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El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez, presentó el 28 de julio un recurso de revocatoria ante el Ministerio de Hacienda con la intención de revertir los recortes presupuestarios aplicados al Poder Judicial.
En el recurso, Aguirre argumentó que una serie de disposiciones emitidas por la Dirección General de Presupuesto Nacional y la Tesorería Nacional imponen un tope del 90% a las cuotas de gasto del tercer y del cuarto trimestre del ejercicio económico 2026, lo que representa una retención del 10% de los recursos operativos del Poder Judicial.
El Poder Judicial sostiene que Hacienda no posee la competencia constitucional ni legal para alterar mediante simples circulares administrativas la Ley de Presupuesto aprobada por la Asamblea Legislativa. Señaló que cualquier modificación o recorte al presupuesto aprobado exige tramitar un presupuesto extraordinario en el Congreso, respetando la consulta preceptiva a la Corte Plena y la aprobación por mayoría calificada de 38 votos.
Además, el Poder Judicial advierte de un vicio inicial en la eficacia del acto porque las notificaciones se enviaron a la Dirección Ejecutiva y al Macroproceso Financiero Contable en lugar de canalizarse mediante la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia, órgano oficial de comunicación según el artículo 146 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Aguirre precisó que estas decisiones imponen un estado de contención financiera que amenaza la independencia judicial. Asimismo, la Corte cuestiona que se pretenda aplicar una reducción general cuando la institución ya cedió más de ¢11.608 millones e indica que las retenciones al sistema de justicia representan apenas el 0,024% del presupuesto nacional total.
“Los actos cuestionados presentan un vicio de nulidad absoluta con efectos continuados por carecer ese órgano de competencia para modificar por simple oficio administrativo una Ley en sentido material (...). Hacienda utiliza la programación financiera y cuotas para subvertir y recortar de facto lo que el ordenamiento jurídico y la Asamblea Legislativa permitieron”, argumenta el recurso.
Ante este escenario, la presidencia de la Corte solicitó anular los actos impugnados y declarar su ilegalidad e inconstitucionalidad. Además, solicitó que cautelarmente se suspenda las disposiciones administrativas impugnadas, dadas las graves afectaciones que pueden provocar en el Poder Judicial.
‘Desviación de poder’ y afectación directa en la investigación criminal y juicios
Según el recurso de Aguirre, los recortes afectan directamente la seguridad nacional, el orden constitucional y los derechos fundamentales de las personas usuarias.
Por eso, para el Poder Judicial, Hacienda incurre en una “desviación de poder material y una lesión grave al principio de supremacía constitucional”.
“Pretender que el Poder Judicial absorba un recorte caprichoso del 10% en sus cuotas trimestrales sin importar el colapso operativo que esto genera en la investigación criminal y el acceso a los tribunales, transgrede flagrantemente la razonabilidad, la proporcionalidad y el pacto democrático fundamental de Costa Rica”, denuncia el magistrado presidente.
Los informes técnicos incorporados en el recurso detallan un impacto severo en la prestación de los servicios públicos de justicia.
La Dirección General del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) determinó que el 91,81% de los recursos recortados afecta rubros de criticidad alta y crítica.
Esta limitación compromete la disponibilidad de combustible, los viáticos, los repuestos y el mantenimiento de la flotilla vehicular, elementos esenciales para atender eventos imprevistos, levantamientos de cadáveres, peritajes forenses y operativos policiales de gran escala.
Por su parte, la Dirección Ejecutiva comunicó el riesgo inminente de que se reprogramen o suspendan juicios y audiencias debido a la escasez de fondos para transporte de juzgadores y contrataciones especializadas. El recorte atenta contra el equipamiento técnico de las salas de juicios y condiciona la contratación de peritajes, estudios antropológicos y traductores, necesarios para garantizar la atención de poblaciones vulnerables e indígenas.
Adicionalmente, la Oficina de Atención y Protección a Víctimas y Testigos reportó compromisos en sus operaciones tras registrar 9.966 ingresos de casos en el primer semestre de 2026.
Según un informe, se podrían producir retrasos en la implementación de medidas de protección, suspensión de actividades operativas, disminución de la frecuencia del seguimiento de casos, entre otras limitaciones.
Vicios
Aguirre argumenta que los actos administrativos presentan vicios en cuanto al motivo, al contenido y al procedimiento.
- Contenido
Según el recurso, Hacienda no interpretó de forma adecuada el artículo que usó como sustento para aplicar los recortes (42 de la Ley 8131).
Primero, porque el numeral dispone que debe ser el Consejo de Gobierno el que apruebe lineamientos de subejecución. Esas directrices deben ser generales y corresponde al jerarca de cada institución tomar la decisión final.
Segundo, porque el Poder Judicial posee autonomía constitucional y no está sujeto a los otros poderes del Estado ni al Consejo de Gobierno.
- Procedimiento
El recurso argumenta que el recorte no puede provenir de un simple acto administrativo del Ministerio de Hacienda, pues los recursos fueron aprobados por el Congreso; se estarían usurpando funciones legislativas.
Se debió, además, consultar al Poder Judicial sobre los recortes, de acuerdo con el artículo 167 constitucional. Por afectar su organización o funcionamiento, se requieren 38 votos en la Asamblea Legislativa.
“A través de los oficios combativos (combatidos) – vía de hecho- busca burlar el ordenamiento jurídico constitucional vigente impactando de manera evidente y manifiesta el presupuesto y el funcionamiento del Poder Judicial.
Para el Poder Judicial, los actos administrativos cuestionados carecen de fundamentación, pues no justifican el porcentaje de reducción aplicado a la cuota ni explican las razones para adoptar esa medida, pese a las necesidades institucionales existentes y al interés público involucrado.
“Se pretende justificar un recorte arbitrario del 10% en las cuotas trimestrales de gasto (III y IV trimestre) conforme a invocaciones genéricas de “sostenibilidad fiscal”, sin realizar un análisis técnico, particularizado y ponderado que demuestre la necesidad imperiosa de recortar los recursos de un Poder de la República", dice el recurso de Aguirre.
El presidente de la Corte citó que la presidenta Laura Fernández y su ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, han expresado que el país cuenta con unas finanzas públicas “solventes y sanas”, por lo que “no se evidencia un motivo que fundamente la comunicación realizada”.
Tensión en aumento
La relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial atraviesa uno de sus momentos de mayor tensión. Durante la administración de Rodrigo Chaves, de la que Laura Fernández se presenta como continuista, fueron recurrentes los señalamientos contra la Corte Suprema de Justicia.
Los ataques se centran en el presidente judicial, Orlando Aguirre; la presidenta de la Sala de Casación Penal, Patricia Solano; el fiscal general, Carlo Díaz; y otros integrantes del sistema de justicia. La tónica en la actual administración de Fernández ha sido la misma.
Ahora, el conflicto se centra en los recortes presupuestarios impuestos por el Ministerio de Hacienda contra los jueces y en el manejo del caso de alias Diablo.
Al menos tres recortes ha ejecutado Hacienda al Poder Judicial:
- Un recorte de ¢26.549 millones al presupuesto para el 2027
- Una reducción de ¢3.053 millones al presupuesto 2026 que afectará el gasto operativo.
- Michael Soto, director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), reveló que, tras la balacera en que las autoridades judiciales detuvieron al hombre más buscado de Costa Rica, Alejandro Arias Monge, alias Diablo, le comunicaron que el gobierno le aplicó una nueva rebaja presupuestaria a la Policía Judicial. Se trata de un recorte adicional de ¢5.731 millones.
