Los impagos del Estado en sus aportes al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) llevaron al principal fondo de jubilación de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) a un punto crítico al cierre del 2025, cuando debió recurrir a sus reservas para pagar pensiones, un hecho inédito. De haberse cumplido con esas obligaciones, el sistema no habría alcanzado ese umbral todavía.
Así lo afirmó el gerente de Pensiones de la institución autónoma, Jaime Barrantes, en conversación con La Nación.
“Al día de hoy, si nosotros vamos a los estados financieros, a la parte de lo que debió ingresar, lo que debió darse, y uno lo proyecta a futuro, la reserva no se estaría tocando todavía”, aseveró.
La apreciación del jerarca se ve respaldada con la nota técnica Proyección de ingresos adicionales a las cuotas que requiere el Seguro de IVM. Período 2025-2029, elaborada en junio del 2025 por el asesor de la Gerencia de Pensiones, Olger Pérez, y de la cual La Nación tiene copia.
“(El Estado) ha dejado de pagar las primas que reglamentariamente le corresponden, generando una deuda acumulada de considerable magnitud y que ha afectado el flujo de efectivo y el manejo de las inversiones”, detalla el documento.
Barrantes explicó a este diario que la deuda del Estado asciende actualmente a casi ¢1 billón, lo que ha provocado una merma cercana a ¢100.000 millones en intereses de la reserva. A ello se suma la caída en los ingresos por cotizaciones, que, según indicó, es el otro factor clave que aceleró las proyecciones de uso del fondo.
La deuda estatal alcanzó ¢743.566 millones en 2024 —último dato anual disponible ante la ausencia de estados financieros actualizados—, tras aumentar un 13,32% con respecto al año anterior. Además, al contrastar los montos entre el 2020 y 2024, el dinero adeudado creció un 60,9%.
Ante esta crisis, la Gerencia de Pensiones presentó el pasado 4 de mayo una lista de 20 propuestas base para reformar el régimen.
Las iniciativas incluyen elevar de 300 a 360 las cuotas requeridas para pensionarse, aplicar una contribución del 5% a las personas jubiladas para financiar el Seguro de Salud (actualmente cubierto por el propio IVM), afiliar automáticamente a trabajadores independientes al Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) y destinar eventualmente un 1% del impuesto al valor agregado (IVA) al sistema.
Además, entre otras medidas, se contempla una reducción en el porcentaje del salario que se recibe como pensión (tasa de reemplazo). La propuesta es pasar de un rango de entre 43% y 52,5% del sueldo al momento de jubilarse a uno de entre 40% y 43%.
La Nación consultó al Ministerio de Hacienda sobre su posición ante estos señalamientos, en un escenario en el que eventualmente deba asumir el pago de pensiones por falta de recursos del IVM, así como sobre la posibilidad de conciliar la deuda antes de llegar a ese punto. Al cierre de edición, la consulta seguía en trámite.
IVM busca sostenerse en medio de momentos críticos
Al cierre del 2025, la CCSS debió utilizar por primera vez recursos de la reserva del IVM para cubrir el pago mensual de 393.000 pensionados. En total, tomó ¢50.000 millones, debido a que las cotizaciones y los rendimientos de las inversiones ya no alcanzaban para cubrir las jubilaciones.
Según la última Valuación Actuarial del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, presentada en setiembre del 2024, este escenario estaba previsto para 2041, por lo que la proyección se adelantó 16 años.
Asimismo, el estudio detalla que el régimen entraría en una fase crítica en 2035, cuando las contribuciones dejarían de ser suficientes para cubrir los egresos. Sin embargo, ese escenario ya ocurre actualmente.
A ello se suma que, en enero pasado, durante la sesión ordinaria N.° 9574 de la Junta Directiva, el Comité de Vigilancia de la CCSS advirtió de que el agotamiento de la reserva, previsto para 2047, podría adelantarse.
El presidente del Comité, Rafael Vargas, atribuyó este escenario al incumplimiento de varios supuestos actuariales, entre ellos el desequilibrio entre la prima de cotización vigente, los beneficios otorgados y las obligaciones futuras del régimen.
Según indicó en esa ocasión, la deuda acumulada del Estado también figura entre los factores que han acelerado el deterioro de la sostenibilidad del sistema.
Jaime Barrantes: ‘Hacienda es un factor clave’
Jaime Barrantes explicó a La Nación que la desaceleración de los ingresos frente al gasto, sumada al incumplimiento del Estado en sus aportes, empujó al régimen a recurrir a la reserva. Además, alertó que, si la situación no mejora, el fondo podría agotarse a inicios de la próxima década.
En ese contexto, el jerarca recordó que el Ministerio de Hacienda tendrá un papel clave en las negociaciones sobre los ajustes paramétricos al régimen y en las discusiones sobre su sostenibilidad financiera.
“Por ingresos reglamentarios, si hubiéramos tenido en este momento toda la acumulación de pago de la deuda estatal —más los intereses respectivos— y no tuviéramos deuda, no estaríamos usando reserva todavía (...). En este escenario de aceleramiento de uso de reservas, (el impago del Estado) es un factor clave en eso“, señaló Barrantes.
“La parte de Hacienda tiene que estar muy involucrada e interesada en el asunto, porque, si no, el mismo Hacienda va a sentir esa presión. Tiene que ser un actor muy importante en esto. Lo ha sido en todas las reformas de pensiones de los países recientemente. El Ministerio de Hacienda es un actor clave en las reformas que vienen”, agregó.
En un escenario en que se agote la reserva del IVM, el faltante de dinero para pagar a los pensionados lo debe asumir el Estado, según la Constitución Política. El artículo 177 de la Carta Magna obliga al Poder Ejecutivo a incluir el dinero en el Presupuesto Nacional; es decir, finalmente la obligación recaerá sobre el Ministerio de Hacienda.
Estudio concluye que aportes del Estado son clave para sostener el IVM
De acuerdo con la nota técnica, si el Estado mantiene en los próximos años el mismo nivel de pago que realizó en 2024 —unos ¢226.000 millones—, el faltante de ingresos del IVM se agravaría significativamente. Bajo ese escenario, el déficit proyectado para el 2029 pasaría de ¢595.600 millones, contemplados en un escenario base, a ¢702.570 millones.
En cambio, si el Gobierno pagara las cuotas que le corresponden por reglamento, el faltante se reduciría a ¢448.540 millones para ese mismo año. El panorama mejoraría aún más si, además de cumplir con los aportes corrientes, se alcanzara un acuerdo para cancelar parcial o totalmente la deuda acumulada con intereses mediante pagos anuales fijos.
En esos casos, el déficit proyectado para 2029 bajaría a entre ¢376.180 millones y ¢303.810 millones.
El documento también advierte de que el nivel de pago estatal tendría un impacto directo sobre la necesidad de utilizar recursos de la reserva. De hecho, ya para el 2025 se proyectaba recurrir a más de ¢16.000 millones del fondo para cubrir obligaciones, situación que finalmente ocurrió.
No obstante, el informe señala que, si el Gobierno asumiera las cuotas reglamentarias, el uso de recursos de la reserva se habría postergado hasta 2028. Incluso, si además se pactara el pago de la deuda acumulada, podría evitarse por completo utilizar el principal de la reserva en un escenario de cancelación total.
“Los resultados de los ejercicios anteriores demuestran la importancia para el Seguro de IVM que el estado hubiera cancelado a tiempo y forma las contribuciones que reglamentariamente le corresponde pagar, lo que hubiera permitido un mejor manejo del flujo de efectivo y de las posibilidades de inversión”.
— Proyección de ingresos adicionales a las cuotas que requiere el Seguro de IVM. Período 2025-2029, Gerencia de Pensiones CCSS.