Un recorte de ¢26.549 millones al presupuesto del Poder Judicial para el 2027, como lo propone el Ministerio de Hacienda, podría implicar el cierre de oficinas judiciales, la pausa en proyectos de infraestructura, obstáculos en las investigaciones criminales y en los operativos policiales.
Así lo advirtieron, en entrevista con La Nación, el director de Planificación del Poder Judicial, Allan Pow Hing, y Ana Eugenia Romero, directora ejecutiva de ese poder de la República.
“Representa un retroceso en el acceso a la justicia y sobre todo resulta la mayor afectación en las personas usuarias, sobre todo aquellas que se encuentran en condición de vulnerabilidad”, afirmó Pow.
Los funcionarios destacaron que, en los últimos cuatro años, el Poder Judicial ha incrementado su productividad en la resolución de sus asuntos en aproximadamente un 27%, en comparación con el 2021.
Ese porcentaje lo atribuyen a esfuerzos institucionales como la digitalización de los servicios y la implementación de tecnología para resolver más con los mismos recursos institucionales, en un contexto de “cifras históricas de homicidios” y un incremento en las denuncias que ingresan a los despachos alrededor del país.
El pasado 24 de junio el ministro de Hacienda y de la Presidencia, Rodrigo Chaves, anunció una serie de eventuales recortes a los a los presupuestos de poderes de la República e instituciones para el presupuesto ordinario del 2027.
En el caso del Poder Judicial, que destina aproximadamente el 80% de sus recursos al pago de planillas, el recorte implicaría un 5% de su presupuesto, lo que se traduce en aproximadamente ¢26.549 millones.
Esta reducción, sin embargo, necesitaría al menos 38 votos para su aprobación en la Asamblea Legislativa.
¿Qué implicaría esta disminución?
Aunque por el momento no se ha concretado este recorte, los funcionarios explicaron que implicaría el cierre de servicios, oficinas judiciales y juzgados contravencionales, principalmente por dificultades para cubrir el costo del alquiler de los edificios, así como los servicios de agua, electricidad, teléfonos e Internet.
Estos cierres llevarían a trasladar y centralizar las plazas ya existentes en las cabeceras, donde el Poder Judicial tiene sus edificios propios.
Solo como ejemplo, explicaron que el cese de las oficinas en Esparza o Monteverde implicaría que los usuarios deban trasladarse hasta Puntarenas para recibir los servicios. Esto, advirtieron, además de significar una incomodidad, conllevaría una sobrecarga en las oficinas centrales.
Precisamente, explicaron que los análisis institucionales señalan que algunos de los servicios que resentirían esa centralización son los vinculados con violencia doméstica y pensiones alimentarias, así como las atenciones 24/7 para la recepción de denuncias de delitos como homicidios, robos y violencia sexual.
Este medio consultó el número de oficinas que eventualmente podrían cerrar; no obstante, los funcionarios indicaron que el dato es preliminar y todavía no puede ser de conocimiento público.
Limitaciones en investigaciones criminales
De acuerdo con los funcionarios, la reducción en el presupuesto limitaría también la investigación criminal por incapacidad para pagar a los agentes y fiscales, sobre todo en asuntos de crimen organizado, pues, en muchos casos, estos se investigan en horas no hábiles, durante la noche, la madrugada o los fines de semana.
Además, afirman que ocasionaría una afectación directa al personal judicial, debido a que el dinero no bastaría para dotarlo de armas y chalecos.
El presupuesto tampoco sería suficiente para reemplazar 119 vehículos del Poder Judicial que deben sustituirse, lo que no solo pondría en riesgo los operativos, sino también diligencias judiciales como notificaciones, investigaciones, trabajo de campo, vigilancias y peritajes de trabajo social y psicología, entre otros.
Alto a proyectos de infraestructura
Hoy en día, el Poder Judicial ejecuta proyectos para modernizar los sistemas eléctricos de sus instalaciones por órdenes del Ministerio de Salud y para acatar las disposiciones de la Ley de Bomberos. Además, continúan en marcha proyectos de seguridad institucional para fortalecer los edificios judiciales.
Según indicó la directora ejecutiva, Ana Eugenia Romero, este Poder de la República tiene un plan de seguridad que se ha venido ejecutando de forma lenta, “precisamente por recortes presupuestarios”. Uno de estos proyectos se desarrolla en el edificio de Tribunales, en San José, donde se está reforzando el perímetro por motivos de seguridad.
“Solo para citar algún ejemplo, el hecho de que nos limiten los recursos pues va a provocar que ese proyecto se suspenda con todas las consecuencias que eso traería (...) Así muchos otros de mantenimiento, que están sobre todo orientados al fortalecimiento de los sistemas eléctricos”, afirmó.
Servicios digitales
“La institución ha apostado por los servicios digitales, pero eso tiene un altísimo costo, la inteligencia artificial, por ejemplo, y todo el equipamiento que se requiere, pues tendríamos que retroceder”, afirmó Ramos.
Los recortes impedirían, de acuerdo con los funcionarios, que el expediente pueda tramitarse con mayor rapidez y que, eventualmente, los defensores, fiscales e investigadores deban apersonarse a los despachos para consultar información sobre el legajo, en lugar de hacerlo en línea.
“En materia de tecnologías de la información, ofrecemos los servicios digitales. Queremos seguir avanzando en la digitalización de la jurisdicción penal, porque en las jurisdicciones no penales ya estamos 100% digitales. Estamos parcialmente avanzando, en un 10% aproximadamente, en los servicios penales. Queremos llegar a ese 90% para cerrar la brecha digital, pero estas restricciones presupuestarias nos limitan”, aseveró el director de Planificación.
En cuanto a tecnología, agregan que también estarían en riesgo los servicios digitales que requiere el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para sus labores de investigación. Como ejemplo, citaron que para la apertura de teléfonos celulares se requiere una licencia de cómputo costosa.
“Podría ser que no lleguemos a tener los recursos para pagar esa licencia (...) El Organismo es una policía científica que basa muchas de sus pericias en todo el desarrollo tecnológico”, dijo Ramos.
Entre las posibles afectaciones citaron la incapacidad de la Sala Constitucional para conocer asuntos entrantes y un eventual retraso en la resolución de los procesos penales y en los señalamientos a juicio, por falta de personal para atender una demanda que es creciente.