“Nos falta el Poder Judicial”. La frase, pronunciada en abril por Rodrigo Chaves ante un auditorio evangélico, fue la confesión más honesta que un gobernante costarricense ha hecho en décadas sobre cómo entiende el poder: como territorio por conquistar, no como función a respetar.
Meses después, ese plan de autor se ve claramente ejecutado: recortes presupuestarios, querella penal contra cuatro magistrados por fallar contra el Ejecutivo, vituperios semanales y un bloqueo sistemático al nombramiento de magistrados suplentes. No hay aquí un choque de poderes espontáneo, sino la ejecución paciente de un proyecto anunciado en voz alta. Van en serio, y van con todo.
Conviene recordar por qué esto es grave más allá de la coyuntura. La separación de poderes –ese concepto que Chaves menciona con voz socarrona– es el mecanismo que impide que una mayoría circunstancial, por legítimo que sea su origen electoral, se convierta en un poder sin límites. Montesquieu lo explicó hace casi tres siglos y Costa Rica lo institucionalizó mejor que casi cualquier otro país de la región: un Poder Judicial capaz de decirle no al Ejecutivo y a la Asamblea es la prueba de que la democracia funciona, no de que ha fallado.
Cuando una Sala Constitucional resuelve en contra del gobierno de turno y ese gobierno responde acusando a los magistrados de “golpistas” y “traidores a la patria”, el problema definitivamente no es la sentencia dictada, sino la premisa de que la justicia solo es legítima cuando falla a favor de quien gobierna.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) dijo este mismo año, con menos dramatismo pero igual claridad, que el sistema judicial costarricense tiene bases sólidas de independencia, pero mantiene debilidades reales en nombramiento y control interno.
Ese diagnóstico suele leerse solo hacia delante, como advertencia sobre las magistraturas por nombrar. Pero la vigilancia no puede limitarse a esos magistrados que llegarán, sino que también corresponde fiscalizar con el mismo rigor a quienes ya ocupan una magistratura.
La independencia judicial no se pierde solo por asedio externo (presupuestos ahogados, querellas intimidatorias, discursos que llaman “basura” a la institución). También se erosiona desde adentro, cuando a lo interno de la Corte empiezan a distinguirse quienes actúan con criterio técnico de quienes, con menos ruido pero no menos consecuencia, se van alineando con un bando político.
Ese fenómeno no se anuncia en un discurso ante pastores evangélicos, pero se manifiesta en votos salvados, en silencios selectivos y en afinidades que conviene observar sin prejuzgar culpables. Un magistrado que falla sistemáticamente a favor del poder de turno es tan preocupante como uno que convierte cada sentencia en trinchera contra ese mismo poder; ambos sustituyen el criterio jurídico por el cálculo político. Cada magistrado, nombrado o por nombrar, tiene derecho a su independencia; lo que ningún ciudadano debería tolerar es que esa independencia sirva de fachada para una lealtad que no se declara. Ese riesgo no es hipotético.
Nada de esto exime al Poder Judicial de sus propias deudas. El propio presidente de la Corte lo reconoció al abrir el año judicial: hay mora, hay lentitud y demasiados casos que se refugian en formalismos, y esta situación les ha dado argumentos fáciles a quienes hoy se esfuerzan por debilitarlo.
La autocrítica es sana, pero debe traducirse en resultados verificables frente al crimen organizado. Pero exigir eficacia no es exigir sumisión, y quienes hoy reclaman celeridad son, con frecuencia, los mismos que le retiran los recursos para lograrla.
Ahogar económicamente a una institución y luego señalarla por no rendir es una estrategia, no una contradicción. Mal haría el Poder Judicial si cae en esa trampa que le están tendiendo. Deben sacar lo mejor de la institución para lidiar con los vientos adversos que se pronostican durante este cuatrienio. Y hay que recordar al Poder Judicial que, si exige respeto a su independencia, también tiene la obligación de merecerlo cada día, con nombramientos transparentes y sentencias sostenidas por su argumentación jurídica, no por la posición de quien las firma.
La masiva concentración ciudadana del pasado 6 de agosto en la plaza de la Democracia demuestra que buena parte del país todavía entiende lo que está en juego y ve en el Poder Judicial su última esperanza.
Pero la calle no puede ser el único contrapeso. Hacen falta garantías estructurales, nombramientos técnicos y transparentes, un blindaje presupuestario que impida el chantaje fiscal disfrazado de austeridad y una cultura institucional en que ningún magistrado sienta que su carrera mejora acercándose a un bando político.
Costa Rica no construyó su Poder Judicial para que terminara siendo, como prometió un expresidente, el último territorio por conquistar. Lo construyó para impedir que ningún poder conquistara a los demás.