Los diputados del Partido Pueblo Soberano (PPSO) aprobaron una metodología para el proceso de reelección de la magistrada de Sala II Julia Varela en la que le solicitan más requisitos de los establecidos en la Constitución Política.
El documento aprobado le exige a Varela acreditar que cuenta con al menos diez años de experiencia en la administración o manejo de presupuestos públicos o privados por un monto igual o superior a ¢100 millones.
La magistrada deberá demostrar con documentos su participación en la gestión de presupuestos por ese monto, así como el cargo y las funciones desempeñadas.
La metodología fue aprobada el pasado miércoles 5 de agosto con los votos de los oficialistas Marta Esquivel, Antonio Barzuna, Stephan Brunner y Gerald Bogantes. En contra, la oposición: los liberacionistas Salvador Padilla y Janice Sandí, así como el frenteamplista Antonio Trejos.
La reelección de Varela, al igual que la de cualquier magistrado, es automática, según la Constitución Política. Es decir, queda reelegido por un nuevo periodo de ocho años, salvo que al menos 38 diputados voten en contra antes de que concluya el periodo anterior.
Riesgo de inconstitucionalidad
En 2013, la Sala Constitucional anuló un reglamento legislativo para la elección de magistrados suplentes aprobado en febrero del 2012 porque sobrepasaba los requisitos que la propia Constitución establece.
En ese momento, los altos jueces consideraron que la norma vulneraba el derecho de los aspirantes a participar. Por ello, resolvieron que tanto quienes fueron excluidos como nuevos interesados podrán postularse nuevamente, siempre que cumplan los requisitos constitucionales para ser magistrados.
Los únicos requisitos que establece la Constitución Política, según el artículo 159, son:
- Ser costarricense por nacimiento, o por naturalización con domicilio en el país no menor de diez años después de obtenida la carta respectiva.
- Ser ciudadano en ejercicio.
- Ser del estado seglar.
- Ser mayor de 35 años.
- Poseer el título de abogado y haber ejercido la profesión durante diez años por lo menos, salvo funcionarios judiciales con práctica en esa rama no menor de cinco años.
Durante la audiencia del pasado 5 de agosto, la diputada Janice Sandí advirtió: “Ser administrador de presupuestos públicos no es un requisito. Quiero recordar que quien está a cargo de dirigir ejecutivamente el manejo presupuestario de la Corte Suprema de Justicia es la Dirección Ejecutiva, con un director ejecutivo, a quien sí se le exige tener experiencia en administración o ser licenciado, además de ser abogado. Ese sí tiene ese requisito”.
El legislador oficialista, José Miguel Villalobos, también advirtió: “Todo este tema de valoración y ponderación es absolutamente inconstitucional”.
Según Villalobos, la decisión corresponde discrecionalmente al Poder Legislativo. A su criterio, obtener 38 votos es suficiente tanto para elegir a un magistrado como para bloquear su reelección o la elección de un candidato, sin necesidad de justificar.
Numerosa cantidad de requisitos
La moción aprobada le otorgó a Varela un plazo de una semana para entregar los requisitos solicitados. Ese tiempo vencerá el 12 de agosto a las 11 a. m.
La comisión le pide también cumplir con los artículos 160 y 161 constitucionales. El primero establece que no podrá ser elegido magistrado quien tenga parentesco por consanguinidad o afinidad, hasta tercer grado inclusive, con algún miembro de la Corte Suprema de Justicia.
Sin embargo, los diputados también exigen que no tenga ese parentesco con personal de la Corte, ni con el personal gerencial o de los órganos auxiliares.
Otros requisitos que pide la comisión son los siguientes:
- Al día con el pago de sus obligaciones tributarias respecto al Ministerio de Hacienda y municipalidades, tanto a título personal como de sus sociedades.
- Al día con el pago de sus impuestos y cargas sociales, a título personal y a nombre de sus sociedades, con el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
- Debe certificar si en los últimos cinco años ha tenido sanciones, investigaciones o procedimientos disciplinarios, administrativos o penales en su contra ante instituciones públicas u organismos profesionales.
- Que se encuentra incorporado al Colegio de Abogados, con indicación de fecha de incorporación y en qué condición se encuentran sus obligaciones con dicho colegio, así como si existen sanciones o procesos disciplinarios pendientes en su contra.
- La existencia o no de procesos de violencia doméstica en su contra, en los últimos diez años.
- Copia certificada de títulos universitarios, títulos de cursos, seminarios u otros estudios atinentes al cargo.
- Referencia bibliográfica de todos los libros, revistas y artículos de su autoría con consejo editorial.
- Hoja de vida
- Certificación de la trayectoria laboral en el Poder Judicial, con cargos, funciones, tiempo de servicio y permisos solicitados, incluidos sus motivos y, cuando corresponda, estudios o títulos obtenidos.
- Certificación de años laborados como profesional en derecho en otras instituciones.
- Certificación de la experiencia docente, con cursos impartidos y horas dedicadas en cada periodo.
- Certificación de antecedentes penales.
- Un informe general de labores en su periodo actual como magistrada
Entrevista y advertencia
La Comisión de Nombramientos recibirá en audiencia a Varela, pero advierte que los diputados no se reunirán con las personas postulantes fuera de las audiencias oficiales y les solicita abstenerse de realizar cabildeo o promover sus candidaturas, ya sea directamente, mediante terceros o por medios electrónicos.
Si se acredita alguna de estas conductas, la persona postulante no será recibida en audiencia ni sus atestados serán sometidos a evaluación.
La diputada liberacionista Sandí advirtió nuevamente que la amenaza de no recibir los atestados es “totalmente inconstitucional”. Además, denunció que esa disposición había sido eliminada como parte de un acuerdo, pero posteriormente fue reincorporada pese a lo negociado.