Son gemelos y tienen 17 años. A finales de 2024, con apenas 16, cada uno fue puesto al mando de un búnker de drogas en un cantón costero. Encerrados las 24 horas, bajo vigilancia permanente, consumidos por la adicción a la cocaína y endeudados con un “patrón” que ya les había advertido sobre el final: colaborar o terminar “en una bolsa negra” para que su madre recogiera los restos. Esta historia, publicada el 28 de diciembre por la periodista Natalia Vargas, revela cuán violento y mortal es el reclutamiento de menores por el narcotráfico.
Andrés y José son nombres ficticios con los cuales se resguarda su identidad para exponer por qué resulta tan atractivo el crimen organizado para la juventud: “Porque no hay plata”, respondió Andrés sin titubeos. Tampoco había un hogar consolidado y el entorno de un barrio marginal terminó por atraparlos.Comenzaron con vapeadores, pasaron a cigarrillos, a marihuana y, por último, a cocaína.
Al inicio, conseguir droga les era fácil: se las regalaban. Una vez enganchados, esos mismos “amigos” les dijeron que debían procurársela por su cuenta. Abandonaron el colegio en noveno año para financiar el consumo y, a finales de 2024, aparecieron dos adultos de entre 30 y 40 años, acompañados por un joven de 17, con la oferta de administrar búnkeres a cambio de ganancias diarias de entre ¢120.000 y ¢200.000, droga ilimitada y mujeres a una llamada de distancia. Cayeron.
Historias como esta son cada vez más comunes porque, en Costa Rica, los jóvenes se han convertido en el “ejército” del narcotráfico y las estadísticas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirman su creciente presencia no solo en la distribución de drogas, sino también en los homicidios, ya sea como ejecutores o como víctimas. El caso de Chiquilín, en Puntarenas, lo retrata.
En junio de 2024, con apenas 17 años, fue asesinado a balazos por una banda rival frente a una vivienda. A esa edad, ya actuaba como sicario y estaba vinculado con más de 10 homicidios. También está el caso de una “agencia de sicarios” manejada desde la cárcel La Reforma por un narcotraficante de 39 años, quien utilizaba como gatilleros a dos jóvenes de 17 años, oriundos de Siquirres, con el apoyo incluso de sus madres, hasta que fueron detenidos por el OIJ.
Al confirmar los 873 homicidios registrados en 2025, Michael Soto, director interino de la Policía Judicial, fue directo al afirmar que “los jóvenes son los que están poniendo la sangre”: 589 víctimas (67%) tenían entre 18 y 39 años, y otras 50 (6%) eran menores de edad. En su mayoría, las muertes obedecieron a ajustes de cuentas entre bandas.
El Informe Estado de la Nación 2025 confirmó que la desigualdad y la falta de desarrollo humano sostenible son el caldo de cultivo del narcotráfico. Barrios sin oportunidades, sistemas educativos que no logran retener ni reinsertar a los jóvenes, y políticas sociales debilitadas que llegan tarde o no llegan, constituyen el terreno fértil de esta violencia. Los homicidios que golpean el país son, así, una manifestación de un modelo de desarrollo que excluye a demasiados jóvenes.
Por ejemplo, el peso de la inversión social pública dentro del gasto total cayó del 78,8% en 2010 al 68,1% en 2024, señal de la pérdida sostenida de prioridad en educación, salud y desarrollo humano. Al mismo tiempo, el gasto social se concentra cada vez más en programas no universales y menos en la atención a la niñez y la adolescencia, etapas decisivas para desarrollar las capacidades que sostienen la movilidad social.
Ese informe abre los ojos sobre una situación preocupante y es que la reducción de la pobreza en 2024 no respondió a mayor inversión social ni a una mejor inserción laboral, sino –en muchos casos– a ingresos informales o al apoyo familiar, un alivio frágil que pone en duda la sostenibilidad de esa mejora y también el origen del dinero.
Un país que disminuye la pobreza sin empleo formal, sin educación que retenga y sin políticas sociales robustas, abre espacios peligrosos para economías ilegales que sí ofrecen ingresos rápidos. Precisamente, en ese contexto, el Índice Global de Crimen Organizado 2025 advierte de que, en Costa Rica, las bandas criminales se aprovechan de la pobreza, la deserción escolar y la desintegración familiar para reclutar a menores en el trasiego de drogas.
Andrés y José lograron salir con vida de los búnkeres pese a la advertencia que recibieron: “No, papito, usted no se puede salir de esto”. Uno de ellos pidió ayuda a su padre por teléfono y, horas después, el OIJ los rescató a ambos y les brinda protección. Hoy, en un centro de rehabilitación en la capital, están enfocados en superar su adicción y en terapia con profesionales que buscan mostrarles que existen otras oportunidades.
Lo vivido por estos adolescentes es una advertencia de que ni el gobierno, ni los políticos, ni la ciudadanía podemos engañarnos creyendo que las megacárceles o los toques de queda, por sí solos, detendrán la ola homicida ligada al narcotráfico. El trabajo de fondo está en los cantones y en los distritos donde hoy se recluta y se mata, y comienza por una inversión social sostenida que ofrezca oportunidades antes de que lo haga el crimen organizado.
