La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) presentó este lunes una lista de 20 propuestas base para reformar el régimen de pensiones por Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), en un momento clave para la sostenibilidad del sistema.
Las medidas abarcan desde el aumento en el número de cuotas requeridas para la jubilación hasta la obligación de que los pensionados contribuyan al Seguro de Salud.
También incluyen la afiliación automática de trabajadores independientes al Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) y la eventual redirección de un 1% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para financiar el sistema, entre otras iniciativas.
Los planteamientos se expusieron durante la sesión ordinaria N.° 9603 de la Junta Directiva de la CCSS. Según explicó su gerente de Pensiones, Jaime Barrantes, se trata de insumos preliminares que servirán de base para estructurar una propuesta concreta mediante un diálogo con diferentes actores a nivel nacional.
El jerarca precisó que la institución no propondrá elevar la edad de jubilación, actualmente fijada en 65 años. Asimismo, descartó la creación de nuevos impuestos para financiar el IVM, aunque dejó abierta la posibilidad de dialogar con las autoridades competentes para analizar eventuales iniciativas en esa línea.
Barrantes indicó que, por ahora, se analiza un rebalanceo en las primas de contribución al régimen. El IVM es el fondo de pensiones más grande de Costa Rica, con más de 2 millones de trabajadores cotizantes, 393.000 personas jubiladas y 83.000 patronos.
Jaime Barrantes también explicó durante la sesión que las 20 propuestas se agrupan en tres categorías: cuantificables, estructurales y administrativas. El primer bloque reúne 10 iniciativas, que incluyen la redistribución de las cargas patronales, el pago del Seguro de Salud por parte de las personas jubiladas y el incremento en las cotizaciones.
Redistribución de cargas, pago del Seguro de Salud y aumento en cuotas
Una de las propuestas plantea trasladar al IVM las cuotas patronales que hoy se destinan al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), equivalentes a cerca de un 7,25% de las cargas sociales.
Para compensar el faltante en esas entidades, Barrantes explicó que se utilizaría el espacio fiscal que se libere en el presupuesto nacional conforme disminuyan las obligaciones por pensiones con cargo al erario.
Así, el Estado asumiría ese financiamiento, mientras las cargas patronales se redirigen para fortalecer el fondo del IVM, con miras a alcanzar una prima de entre 15% y 16%.
Además, las iniciativas contemplan que las personas jubiladas asuman el pago de su Seguro de Salud. A diferencia de otros regímenes, quienes se pensionan por el IVM no enfrentan hoy un rebajo del 5%, pues ese aporte lo cubre el propio fondo. Con el cambio propuesto, el monto se deduciría directamente de la pensión mensual.
Para aplicarlo, serían necesarias reformas legales a la Ley N.º 6230, que interpreta el artículo 2 de la Ley N.º 5905, así como una modificación al artículo 3 del Reglamento del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social (N.º 6898), donde se establece esa cobertura.
Otra medida propone elevar de 300 a 360 el número de cuotas requeridas para pensionarse, lo que implicaría aproximadamente cinco años adicionales de cotización. También se incluye la opción de otorgar incentivos a quienes decidan postergar voluntariamente su retiro.
Las propuestas también contemplan contribuciones solidarias para las pensiones de mayor monto, así como medidas de compensación dirigidas a trabajadoras independientes y a quienes asumen labores de cuido. Por ejemplo, Barrantes indicó que se podrían valorar cuotas adicionales según la cantidad de hijos, las cuales deberán definirse posteriormente.
Independientes cotizarían automáticamente al ROP
Dentro del segundo bloque, enfocado en cambios estructurales, el gerente de pensiones indicó que la primera medida busca avanzar hacia una universalización efectiva mediante el fortalecimiento del Régimen No Contributivo (RNC).
Señaló que cerca del 20% de las personas adultas mayores no recibe una pensión y que existen unas 35.000 solicitudes sin financiamiento, por lo que se pretende ampliar la cobertura y simplificar los trámites de acceso, especialmente para mujeres.
A ello se suma una iniciativa que plantea la afiliación automática de trabajadores independientes al ROP, con la opción de retirarse posteriormente. Barrantes recordó que, en la actualidad, este grupo no cotiza al no ser asalariado, por lo que la medida busca facilitar su incorporación al sistema.
También se analiza la llamada “pensión consumo”, que propone redirigir un 1% del IVA al financiamiento del sistema de pensiones. Según el jerarca, operaría mediante la apertura de una cuenta voluntaria para cada cotizante, administrada por las operadoras, y se complementaría con el IVA generado por consumos en turismo y otras actividades.
Por otra parte, una de las propuestas plantea una ruta de flexibilización del mercado laboral, orientada a facilitar la participación de mujeres y personas adultas mayores, así como a incorporar al sistema a trabajadores de plataformas, nativos digitales y quienes se desempeñan en servicios o emprendimientos en línea.
Cobro separado de deudas y una junta directiva especializada
Finalmente, en el ámbito administrativo del IVM, la institución autónoma plantea cinco reformas. Entre ellas figura separar el cobro de las deudas del Seguro de Salud y del régimen de pensiones, que hoy se contabilizan de forma conjunta.
En esa línea, Barrantes indicó que la medida se vincula con la necesidad de fortalecer una gobernanza especializada. Para ello, se propone la creación de una junta directiva adicional que opere en paralelo a la actual y se dedique exclusivamente al tema de pensiones, dada la situación crítica que enfrenta el sistema.
Las iniciativas también contemplan la especialización y diversificación del portafolio de inversiones de la reserva del IVM, mediante proyectos de obra pública y colocaciones en el exterior.
Asimismo, plantean flexibilizar el aseguramiento para distintos grupos y reforzar la educación financiera en la población joven.