Para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) el sistema judicial de Costa Rica cuenta con bases sólidas para garantizar la independencia de jueces y fiscales, aunque mantiene debilidades en los procesos de nombramiento y en los mecanismos de control interno.
Así lo señala el informe denominado Perspectivas de anticorrupción e integridad 2026, que mide qué tan protegidas están las decisiones judiciales frente a presiones indebidas, conflictos de interés o riesgos de corrupción.
Costa Rica supera el promedio en justicia
En el ámbito judicial, Costa Rica obtiene resultados superiores al promedio de los países de la OCDE. El país cumple con el 74% de los criterios legales —es decir, las normas que existen en papel— y con el 60% en la práctica, frente a promedios de la OCDE del 66% y el 45%, respectivamente.
Esto significa que Costa Rica no solo tiene reglas formales para resguardar la independencia judicial, sino que también las aplica en mayor medida que otros países.
El informe destaca, por ejemplo, que la independencia de los jueces está garantizada en la Constitución Política, que existen reglas claras para su destitución, un código de ética vigente y la obligación de presentar declaraciones patrimoniales ante la Contraloría General de la República (CGR), con niveles de cumplimiento cercanos al 98%.
Asimismo, destacó la existencia del reglamento para la prevención, identificación y gestión de los conflictos de interés en el Poder Judicial y la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, como instrumentos que definen las circunstancias que pueden dar lugar a un conflicto de intereses en los jueces y empleados judiciales.
Nombramientos, el principal punto débil
Pese a este desempeño, la OCDE identifica debilidades importantes. Señala que la Ley de Carrera Judicial regula el procedimiento de selección de jueces, el cual se basa en concursos de oposición abiertos para el acceso y la promoción dentro de la carrera judicial.
Sin embargo, destaca que estos procedimientos no se aplican a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quienes son nombrados por la Asamblea Legislativa, por un periodo de ocho años.
Al respecto, la OCDE también llamó la atención al país porque las normativas no establecen el derecho de los candidatos a apelar las decisiones relativas al nombramiento y promoción de los jueces.
Fiscalía también destaca, pero con alertas
En el caso de la Fiscalía, Costa Rica también muestra resultados positivos. El país cumple con el 66% de los criterios legales y con el 68% en la práctica, cifras que igualan o superan los promedios de la OCDE, que son del 66% y del 52%, respectivamente.
Esto refleja que existen controles internos, reglas sobre conflictos de interés y altos niveles de cumplimiento en la presentación de declaraciones de intereses.
Sin embargo, el informe señala nuevamente debilidades en los procesos de nombramiento. Los fiscales son designados por el fiscal general —quien es nombrado por la Corte Suprema— sin procedimientos plenamente basados en mérito, y tampoco existe la posibilidad de apelar estas decisiones.
Retos en control y transparencia
El informe también identifica áreas de mejora en la gestión de denuncias internas. Aunque existen canales para reportar irregularidades cometidas por funcionarios judiciales y la ley garantiza medidas de protección, en caso de represalias hacia los denunciantes, el personal encargado de tramitarlas no recibe capacitación obligatoria, especialmente para el debido resguardo de la información.
“Aunque el personal encargado de tramitar las denuncias en los tribunales está obligado a leer y cumplir un manual, no se exige a dicho personal capacitación sobre confidencialidad”, destaca la OCDE.