Ante un posible atentado contra la vida de un presidente de la República, la primera obligación de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) es verificar la información y contener el riesgo con rigor técnico. El protocolo no admite actos mediáticos a la ligera porque la protección de un gobernante exige discreción operativa, análisis especializado y validación exhaustiva de la evidencia. En inteligencia, se sabe, el sigilo es un principio básico.
Por eso, resulta sorprendente que, ante el supuesto plan para asesinar al presidente Rodrigo Chaves, la reacción inmediata del director de la DIS, Jorge Torres, fuera salir hacia la Fiscalía General, a la hora de los noticieros del mediodía, con periodistas esperándolo en el portón y transmisión en vivo incluida, para interponer una denuncia sin que mediara –según sus palabras– una evaluación técnica completa.
Lo más inquietante es que dijera: “No hemos ahondado en la investigación”. Esa confesión deja ver que hubo una respuesta apresurada a un supuesto hecho que exige exactamente lo contrario: verificación, cautela operativa y un nivel profesional acorde al de una policía de inteligencia.
Insistimos en el profesionalismo. El director de la DIS afirmó ante la prensa que Stella Chinchilla, la mujer a quien iba a denunciar con nombre y apellidos, habría pagado a un sicario mediante una transferencia por Sinpe Móvil para atentar contra el mandatario. Sin embargo, si ese asesino a sueldo existía, la lógica operativa más elemental dice que debía haber sido previamente identificado, ubicado y sometido a vigilancia, antes de hacer pública cualquier denuncia.
Al exponer el caso sin haber asegurado esa línea central de investigación, se abrió la puerta a que el posible autor material –advertido por la difusión mediática– pudiera ocultarse, destruir evidencias o hasta abandonar el país.
Desde la perspectiva de la seguridad del Estado, es una grave falla, pues implica dejar fuera del control policial a quien, según la denuncia, estuvo inicialmente dispuesto –aunque luego desistió– a ejecutar un homicidio por dinero.
A ello se suma el aporte de una prueba cuestionable. La DIS basa la denuncia en dos pantallazos de WhatsApp en los que la mujer –una reconocida crítica de Chaves– supuestamente reclama por la negativa a ejecutar el encargo. En tiempos en que una imagen puede ser manipulada con facilidad, ningún órgano de inteligencia profesional puede dar por válida una evidencia de esa naturaleza sin peritajes exhaustivos previos, y menos presentarla ante la opinión pública como sustento de un presunto plan de magnicidio.
Como si lo anterior no bastara, horas después, el director de la DIS amplió la denuncia, con un audio filtrado por una fuente, para señalar a un grupo de ciudadanos críticos del presidente como promotores de un intento de golpe de Estado que incluiría la designación del exdiputado Célimo Guido, del Movimiento Rescate Nacional, como “presidente de emergencia” por 18 días. Torres volvió a admitir que no profundizaron en la investigación.
No obstante, la grabación completa de una reunión de agricultores convocada por ese movimiento revela un contexto distinto. Durante casi dos horas, se discuten temas vinculados a la defensa del agro y solo en el tramo final, de poco más de un minuto, se escuchan expresiones en tono de broma, acompañadas de risas, sobre nombrar a Guido como vocero y luego, en medio de carcajadas, se le menciona como “presidente interino” o “dictador por 18 días”.
Pese a eso, la DIS interpretó frases aisladas como prueba de una conspiración. Esa lectura sirvió de base para que Chaves afirmara el miércoles que Guido sería nombrado gobernante “después de mi asesinato” e insinuara la existencia de un plan para “tomar el país con marchas populares y convocar a otro sistema de elecciones”.
No es un discurso nuevo. Desde abril de 2022, como presidente electo, Chaves ha recurrido reiteradamente al tema del “golpe de Estado” o de amenazas contra su vida, narrativa de victimización que retomó el año pasado con más fuerza ante investigaciones judiciales en su contra por el caso BCIE-Cariñitos y advertencias del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para abrirle una investigación por presunta beligerancia política.
A todo ello se añade una ligereza jurídica. La denuncia de Torres de una “tentativa de homicidio calificado”, sin que exista ejecución alguna del supuesto plan, es incorrecta. Como lo explicó el abogado penalista Federico Campos, aun si hubiera existido un pago con intención de matar, se trataría de un acto preparatorio que nunca avanzó hacia la fase de ejecución del delito.
Nada de lo anterior implica minimizar una amenaza contra la vida del presidente de la República. Todo lo contrario. Precisamente porque se trata de un asunto de máxima gravedad, su manejo debe ser impecable, responsable y técnicamente sólido. Si las pruebas resultaran endebles y el caso quedara en el nivel del rumor, el descrédito no recaerá solo sobre Jorge Torres, sino sobre la DIS, a la que el país destina recursos significativos para actuar con profesionalismo. Lo cierto es que la seguridad del Estado no puede descansar sobre audios incompletos, pantallazos de WhatsApp ni mediáticas puestas en escena.