“Resultaría incoherente deliberar sobre el fortalecimiento de la seguridad mientras se exige un recorte que debilita las capacidades necesarias para hacerla efectiva”, le indicó.
El jerarca judicial le señaló a la presidenta que ese día la Corte Plena celebrará su sesión ordinaria para conocer “la magnitud de las afectaciones” que producirá el recorte declarado por el Ministerio de Hacienda al presupuesto del Poder Judicial.
“La institución enfrenta esta decisión después de años de autocontención, aprobación de presupuestos insuficientes y transferencia inoportuna de recursos aprobados por la Asamblea Legislativa. Estas circunstancias ya han limitado la incorporación de personal, el fortalecimiento de capacidades indispensables para combatir la criminalidad y disminuir sustantivamente el rezago judicial”, le reprochó.
Según Aguirre, el Poder Judicial ha contribuido de “manera verificable” al esfuerzo fiscal del país. Añadió que mantienen niveles de ejecución presupuestaria cercanos al 100% y ha adoptado medidas de contención que han incidido sobre sus posibilidades reales de operación.
“El recorte adicional exigido no supone, por tanto, la eliminación de recursos ociosos. Sus efectos recaerán sobre la prestación del servicio, la investigación criminal, la persecución penal, la atención de las víctimas, la reducción del rezago y la capacidad de los tribunales para responder oportunamente”, dijo el jerarca judicial.
Aguirre le añadió a Fernández que la ausencia en la cita “no expresa indiferencia frente a la seguridad del país”; más bien, según dijo, todos los días el Poder Judicial se enfrenta a ella con la prestación de la justicia y que ese poder “sostiene una parte esencial de la respuesta estatal” al delito.
Adelantar criterio
El segundo motivo, según explicó Aguirre, es que la agenda convocada para ese día, en la reunión entre poderes, se refiere “a actuaciones, procedimientos y decisiones vinculadas con el ejercicio de competencias jurisdiccionales”.
Por ello, la participación del presidente de la Corte y la presidenta de la Sala Tercera de Casación Penal, Patricia Solano, “podría dar lugar a valoraciones o compromisos susceptibles de condicionar, directa o indirectamente, la independencia de criterio que deben conservar quienes intervienen en la resolución de asuntos concretos”.
La reunión convocada por Fernández es una sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, según confirmó Aguirre.
La posición de las autoridades judiciales trascendió en la misma tarde en la que funcionarios judiciales y grupos sindicales se manifestaron frente al edificio de Tribunales, en San José, donde rechazaron recortes al presupuesto del Poder Judicial y defendieron al Ministerio Público y a la Sala Constitucional.
