Diputados de los partidos Liberación Nacional (PLN), Frente Amplio (FA) y la Unidad Social Cristiana (PUSC) celebraron la resolución de la Sala Constitucional que mantiene en funcionamiento ese tribunal, con el objetivo de evitar un vacío institucional y proteger los derechos fundamentales de los costarricenses.
Al resolver el recurso de amparo presentado por un ciudadano contra el Congreso, por mayoría de cuatro magistrados contra tres, la Sala Constitucional ordenó prorrogar el nombramiento de los magistrados suplentes, a los que se les venció el periodo en diciembre pasado, hasta que los diputados elijan a las nueve magistraturas suplentes faltantes.
Además, los magistrados anularon la devolución que hizo Yara Jiménez de la nómina de candidatos a suplentes y establecieron que el Congreso tiene que elegir de esa lista de 18 aspirantes.
El liberacionista Salvador Padilla y el frenteamplista Antonio Trejos, miembros de la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa, señalaron que ya la oposición había advertido al Partido Pueblo Soberano (PPSO) que era inconstitucional devolver la nómina de 18 candidatos a magistrados suplentes, sin asegurar las designaciones necesarias para evitar una parálisis de la justicia constitucional.
Para el verdiblanco, es una resolución histórica de los magistrados constitucionales que consideran acertada, porque busca tutelar los derechos de los costarricenses que acuden a la Sala Constitucional por justicia.
El jefe del PLN, Álvaro Ramírez, aseguró que le tocó a la Sala Constitucional resolver lo que no pudo el Congreso, por culpa de Pueblo Soberano, lo que ha generado cientos de personas sin derecho a un medicamento, a una operación y tantos otros derechos que necesitan tutela.
El vocero verdiblanco también señaló que en el centro de la decisión está la tutela de los derechos fundamentales que establece la Constitución Política.
Para Trejos, la resolución extraordinaria evita un vacío institucional contra acciones del Poder Ejecutivo que buscan impedir el funcionamiento del sistema judicial, no solo por evitar el nombramiento de sus magistrados, sino también por recortarle el presupuesto al Poder Judicial.
El frenteamplista advirtió que serán vigilantes de que la medida adoptada por la Sala Constitucional sea temporal, proporcional y orientada a garantizar los derechos de la ciudadanía.
“Desde la Asamblea, vamos a garantizar que el nombramiento de los magistrados se haga y se haga pronto, con respeto a la separación de poderes y acorde con las necesidades de los costarricenses”, dijo Trejos.
La jefa de la Unidad Social Cristiana (PUSC), Abril Gordienko, se declaró alegre porque el fallo de la Sala Constitucional “pone fin a este largo calvario de varios meses de espera por las magistraturas suplentes”.
La congresista consideró la decisión como la correcta y recordó que, desde que entraron en funciones, en mayo, advirtieron que es responsabilidad constitucional y obligación elegir magistrados de la nómina enviada por la Sala Constitucional.
Gordienko agregó que la polémica se alargó innecesariamente porque Pueblo Soberano se ha negado siquiera a estudiar los perfiles.
“Nuestra institucionalidad y nuestra Constitución funcionan cuando tienen que funcionar y tienen las soluciones y herramientas para que los derechos de las personas no queden desprotegidos”, aseguró.
La socialcristiana espera que la fracción oficialista no ponga más obstáculos y estudie los perfiles de las personas candidatas para definir quiénes asumirán las suplencias a la brevedad.
“Si bien esta solución es para el momento, no puede ser permanente”, dijo.
Por el momento, ni el jefe del PPSO, Nogui Acosta, ni la presidenta legislativa, Yara Jiménez, han emitido ninguna declaración relacionada con la decisión de la Sala Constitucional.
