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Yara Jiménez, presidenta de la Asamblea Legislativa, anunció este viernes 31 de julio que interpondrá una querella por prevaricato contra cuatro magistrados de la Sala Constitucional.
La reacción se presenta horas después de que trascendió la decisión de ese alto tribunal de prorrogar el nombramiento de los magistrados suplentes hasta que el PPSO designe nuevas suplencias, con base en la nómina de 18 candidaturas que el oficialismo ya devolvió dos veces a la Corte. El fallo obliga al Congreso a elegir nuevos magistrados, con base en esa misma lista.
El mensaje de Jiménez se emitió mediante un video publicado en las redes sociales de la Presidencia de la República, donde aparecen Jiménez, 23 diputados del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) y la mandataria Laura Fernández.
La jerarca del Congreso alegó que el Poder Judicial destruye, con su decisión, la “pobre imagen” que tiene y calificó como antojadiza la prórroga dictada por los magistrados de la Sala Constitucional para las suplencias.
La querella por prevaricato sería dirigida contra los magistrados Fernando Cruz, Paul Rueda, Ingrid Hess y Jorge Araya García, ante la Secretaría de la Corte Plena. Por otra parte, Fernando Castillo, Luis Fernando Salazar y Anamari Garro salvaron el voto y declararon el recurso de amparo del ciudadano sin lugar.
Laura Fernández habla de ‘golpe de Estado’ judicial
La presidenta de la República, Laura Fernández, calificó la sentencia de la Sala Constitucional que prorroga el nombramiento de los magistrados suplentes como un “golpe de Estado” de un sector de la Corte Suprema de Justicia contra la Asamblea Legislativa.
Según Fernández, la prórroga de los 12 suplentes ordenada por la mayoría del tribunal constitucional se realiza de manera ilegal e inconstitucional, porque el periodo les venció el 16 de diciembre de 2025.
“Eso es, ni más ni menos, que un golpe de Estado de un sector del Poder Judicial contra la Asamblea Legislativa, único poder autorizado para nombrar y destituir a los magistrados”, dijo la presidenta de la República.
La mandataria alegó, en compañía de los 24 congresistas, que no pueden aceptar que se violente “de manera categórica” el principio de división de poderes, fundamental en un sistema democrático.
Según Fernández, el fallo de los magistrados constitucionales sobre un recurso de amparo interpuesto por un ciudadano violenta los artículos 8, 11, 121 (incisos 3 y 20), 154, 157, 158 y 164, en lo relacionado con las potestades del Congreso para designar o remover magistrados constitucionales.
Adicionalmente, la presidenta dijo que la Carta Magna no le otorga facultades a la Sala Constitucional sobre el nombramiento, remoción o prórroga de los magistrados.
Por su parte, el jefe de Pueblo Soberano, Nogui Acosta, dijo que “el pueblo debe defender valerosamente la Constitución Política y el Estado de derecho” porque arguyó que están siendo fracturados por magistrados que calificó como golpistas.
“Hoy el Poder Judicial está siendo consecuente con la defensa de los valores más antidemocráticos que el pueblo ha visto”, declaró Acosta.
En la declaración hecha por la presidenta Fernández y los oficialistas, no estuvieron presentes ni Marta Esquivel, quien preside la Comisión de Nombramientos del Congreso, ni los guanacastecos Daniel Siézar y Nayuribe Guadamuz, el alajuelense Wilson Jiménez, Kattia Mora ni Kattia Calvo. La limonense Kristel Ward sigue ausente de la palestra política porque está en permiso de maternidad.
