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La tasa nacional de desempleo tiene las dos caras de una moneda. Por una, nos aparece el dato de que bajó al 6% (137.500 personas), el menor nivel en muchos años, lo cual a simple vista parece una noticia para celebrar porque, si se redujo, se asume que hay más oportunidades laborales y una economía más activa.
La otra cara nos muestra que menos gente participa en el mercado laboral, sobre todo mujeres. Aunque, en el papel, el país parece tener más empleo, no necesariamente es así. El número de desocupados baja simplemente porque menos personas están buscando trabajo.
Es un efecto estadístico: la tasa de desempleo solo contempla a quienes buscan activamente y no encuentran. Quienes declaran que dejaron de buscar un empleo –por desánimo, edad, falta de oportunidades, o porque se dieron por vencidos– salen de la estadística de desempleados, aunque sigan sin trabajo.
Es como una sala de espera de hospital llena de pacientes que se vacía no porque los atendieron a todos, sino porque muchos se marcharon antes de ser llamados. El indicador es estadísticamente correcto, pero socialmente engañoso.
El periodista Luis Enrique Brenes, de La Nación, lo reseñó este 14 de octubre en el reportaje “Desempleo baja a niveles récord. La causa es más una preocupación para Costa Rica que un motivo de alegría”. Los economistas consultados coincidieron en que la tasa de desocupación disminuyó no por una mayor generación de puestos, sino por una considerable salida de personas del mercado laboral.
Hay datos alarmantes. En la última década, 500.000 personas quedaron fuera de la fuerza de trabajo –personas que trabajan o buscan empleo– y, de ellas, 105.000 salieron en el último año. Las cifras lo confirman: de 2.406.533 personas en agosto del 2024, la fuerza de trabajo disminuyó a 2.301.171 en agosto pasado. La caída es más notoria en mujeres (68.868) que en hombres (36.494), como lo verificó la Encuesta Continua de Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
La misma marea arrastra a la población ocupada: en un año, varió de 2.244.436 personas a 2.163.674 (80.762 menos). Otra vez, el deterioro es especialmente grande entre las mujeres, que, de 885.593, se redujeron a 830.683, es decir, 55.000 menos. Mientras tanto, el empleo informal se mantiene en 810.000 personas, de las cuales 65% son hombres y 35% mujeres.
Esta radiografía debería motivar al gobierno, la Asamblea Legislativa, los partidos políticos y los aspirantes presidenciales a diseñar estrategias para generar más empleos, porque, a partir de estas estadísticas, es lógico inferir que se incrementará la desigualdad social. También se reducirá la base de cotizantes, lo que pondrá más presión sobre los ingresos del seguro de salud de la CCSS y las pensiones del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
En lo macroeconómico, una menor ocupación y la salida de personas de la fuerza laboral deprimen la demanda interna, reducen la capacidad de consumo, inversión y ahorro de los hogares, y presionan a la baja el crecimiento del PIB. A todo ello se suma el impacto fiscal causado por la menor recaudación.
Una necesidad clave es que el Estado priorice una estrategia laboral integral. Eso solo se logrará si los poderes Ejecutivo y Legislativo se ponen de acuerdo para, de forma mancomunada, delinear una hoja de ruta.
Más diagnósticos no hacen falta. Múltiples estudios locales han identificado el problema y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) dio líneas en su último informe, presentado en marzo. Sugirió acciones para facilitar la incorporación de más mujeres al trabajo formal, ya que las responsabilidades de cuido en el hogar son el principal obstáculo, sobre todo para aquellas de menores ingresos.
El hecho de que solo el 7% de los niños de entre 0 y 2 años está inscrito en instituciones de educación y cuido refleja cuán urgente es el compromiso político de incrementar el acceso al trabajo de las mujeres, máxime porque se sabe que la red de educación temprana solo cubre a cerca de 40% de las familias en condición de pobreza.
La OCDE recomendó extender el servicio a hogares de mayores ingresos con mecanismos de copago que pueden ayudar a ampliar la cobertura del servicio.
Con casi 4 de cada 10 trabajadores en la informalidad, el país no puede seguir viendo la situación de brazos cruzados. Una estrategia integral pasa por reducir las altas cargas patronales que incrementan los costos del empleo formal, lo que afecta mayormente a trabajadores de baja calificación, determinó la OCDE.
Y a eso suma otro muro que salta a la vista: las costosas y burocráticas regulaciones que complican la creación de empresas formales.
Costa Rica, entonces, no necesita más diagnósticos, sino más decisiones. La aparente bonanza de un desempleo del 6% no puede convertirse en un espejismo, ni tampoco dar paso al conformismo político o a la indiferencia social. La realidad nos grita otra cosa: que menos gente está trabajando, que más mujeres se han quedado fuera y que la informalidad no disminuye.
