El pasado 24 junio, Chaves informó que enviaría cartas al Poder Legislativo, Poder Judicial, Contraloría General de la República, Defensoría de los Habitantes y Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), entre otras entidades, para comunicarles la medida que tiene como objetivo la eficiencia del gasto estatal.
Según explicó, el gobierno remitirá a la Asamblea Legislativa un presupuesto extraordinario que contempla rebajas equivalentes al 5% en el gasto de distintas instituciones.
Detalló que en el caso del Poder Judicial el ajuste rondaría los ¢27.000 millones, mientras que para la Defensoría de los Habitantes sería de aproximadamente ¢311 millones y para la Contraloría General de la República cerca de ¢2.000 millones.
Además, el jerarca añadió que el presupuesto ordinario de 2027 también incluirá recortes para esas entidades, aunque recordó que corresponde a la Asamblea Legislativa aprobar o rechazar las propuestas del Ejecutivo.
Recorte no constituye un simple ajuste administrativo, según Acojud
Para la Acojud, el recorte no constituye un simple ajuste administrativo, sino una decisión que compromete la capacidad del Estado para investigar delitos, proteger a las víctimas, resolver conflictos judiciales y garantizar el acceso efectivo a la justicia.
La asociación señaló que disminuir los recursos del Poder Judicial tendría consecuencias directas para la ciudadanía, como mayores atrasos en la resolución de procesos, menos capacidad para realizar investigaciones y peritajes, limitaciones en la atención a víctimas, menor cobertura en zonas alejadas y menos recursos para modernizar los servicios judiciales.
Además, cuestionó que el anuncio del recorte se produzca en medio de lo que calificó como reiteradas descalificaciones y ataques discursivos contra el Poder Judicial y sus funcionarios.
“La crítica pública es legítima en una democracia, pero no lo es la construcción permanente de un discurso que erosiona la confianza ciudadana en la justicia”, indicó el pronunciamiento.
Aunque reconoció que todas las instituciones públicas deben administrar los recursos con austeridad, transparencia y eficiencia, la asociación afirmó que esos principios no pueden utilizarse para justificar recortes que afecten servicios esenciales.
