El mercado laboral ha venido precarizándose en los últimos 10 años. Se puede afirmar que en casi todas las categorías laborales la población económicamente activa (PEA) sufre mayores tasas de desempleo, subempleo e informalidad.
Según la Encuesta continua de empleo (ECE) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), entre el tercer trimestre del 2010 y el cuarto del 2021, la tasa abierta de desempleo pasó del 8,6% al 13,7%.
El desempleo afecta especialmente a las personas de entre 15 y 24 años (un 36,1%), a quienes tienen secundaria incompleta (un 19,4%) y a las mujeres (un 17,3%). En particular, 2 de cada 5 mujeres de entre 15 y 24 años están desempleadas, al igual que 1 de cada 4 con secundaria incompleta.
El subempleo, o sea, aquellas personas que no encuentran donde ocuparse a tiempo completo o no laboran en lo que desean, también ha aumentado en la última década, del 12,1% al 13,1%. Este es un problema que ocurre con mayor intensidad entre trabajadores independientes, trabajadores urbanos y mujeres.
La informalidad es un fenómeno aún más complejo dentro del mercado laboral por la diversidad de las características de los trabajadores que la padecen. La tasa de informalidad asciende al 45,8% y está sobrerrepresentada entre trabajadores mayores de 45 años, en especial los de 60 años y más (un 71,6%), los trabajadores con bajo nivel de instrucción con primaria incompleta (el 72,4%) y primaria completa (el 63,5%), en las zonas rurales (un 55,3%) y entre los independientes (un 92,9%).
En un escrito más amplio de la Academia de Centroamérica (10 propuestas para mayor bienestar), se citan seis medidas para dinamizar el mercado laboral, con el fin de disminuir el costo de participar en el mercado formal y mejorar la productividad de los trabajadores para que puedan aumentar ingresos que les faciliten satisfacer sus necesidades básicas y hacer frente a las cargas laborales. Estas medidas incluyen:
Disminuir el costo de la formalidad. Según el Foro Económico Mundial, estamos en la posición 127 entre 141 países con impuestos laborales más altos. Este es el peor indicador del país en materia de competitividad.
Con el fin de promover la formalidad y la creación de empleo, es necesario trasladar la mayor cantidad de estas cargas a impuestos generales. Así, los presupuestos de instituciones como el INA, Fodesaf, el Banco Popular y el IMAS, entre otros, deben ser financiados por la colectividad, no solo por los trabajadores formales, quienes han venido desapareciendo en la última década. De hecho, solo 1 de cada 4 miembros de la PEA paga cargas sociales.
Flexibilizar jornadas laborales. En el mundo moderno ha cambiado la dinámica del mercado laboral, y la pandemia ha acelerado ese proceso. Hoy los trabajos tienden a ser más virtuales que presenciales y las jornadas cada vez son más irregulares y con mayor apego a las necesidades de la persona, en lugar de la empresa.
Así, que pretender jornadas diurnas, fijas de ocho horas, de lunes a viernes, y el pago de horas extras, se convierte en un freno a la generación de empleo, tanto formal como informal.
Permitir el cobro de cargas sociales sobre tiempos parciales. Vinculado con lo anterior, una mayor cantidad de personas desean trabajar parcialmente o en múltiples actividades. Por tanto, la existencia de un salario mínimo contributivo a la seguridad social les impide formalizarse.
Disminuir de manera temporal las cargas sociales a grupos de difícil afiliación. Las cifras del INEC muestran problemas de empleo entre mujeres, jóvenes, trabajadores independientes y personas con bajo nivel de instrucción.
Se puede promover la formalidad y el empleo de estos trabajadores permitiéndoles cotizar cargas sociales más bajas de manera temporal. Esto ayuda a identificar a esas personas, las cuales son hoy invisibles para la seguridad social. También, tiene sentido revisar las multas e intereses que se pretenden cobrar a trabajadores por formalizarse, porque representan para muchos de ellos un monto imposible de pagar.
Desregular los procesos que elevan los costos de formalizar negocios. La informalidad existe no solo entre trabajadores, sino también entre empresas a las cuales se les hace imposible cubrir el costo de todas las regulaciones que decenas de leyes les imponen.
Las estadísticas del INEC muestran que la mayor tasa de informalidad existe entre empresas que emplean a cinco o menos trabajadores. Por tanto, hay que disminuir el peso de la regulación sobre las micro y pequeñas empresas en lo relacionado con requisitos para emprender, permisos de funcionamiento, tramitomanía, cumplimientos de carácter tributario, exigencias para el acceso al crédito y monto de las cargas sociales, entre otros.
En infinidad de casos, los costos de tales regulaciones y exigencias del Ministerio de Hacienda superan las ganancias que pueden generar estas empresas.
Mejorar la formación de los trabajadores. La empleabilidad de los trabajadores mejora cuando se invierte en capital humano, lo cual incluye tanto la formación académica que cada día es más relevante para el empleador (hoy la mayor tasa de desempleo corresponde a las personas con secundaria incompleta y universidad incompleta) como la capacitación técnica para el desempeño de las actividades más dinámicas de la economía, como las que están vinculadas al comercio exterior.
El autor es economista.
