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Los ataques de la presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, y de la fracción del Partido Pueblo Soberano (PPSO) contra la Sala Constitucional son irresponsables, incendiarios e infundados.
Así lo manifestaron cuatro expertos en derecho constitucional y cuatro en Ciencias Políticas consultados por La Nación, luego de las declaraciones que emitieron los oficialistas este viernes, al mediodía, contra el alto tribunal.
En un video de cuatro minutos, Fernández; el jefe de la fracción de gobierno, Nogui Acosta; y la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, lanzaron una serie de críticas contra los cuatro magistrados que aprobaron la resolución que prorroga el nombramiento vencido de los 12 jueces suplentes del órgano constitucional.
Fernández calificó la sentencia como un “golpe de Estado judicial” y tildó a los jueces que la aprobaron como “golpistas”, además de acusarlos de presunta ruptura de la división de poderes. Además, los protagonistas del video amenazaron con acciones judiciales contra los magistrados.
El fallo resolvió un recurso de amparo presentado por un ciudadano contra el Congreso, por negarse a elegir jueces suplentes para la Sala IV y, con ello, impedir que una serie de expedientes pudieran resolverse.
La decisión fue tomada con cuatro a favor y tres en contra. Fernando Cruz, Paul Rueda, Ingrid Hess y Jorge Araya apoyaron la resolución, mientras que Fernando Castillo, Luis Fernando Salazar y Anamari Garro salvaron el voto y votaron en contra del recurso.
La presidenta legislativa, Yara Jiménez, anunció una querella por supuesto prevaricato en contra de los cuatro magistrados firmantes.
La prórroga del nombramiento de los suplentes se mantendría hasta que los diputados elijan al menos nueve sustitutos, con base en la nómina de 18 candidatos que había remitido la Corte Suprema de Justicia a la Asamblea y que ha sido devuelta dos veces por Pueblo Soberano.
En el clip, Fernández y 24 diputados del PPSO alegaron que no pueden permitir que se violente “de manera categórica” el principio de división de poderes, fundamental en un sistema democrático.
Según Fernández, el fallo de los magistrados constitucionales sobre un recurso de amparo interpuesto por un ciudadano violenta los artículos 8, 11, 121 (incisos 3 y 20), 154, 157, 158 y 164, en lo relacionado con las potestades del Congreso para designar o remover magistrados constitucionales.
Adicionalmente, la presidenta dijo que la Carta Magna no le otorga facultades a la Sala Constitucional sobre el nombramiento, remoción o prórroga de los magistrados.
Potestad de interpretar la Constitución
El abogado constitucionalista Hubert May explicó que la sentencia de la Sala Constitucional ni desconoce ni viola el principio de separación de poderes porque solamente le dice a la Asamblea que debe ejercer su competencia.
“Una invasión de poderes es cuando un órgano invade o usurpa lo que debe hacer otros, pero eso no está sucediendo. La Sala solo le ordena a otro órgano cumplir su función, ejercer sus competencias y nombrar suplentes”, señaló May.
Además, enfatizó que ni Fernández ni los diputados pueden hacer caso omiso de la sentencia, pues tiene el valor de cosa juzgada.
“Es irrelevante lo que diga o pueda decir la presidenta Fernández con respecto al fallo. Ya es una decisión de acatamiento obligatorio. Quien incumple funciones es la Asamblea”, añadió el constitucionalista.
El abogado Marvin Carvajal calificó como irresponsable que la mandataria hable de un “golpe de Estado”, cuando es la Asamblea la que lleva meses incumpliendo su mandato de nombrar suplentes para la Sala Constitucional, lo que finalmente obliga a ese tribunal a actuar y aplicar directamente la Constitución.
A criterio del experto, la reacción del oficialismo confirma que la negativa a nombrar suplentes no era por desacuerdo con los perfiles de los 18 candidatos, sino más bien un deseo de lograr la parálisis de la Sala Constitucional e impedir que las personas vean resueltos sus recursos y acciones.
Carvajal agregó que usar el término “golpe de Estado” solo busca generar más crispación y seguir intentando deslegitimar al Poder Judicial, como parte de un movimiento dirigido desde el gobierno de Laura Fernández.
“En ninguna parte del mundo es delito interpretar la Constitución, que fue lo que hizo la Sala”, dijo Rubén Hernández, quien agregó que hablar de golpe es “jurídicamente, una estupidez”.
Respecto a la negativa de Pueblo Soberano de nombrar suplentes, Hernández apuntó que la norma del artículo 164 de la Carta Magna es muy clara, y que es la obligación de los diputados de nombrar, pues utiliza expresamente el verbo “nombrará” en relación con la designación de magistrados suplentes, sin que se plantee como una opción.
Incluso, la única forma que plantea literalmente es designar de la lista que mande la Corte Suprema y, además, obliga a que el Congreso escoja suplentes en la primera sesión ordinaria o extraordinaria que celebre la Asamblea Legislativa después de recibir la comunicación correspondiente.
Esa norma constitucional ha sido pisoteada por los oficialistas desde que la lista pasó a estudio de la Comisión de Nombramientos, a principios de este año.
Rubén Hernández también consideró que los magistrados estaban en lo cierto al tomar la medida excepcional de prorrogar el nombramiento de los suplentes, porque la prórroga es un principio general del derecho para asegurar la continuidad de la administración de justicia.
El constitucionalista Manrique Jiménez sostuvo que la mandataria debe explicar por qué habla de “golpe de Estado” cuando ningún órgano del Estado está suplantando las potestades de otro, ni subordinándolo a tal grado que haya un rompimiento del orden constitucional o un vaciamiento del derecho de la Constitución Política.
Jiménez también sostiene la tesis de la necesidad de que haya continuidad en el funcionamiento de la justicia constitucional como requisito indispensable de la continuidad del Estado democrático y social.
Expertos: Ni golpe de Estado, ni invasión de poderes
El politólogo Daniel Calvo manifestó que jamás se puede hablar de “golpe de Estado” y enfatizó que se está haciendo un uso irresponsable de esa acusación, lo mismo que del término dictador o dictadura, y desde todas partes, incluyendo las acusaciones de “dictadura presupuestaria” lanzadas desde el Poder Judicial contra los recortes exigidos por el Ejecutivo.
“Afortunadamente los poderes del Estado funcionan, están funcionando y esto habla de que el Poder Judicial está ejecutando lo que establece el orden constitucional. Que no le parezca al Poder Ejecutivo, ya eso es un conflicto entre poderes, que finalmente tendría que resolver, precisamente, la Sala Constitucional”, añadió Calvo.
El politólogo dijo que ese conflicto atiza el choque entre poderes, pero decir que es un golpe es algo muy irresponsable.
A juicio de Sergio Araya, la Sala Constitucional es la responsable de garantizar que no haya paralización del Estado como consecuencia de acciones de otro poder porque la no elección de suplentes impacta la tutela de los derechos humanos.
“Catalogar la resolución de los magistrados como un golpe de Estado es una afirmación temeraria e incendiaria, considerando la investidura de quienes lo afirman”, explicó.
El licenciado en Ciencias Políticas advirtió de que declaraciones con ese nivel de virulencia, en otros países, sirvieron de pretexto para escalar escenarios de tensión y de conflictividad que desencadenaron actos de mucha violencia ejecutados por seguidores radicales de figuras políticas.
Araya mencionó como ejemplos la toma del Capitolio en Estados Unidos en 2021 por seguidores de Donald Trump o el intento de impedir el traspaso de poderes en Brasil en 2022 por simpatizantes de Jair Bolsonaro.
Constantino Urcuyo explicó que no hay ningún golpe cuando los magistrados no están cuestionando las autoridades del gobierno ni vaciando a otro poder de la República de sus potestades, sino que le están diciendo a la presidenta legislativa que cumpla con su mandato constitucional, que cumpla con sus potestades.
“Si fuera solo una crítica, no me asustaría, pero me parece peligroso. Desde el 25 de julio se han dicho cosas muy delicadas, crean un clima de violencia verbal y eso hace el tránsito hacia la violencia real más factible”, indicó.
Urcuyo dijo que calificar de golpe lo actuado por la Sala Constitucional no es ignorancia de la presidenta, a quien él le enseñó, en la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, qué es el Estado.
El secretario general del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional), Kevin Casas, acusó a Fernández de hacer una “hiperinflación retórica” desde el oficialismo y enfatizó que no hay ningún “golpe de Estado”.
“Lo que ha habido es una resolución de un órgano competente para dirimir este tipo de controversias, como el nombramiento de magistrados, que en el pasado jamás generó una confrontación en Costa Rica”, manifestó Casas.
Agregó que es necesario tener mucho cuidado cuando de manera muy casual y muy leve se empieza a usar una terminología de ese tipo.
De hecho, no es la primera vez que el oficialismo utiliza ese término para referirse a acciones judiciales o de otro poder que el oficialismo considera una amenaza.
Así lo hizo cuando la Corte solicitó el levantamiento de la inmunidad del entonces presidente Rodrigo Chaves para afrontar una acusación penal por presunta concusión, por haber exigido a un empresario que le diera $32.000 a un asesor suyo. También lo aplicaron cuando el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) pidió el desafuero de Chaves para afrontar una decena de denuncias por presunta beligerancia política.
