de su patrono, el salario reportado, el porcentaje aplicado y el monto total de la masa salarial sobre la cual se debe aplicar la cuota.
El artículo 33 del Reglamento del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte establece que el Estado debe aportar un 1,91% sobre los sueldos de los trabajadores asalariados y el mismo porcentaje sobre el sueldo de referencia de los trabajadores independientes y asegurados voluntarios.
Dicho aporte resulta clave, pues constituye una de las principales fuentes de financiamiento del IVM, el fondo de pensiones más grande del país.
Este no es el primer caso en que una solicitud de datos personales genera controversia. En el 2018, el gobierno de Carlos Alvarado creó la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) para cruzar información de instituciones públicas, incluida la CCSS. Esta última rechazó entregar esos datos.
El decreto fue derogado y posteriormente declarado inconstitucional. Mientras, el Ministerio Público inició investigaciones para determinar si la unidad utilizó información personal en distintos análisis, incluyendo las planillas estatales.
Otro antecedente ocurrió en el 2023, cuando el Banco Central solicitó a varios bancos información sin anonimizar de sus clientes deudores, incluidos datos personales y financieros. Aunque surgieron cuestionamientos por un eventual choque con el secreto bancario, la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) informó de que la información sería entregada.
Pago de pensiones está garantizado
La Nación consultó desde el 16 de julio al MTSS y a la CCSS sobre el estado del requerimiento, la entrega de la información y el pago de la cuota estatal. Al cierre de edición, el único pronunciamiento fue de Jaime Barrantes, gerente de Pensiones, quien aseguró que el IVM cuenta, por ahora, con los recursos necesarios para atender el pago a los jubilados.
“La CCSS mantiene garantizado el pago de las pensiones y continúa cumpliendo sus obligaciones con normalidad, proyectando que la situación relacionada con el pago del Estado pueda regularizarse en las próximas fechas”, afirmó Barrantes.
Los datos de la Auditoría de la Caja muestran que en el primer cuatrimestre de este año, el Ministerio de Hacienda efectuó un aporte estatal de ¢58.264 millones. Sin embargo, la contribución fue intermitente porque en enero, febrero y abril trasladó menos de ¢1.000 millones mensuales, pero en marzo trasladó ¢52.162 millones.
Trabajo pidió la información, pero Hacienda fue quien la exigió
El requerimiento de información surgió luego de que la Dirección General de Presupuesto Nacional y la Unidad de Seguimiento y Control de la Ejecución Presupuestaria, ambas del Ministerio de Hacienda, solicitaran al Ministerio de Trabajo que revisara el proceso de giro de las transferencias estatales a la CCSS.
En el informe MH-DGPN-USCEP-INF-0008-2026, emitido en marzo del 2026, Hacienda indicó que la CCSS no remite las bases de datos de beneficiarios del Seguro de Salud, trabajadores independientes, asegurados voluntarios, convenios especiales y el Régimen No Contributivo. Esto, según señaló, no le permite validar el monto que la CCSS le cobra mes a mes.
Por ello, mediante el oficio CARTA-MTSS-DMT-DGAF-DF-134-2026, del 6 de abril del 2026, la Dirección General Administrativa Financiera y Oficialía Mayor instruyó a la Dirección Nacional de Pensiones (DNP), ambas dependencias del MTSS, solicitar formalmente a la Caja la entrega obligatoria de las bases de datos de beneficiarios que respalden cada factura emitida al Estado.
Un día después, la DNP comunicó a la Dirección Financiero Contable y al Área de Contabilidad Financiera de la CCSS que, a partir del 7 de abril, toda factura remitida al Estado debía acompañarse de la información que respaldara el monto cobrado. De lo contrario, no se giraría el dinero.
CCSS alerta sobre limitaciones técnicas y legales
Ante el requerimiento del Ministerio de Trabajo, la Dirección Financiero Contable advirtió al gerente de Pensiones sobre limitaciones legales, de confidencialidad y técnicas para atender la solicitud. También alertó de que, por la necesidad de liquidez del IVM para pagar oportunamente las pensiones, era necesario solicitar más tiempo para analizar la entrega de la información.
En respuesta, Jaime Barrantes pidió a finales de mayo una prórroga de tres meses al entonces ministro de Hacienda, Rudolf Lücke, y a la Dirección Nacional de Pensiones.
En el oficio (GP-1306-2026) también advirtió de que suspender las cuotas estatales podría comprometer la liquidez del régimen y el pago de las pensiones.
La Nación consultó al Ministerio de Trabajo y a la CCSS si la prórroga había sido concedida y si los pagos de la cuota estatal permanecían suspendidos desde abril. Al cierre de edición, ninguna de las dos instituciones había respondido.
La Auditoría Interna respaldó la preocupación de Barrantes al citar el Informe No.67 Reporte de actividades seguimiento del Flujo de Efectivo del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte al mes de abril de 2026, el cual advierte de una creciente presión sobre las finanzas del IVM por la estrechez entre ingresos y gastos y por su alta dependencia de los aportes estatales.
Añade que las proyecciones para mayo-diciembre del 2026 contemplan ingresos nulos por ese concepto, lo que eleva el riesgo de liquidez y afecta la sostenibilidad del fondo.
Además, un criterio jurídico de la Dirección del Sistema Centralizado de Recaudación (Sicere) —oficio GF-DSCR-0283-2026, del 20 de mayo de 2026— concluyó que la CCSS sí puede remitir al MTSS los listados que respaldan las facturas, incluso de forma retroactiva, siempre que cumpla la normativa de protección de datos y la información se utilice únicamente para verificar y conciliar los cobros.
“Sería procedente remitir la información solicitada. (...) En el momento que se suministre la información, se debe de prevenir a los ministerios de Trabajo y Seguridad Social y, Salud, de que, con base en los artículos 10° y 11° de la Ley N°. 8968, deben de adoptar las medidas técnicas y organizacionales para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal y evitar su tratamiento no autorizado y respetar el deber de confidencialidad, encontrándose impedidos de revelar, ceder o hacer un uso distinto al proceso de conciliación y verificación de las facturas".
— Oficio AS-AFINPE-0055-2026, Auditoría Interna de la CCSS.
