Ministerio de Hacienda pone en peligro los allanamientos del OIJ, denuncia el Poder Judicial
Nuevo recorte de Hacienda será de ¢3.053 millones
Las autoridades de la Corte Suprema de Justicia convocaron a una conferencia a las 5 p. m. del 20 de julio para denunciar afectaciones por el recorte presupuestario. Sebastián Sánchez
Las autoridades de la Corte Suprema de Justicia convocaron a una conferencia a las 5 p. m. del 20 de julio para denunciar afectaciones por el recorte presupuestario. (Sebastián Sánchez/Sebastián Sánchez)
El Poder Judicial calificó de “crítico” el recorte de ¢3.053 millones a su presupuesto del 2026 que ejecutó el Ministerio de Hacienda, que afectará el gasto operativo.
En una conferencia de prensa realizada la tarde de este lunes, los jerarcas judiciales advirtieron de que la disminución no se aplicará mediante un presupuesto extraordinario. Según explicaron, Hacienda simplemente dejará de girar esos recursos, pese a que el monto ya había sido aprobado por la Asamblea Legislativa en el ejercicio presupuestario del 2026.
Entre las principales afectaciones están: limitaciones para realizar operativos del OIJ, imposibilidad de adquirir licencias de software y plataformas para el análisis criminal, afectación en la atención y protección de víctimas, restricciones para contratar intérpretes, así como la reprogramación de juicios y la suspensión de diligencias judiciales.
Carlo Díaz se refiere a las afectaciones que sufrirán las víctimas por el recorte de presupuesto al Poder Judicial
“La situación para la institución lamentablemente es muy crítica. Estas son las consecuencias de las decisiones que ha tomado el Ministerio de Hacienda, incluso ya el rebajo del tercer trimestre del año está plasmado en sistema y ya se materializó”, dijo la directora ejecutiva del Poder Judicial, Ana Eugenia Romero.
Explicó que los ¢3.053 millones representan el 42% del saldo del presupuesto de los jueces para gastos operativos, ya que para lo que resta del año quedaba alrededor de ¢7.000 millones. Detalló que en este recorte no están comprendidas las remuneraciones, pues estas ya fueron liberadas en su totalidad.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, detalló que este nuevo recorte fue comunicado por Hacienda la semana anterior. Describió la decisión como “unilateral” e insistió en que afectará la prestación de los servicios.
Cada uno de los jerarcas judiciales detalló cómo impactará este nuevo recorte a sus diferentes órganos.
De izquierda a derecha: Michael Soto, director del OIJ; Ana Eugenia Romero, directora ejecutiva; Orlando Aguirre, presidente de la Corte; Patricia Solano, presidenta Sala III; Juan Carlos Pérez, director de la Defensa Pública; y Carlo Díaz, fiscal general. (Sebastián Sánchez/La Nación)
Patricia Solano, presidenta Sala III:
No habrá dinero para pagar transporte y alimentación para víctimas para asistir a audiencias judiciales
Sin recursos para trasladar funcionarios judiciales a realizar dictámenes técnicos
Michael Soto, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ)
OIJ se quedaría sin combustible hacia final del año, afectando personal que trabaja con levantamiento de cuerpos o traslado de reos
Afectación en los viáticos, complicaría las operaciones a lo largo del país que realiza el OIJ
Sin recursos para pericias en diciembre, como pruebas que realizan de los laboratorios forenses
Carlo Díaz, fiscal general de la República
Recorte impediría contratar peritajes y obligaría a víctimas a pagarlos para avanzar sus casos
Sin traducciones de documentos, que afecta casos de crimen organizado y narcotráfico
Sin traducción para víctimas o imputados
No se podría apoyar a víctimas que requieran servicios o implementos médicos, como casos violación
Sin capacidad de colaborar en servicios funerarios y compra de ataúdes
Sin capacidad para realizar mantenimiento o reparación de infraestructura
Sin licencias de softwarey plataformas para el análisis criminal
Disminuiría operatividad del Ministerio Público, por reducción de viáticos
Juan Carlos Pérez, director de la Defensa Pública
Riesgo de que cesen el servicio de 20 oficinas en el país
Críticas al mecanismo de recorte
La presidenta de la Sala Casación Penal, Patricia Solano, cuestionó el mecanismo elegido por el Ejecutivo para materializar el recorte, pues en condiciones normales, se requiere pasar por el Congreso.
Al afectar el funcionamiento del Poder Judicial, se hubiese requerido una mayoría calificada para la aprobación del recorte. Sin embargo, al elegir la vía de simplemente no transferir recursos, se evita la aprobación legislativa, según la funcionaria.
Patricia Solano denuncia que el Ejecutivo ahoga económicamente al Poder Judicial
“Recibimos un nuevo comunicado del Ministerio de Hacienda, ahora no por la vía de un rebajo mediante un presupuesto extraordinario (...) sino, ahora, mediante un rebajo de la cuota de la programación financiera del Poder Judicial. Estamos hablando de forma homóloga al flujo de caja que tiene el PJ para atender sus gastos”, dijo la directora ejecutiva.
