El Comité de Vigilancia del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), órgano de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), propuso seis cambios para fortalecer las finanzas del principal fondo de pensiones del país. Ninguna de las medidas es fácil y las más polémicas tendrán efectos adversos para los actuales y futuros jubilados.
Entre las reformas propuestas figura una modificación en la forma como la Gerencia de Pensiones de la CCSS calcula la jubilación mensual cuando una persona se retira, lo cual se conoce como tasa de reemplazo.
El Comité de Vigilancia del IVM planteó que la pensión sea proporcional a la prima de cotización, hoy de 11,66%, multiplicada por 3 o 3,5; es decir, que el monto de la pensión oscile entre un 35% y un 40% del sueldo. A esta cantidad se le debe sumar lo que otorga el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP).
El cambio reduciría la pensión entre 15 y 20 puntos porcentuales (p.p.), pues actualmente esta equivale a un 50% y hasta un 60% del salario de referencia (en caso de postergación), de cotización de los últimos 25 años, traído a valor presente.
Dicha propuesta forma parte del Informe de situación y recomendaciones para mejorar la condición financiera y actuarial del Seguro de Pensiones del IVM, periodo 2024-2025, presentado por Rafael Vanegas, presidente del Comité de Vigilancia, y Ubaldo Carrillo, director de Pensiones de la CCSS, a la Junta Directiva de la institución, el 20 de enero.
“La tasa de reemplazo debe establecerse técnicamente y proporcional a la prima que se paga. La recomendación es que la Junta Directiva determine cuál debe ser”, comentó Vanegas.
Entre otros de los cambios propuestos está que los pensionados asuman la contribución al Seguro de Salud equivalente al 5% de la pensión, tal como ocurre actualmente con las personas jubiladas por el Magisterio Nacional y el Poder Judicial. Hoy, ese rubro lo asume el fondo de pensiones y anualmente asciende a un gasto de ¢230.000 millones.
Por ejemplo, para un jubilado con una pensión mensual de ¢450.000 asumir esa contribución significarían ¢22.500.
Otro de los cambios planteados sería la eliminación del ajuste automático de la pensión mínima del IVM. El reglamento del fondo dicta que este rubro se actualiza cada año al equivalente del 50% de la base mínima contributiva (BMC).
Hoy, la pensión mínima es de ¢162.295. Un total de 180.000 beneficiarios reciben este monto, es decir, el 46% de los jubilados, según datos de la Caja.
Carrillo comentó que el anclaje existente entre la pensión mínima y la BMC está alineado al salario mínimo. “La pensión mínima no corresponde al crecimiento del IVM, sino a políticas externas de la institución y restan autonomía a la Caja para definir la pensión acorde a los ingresos”, resaltó.
Mónica Taylor, presidenta ejecutiva de la CCSS, comentó que las recomendaciones serán trasladadas a la mesa técnica, dirigida por la Gerencia de Pensiones, para que se conozcan las propuestas.
“Este es un tema de interés nacional que sí o sí debe ser abordado por la Caja para darle una sostenibilidad al régimen”, apuntó la jerarca.
Taylor añadió que algunos de los cambios pueden atenderse con reformas reglamentarias, pero que otros requieren modificaciones legales.
El IVM es el principal fondo de jubilaciones de Costa Rica. Al cierre del 2025, este sistema contaba con 393.000 personas jubiladas, 1,8 millones de trabajadores cotizantes y 83.000 patronos.
En este 2026 se produjo un ajuste en los aportes al IVM que en total equivalen al 11,66% del salario del trabajador. El empleado contribuye con un 4,33%; el patrono, con un 5,58%; y el Estado, con un 1,75%.
Ajuste en cargas sociales
Uno de los planteamientos del Comité de Vigilancia es realizar un cambio en la estructura de contribución al IVM y el Seguro de Salud, ambos administrados por la CCSS.
La propuesta es que el fondo de pensiones solo esté constituido por los aportes de los trabajadores y los patronos, lo cual implicaría que la contribución estatal del 1,75% pase al Seguro de Maternidad y Enfermedad (SEM).
No obstante, también se recomienda reducir el aporte de los trabajadores en ese mismo porcentaje para trasladarlo al IVM, es decir, la contribución en el SEM pasaría del 5,5% del salario de la persona al 3,75%. Mientras que el aporte al régimen de pensiones subiría del 4,33% a 6,08%.
El cambio tiene como objetivo brindarle un aporte estable al fondo de jubilaciones porque, durante la actual administración de Rodrigo Chaves, el impago estatal al IVM se disparó y la deuda asciende a ¢769.332 millones.
“La idea es que el 11,66% (de contribución) lo aporte el trabajador y el patrono, sin agregar más cargas. Es un intercambio de cuotas para dar certeza al IVM y se financie solo con la contribución obrero-patronal”, subrayó el director de Pensiones de la Caja.
Carrillo reconoció que puede “meterle ruido al Seguro de Salud” con el aporte del Estado. Sin embargo, dijo que el SEM es universal y el IVM no, pues cubre a la población formal.
Por otra parte, el Comité de Vigilancia instó a la institución autónoma a continuar con el proceso de diálogo para gestionar con el Ministerio de Hacienda el pago completo de la deuda estatal.
Por último, se instó a encarar las deficiencias señaladas por la Superintendencia de Pensiones (Supén) y la Auditoría Interna sobre la cartera de crédito del IVM y las inversiones de la reserva.