Escuchar
Los números no mienten, aunque a veces preferiríamos que lo hicieran. Costa Rica atraviesa una transformación demográfica a un ritmo que pocos imaginaban, con una de las tasas de fecundidad más bajas del mundo. A esto se suma la noticia de que el 25,3% de los jóvenes no logra insertarse en el mercado laboral pese a buscarlo activamente, lo que ubica a Costa Rica como el segundo país de la OCDE con mayor desempleo juvenil. Es la combinación perfecta para una crisis: cada vez nacen menos personas en edad productiva y, las pocas que llegan, no encuentran trabajo.
El desempleo juvenil costarricense no nació ayer ni es producto exclusivo de la pandemia. Sus raíces provienen de un acumulado de fallas estructurales que el país ha preferido postergar. La economía costarricense es “dual”: en ella conviven trabajadores con alta formación e inserción formal y “otra Costa Rica” de menor escolaridad e informalidad que carga desproporcionadamente el peso del desempleo. A esto se suma una brecha de competencias crítica, con la falta de inglés como una de las principales razones por las que muchos jóvenes no logran incorporarse, incluso cuando las empresas anuncian vacantes disponibles.
El fenómeno tampoco es homogéneo. Ser mujer joven en Costa Rica incrementa significativamente la probabilidad de estar desempleada, incluso dentro de un mercado juvenil ya altamente excluyente. Y detrás de la aparente mejora en las cifras generales de desempleo hay una trampa estadística, porque la reducción no se explica por mayor ocupación, sino porque mujeres y jóvenes, al no encontrar oportunidades, simplemente abandonan la búsqueda y salen de la población económicamente activa.
Un joven que no trabaja ni estudia no solo pierde ingresos: pierde autoestima, perspectiva de futuro y confianza en el sistema. La participación de los jóvenes en el mercado laboral cayó de representar el 17% del total en 2015 a apenas el 10,7% en 2025. Esta exclusión sostenida alimenta la desigualdad intergeneracional, presiona los sistemas de seguridad social y, en casos extremos, empuja hacia la informalidad o la desesperanza. Una sociedad que no le da lugar a su juventud está hipotecando su propio futuro productivo.
Sobre este escenario ya frágil, se cierne la presencia de la inteligencia artificial, y su impacto es ambivalente. Un estudio del Banco Mundial y la OIT concluye que Costa Rica es el país de América Latina con más empleos expuestos a los efectos de la IA. El análisis del Micitt establece que el 19,2% del empleo total es susceptible a los modelos de lenguaje de gran escala y advierte de que la IA agéntica, aquella capaz de ejecutar secuencias complejas de tareas de forma autónoma, representa el riesgo más urgente.
Sin embargo, no todo es sombra. El Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial 2025 ubica a Costa Rica como líder regional en habilidades profesionales en IA; de hecho, es el país con mayor demanda de cursos en la materia. La IA puede ser una puerta de entrada a empleos de mayor valor si el sistema educativo logra formar a los jóvenes para aprovecharla, no para ser reemplazados por ella. El riesgo real es que la brecha entre los que tienen acceso a esa formación y los que no la tienen se ensanche aún más.
Lo que la OCDE ha recomendado son acciones concretas. Su estudio del año 2025 sobre Costa Rica aconseja implementar incentivos para el empleo formal, programas de capacitación laboral, ampliar servicios de cuidado infantil para reducir las barreras de participación femenina y reducir los obstáculos a la formalización de empresas. Son medidas concretas, posibles, que requieren voluntad política sostenida, el recurso más escaso en nuestra historia reciente.
Costa Rica tiene una paradoja que resolver y no puede darse el lujo de esperar: es líder en talento digital, pero expulsa a sus jóvenes del mercado laboral. Tiene instituciones educativas reconocidas, pero un sistema que no conecta la formación con el empleo. Tiene atracción de inversión extranjera, pero una informalidad del 40% que le roba dinamismo al mercado interno.
El 8 de mayo, Laura Fernández asumirá la presidencia con 31 diputados en la Asamblea Legislativa, algo que sus predecesores no tuvieron. Ese capital político no puede desperdiciarse. El desempleo juvenil es, precisamente, el tipo de problema estructural que solo se resuelve cuando hay voluntad y músculo legislativo para actuar. La presidenta conoce el problema; la pregunta es si querrá priorizar soluciones que no generan votos inmediatos, pero sí transforman países. Esas soluciones ya las ha propuesto la OCDE y pueden echarse a andar en los primeros 100 días de su gobierno.
El momento de actuar es ahora, antes de que la inteligencia artificial termine de redefinir el trabajo y una generación entera quede atrapada entre un pasado que ya no existe y un futuro para el que nadie la preparó.
