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El ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves, afirmó que el Gobierno no solicitó autorización al Poder Judicial para aplicar un recorte presupuestario de ¢27.000 millones para lo que resta de 2026; sin embargo, el contenido del oficio que él firmó y remitió a la Corte Suprema de Justicia evidencia que sí hubo un requerimiento formal para que esa institución definiera cómo ejecutar la reducción.
Durante la conferencia de prensa del miércoles 1.º de julio en Casa Presidencial, Chaves aseguró que el Ejecutivo no planteó la medida como una solicitud. “No les pedimos a la Corte Plena que estuviera de acuerdo con el recorte, no (...) Nosotros no le mandamos una solicitud al Poder Judicial. No fue: ‘¿Usted nos permitiría?’”, manifestó.
Según el jerarca, lo que se envió fue únicamente “una notificación” sobre la disminución al plan de gastos del Poder Judicial, para lo que resta del año, mediante un presupuesto extraordinario que está en elaboración por parte del Ejecutivo y que, posteriormente, será enviado al Congreso.
En esa misma línea, insistió en que el Gobierno no estaba consultando a la Corte Suprema de Justicia: “No le estamos diciendo: ‘¿Usted está de acuerdo?’. Nadie les preguntó. Le vamos a mandar eso al Poder Legislativo y veremos qué decide la Comisión de Hacendarios, primero, y luego el plenario”.
Oficio contradice afirmaciones de Chaves
No obstante, el oficio fechado el 24 de junio y dirigido al presidente del Poder Judicial, el magistrado Orlando Aguirre, planteaba un tono y un contenido distintos a lo expresado por el ministro en conferencia de prensa.
En el documento, firmado por el propio Chaves, el ministro indicaba que el requerimiento se formulaba “en restricto respeto a la independencia que la Constitución Política otorga al Poder Judicial”. Además, solicitaba explícitamente a esa institución participar en la definición del ajuste: “Se solicita a su representada emitir una propuesta de recorte que identifique las subpartidas en las que, a su criterio, resulte factible aplicar dicha reducción”.
El oficio también reconocía limitaciones sobre el alcance del ajuste y dejaba margen de decisión al Poder Judicial. Señalaba que una parte significativa del monto a recortar corresponde a recursos no sujetos a la regla fiscal y a fondos con destinos específicos definidos por ley, lo que reduce el margen de maniobra institucional.
En ese contexto, el Ministerio indicó que “entiende y respeta que el Poder Judicial concentre el esfuerzo solicitado en aquellas partidas de carácter discrecional, preservando íntegramente las obligaciones legales ineludibles”.
Asimismo, el documento enfatizaba que la petición no pretendía invadir competencias: “El llamado que este Ministerio formula no implica injerencia alguna en el ámbito competencial de su representada ni desconoce la división e independencia de los Poderes de la República (...)”.
La comunicación tenía como objetivo plantear una reducción del 5% del presupuesto institucional del Poder Judicial para el 2026, equivalente a ¢27.076 millones. Además, se enmarcaba en el proceso de formulación del presupuesto nacional para el 2027, que el Ejecutivo debe presentar a la Asamblea Legislativa a más tardar el 1.º de setiembre.
A partir de ese requerimiento, la Corte Plena acordó el lunes 29 de junio aplicar un recorte parcial: aprobó una disminución de ¢13.242 millones para lo que resta del 2026, pero rechazó realizar un ajuste similar en el presupuesto del 2027.
