El Partido Pueblo Soberano (PPSO) reiteró este jueves, durante la reunión de jefaturas de fracción, su posición de no permitir el avance en el proceso de elección de magistrados suplentes de la Sala Constitucional.
Ese anuncio del oficialismo generó molestia en las cuatro fracciones de la oposición, que calificaron de penoso el bloqueo de la elección de suplentes y enfatizaron la irresponsabilidad del partido de gobierno de llevar ese tribunal constitucional al filo del cierre técnico, con la afectación a la tutela de los derechos fundamentales a los costarricenses.
Aunque el jefe del PPSO, Nogui Acosta, había aceptado días atrás presentar una propuesta para el avance en la elección de magistrados suplentes de ese tribunal, finalmente este jueves llegó con las manos vacías y fue la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, la que anunció que no lograron consenso a lo interno de la bancada oficialista.
“Tenemos que tomar una decisión, o votarlo o devolverlo a la Corte. Votarlo no tiene sentido, porque si no logramos consenso vamos a seguir votando una y otra vez, fallidas, son votaciones sumamente agotadoras. No tiene sentido”, dijo Jiménez.
La jerarca aseguró que ella devolverá la nómina y, primero, Nogui Acosta dijo que ella tenía la prerrogativa de aceptar o no la lista de candidatos.
No obstante, María Eugenia Román, subjefa del Frente Amplio (FA); Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), y Abril Gordienko, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), le señalaron a Jiménez que ella no tiene, ni por norma constitucional ni reglamentaria, la potestad de devolver unilateralmente la lista de aspirantes a magistrados.
Entonces, tanto ella como Acosta cambiaron el planteamiento y dijeron que ella no tomaría la decisión unilateralmente. “Podría ser que lo llevemos a plenario”, dijo la presidenta.
“Es una decisión de 31 diputados, no solo de la presidencia, son 31 diputados que tienen esta idea”, agregó.
Oposición culpa al PPSO del bloqueo a Sala IV
Frente a la postura tomada por el oficialismo, las bancadas del autodenominado bloque democrático acusaron a Pueblo Soberano de ejercer un irresponsable bloqueo de la Sala Constitucional que podría dejar a cientos o a miles de costarricenses sin la tutela de sus derechos.
El jefe de Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramírez, cuestionó la ausencia de razones y de argumentos para negarse a elegir, y le preguntó a Jiménez si consideran que los candidatos son incompetentes, faltos de experiencia y tienen cuestionamientos éticos.
“En 2025, los magistrados suplentes resolvieron casi 40.000 expedientes; entre 2023 y 2025, resolvieron 163.820 casos. Hoy tenemos 87 en espera, esas personas están pagando y Pueblo Soberano les está negando acceso a justicia”, dijo Ramírez.
José María Villalta y María Eugenia Román, del FA, se negaron a la devolución de la nómina a la Corte Suprema de Justicia y acusaron al PPSO de provocar que la Asamblea incumpla sus obligaciones constitucionales.
“Estamos cayendo en un incumplimiento de deberes y es un irrespeto al Estado de derecho. Que cada quien asuma su responsabilidad, pero ni mi fracción ni yo somos cómplices de ese incumplimiento”, indicó Villalta.
Para la socialcristiana Abril Gordienko, Pueblo Soberano esté dejando a las personas más vulnerables sin respuesta frente a la violación de sus derechos fundamentales, condenándolas.
Claudia Dobles acusó a Yara Jiménez y al PPSO de una especie de sabotaje, sin explicarle a nadie las razones para no votar por esos candidatos a magistrados.
“Las consecuencias son muy graves, la salud de las personas. ¿Qué los motiva a entorpecer que tengamos una Sala Constitucional funcional?“, dijo.
