El uso de la religión como instrumento para incidir en las preferencias y conducta electoral de los ciudadanos es detestable; también, inaceptable. Por ello, lo prohíben nuestra Constitución Política y el Código Electoral.
Quienes apelan a ese recurso indebido, claramente violan el ordenamiento jurídico. Pero hay más: demuestran un claro irrespeto por la ciudadanía, su autonomía y sus convicciones más íntimas; intentan, mediante la manipulación, generar adhesiones que son incapaces de captar con sus ideas sobre el manejo de lo público, y fomentan divisiones artificiales entre personas y credos. Todo esto contamina el espacio cívico y la libertad de elección.
El artículo 128 de la Constitución prohíbe “hacer en forma alguna propaganda política por clérigos o seglares invocando motivos de religión o valiéndose, como medio, de creencias religiosas”. El 136 del Código es más explícito, como corresponde al desarrollo legal de un texto constitucional. Prohíbe “toda forma de propaganda en la cual, valiéndose de las creencias religiosas del pueblo o invocando motivos de religión, se incite a la ciudadanía, en general, o a los ciudadanos, en particular, a que se adhieran o se separen de partidos o candidaturas determinadas”.
En nuestra historia moderna, la manipulación religiosa se utilizó con gran intensidad y sin pudor en la campaña para las elecciones de 2018. Entonces, Fabricio Alvarado, candidato presidencial del Partido Restauración Nacional (PRN), logró el apoyo manifiesto de varias iglesias y grupos evangélicos, que se volcaron públicamente, desde templos y congregaciones, a su favor.
No se produjeron denuncias bien fundamentadas ante tales actos y el Tribunal Supremo de Elecciones careció entonces de sustento para actuar. Alvarado ocupó el primer lugar en la primera vuelta, pero sufrió una fuerte derrota en la seguida, ante Carlos Alvarado, del Partido Acción Ciudadana (PAC).
En el actual proceso, de nuevo fueron activadas inaceptables maniobras de índole similar. Esta vez han estado a cargo de la candidatura de Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), y un grupo de pastores cobijados bajo el nombre Foro Mi País, que decidieron convertirse en uno de sus instrumentos de propaganda a cambio de varias concesiones.
Los términos establecidos, según un volante distribuido por el Foro, en un documento suscrito el 23 de octubre pasado, donde Fernández se comprometió a otorgarles 24 candidaturas a diputados, y aceptar sugerencias de nombres para, en un eventual gobierno, realizar designaciones en la Defensoría de los Habitantes, el Poder Judicial y embajadas. Como contrapartida, se comprometieron realizar propaganda a su favor, valiéndose de su investidura e influencia religiosa.
El 16 de este mes, el Foro convocó a varios pastores evangélicos a una reunión en el Templo Bíblico de Tibás, con la asistencia del candidato a la primera vicepresidencia y jefe de campaña del PPSO, Francisco Gamboa. En ella, repartieron un folleto con invocaciones religiosas e instrucciones sobre cómo influir en el voto de sus feligreses; es decir, un instructivo para manipular, pero con discreción, según solicitó Reynaldo Alonso, líder del grupo.
Tanto la Alianza Evangélica como el grupo de iglesias cobijado bajo la Federación de Vidas Abundantes, se desmarcaron del hecho, lo mismo que varios pastores en su carácter individual. Y, esta vez, Fabricio Alvarado, ahora candidato de Nueva República, denunció el intento, pero, al hacerlo, también manipuló temas religiosos.
Ante sendos amparos electorales presentados contra los candidatos Fernández y Alvarado, los grupos religiosos y sus dirigentes, el TSE emitió el lunes una medida cautelar para frenar el intento manipulador. En lo esencial, ordena “a las personas y organizaciones recurridas abstenerse de realizar manifiestos públicos que, directa o implícitamente, representen un llamado (apoyado en razones o símbolos religiosos) a votar por ciertos partidos o a abstenerse de hacerlo por otros (…). Asimismo, instruirán a los pastores para que se abstengan de distribuir o circular el folleto referido”, y reitera “la prohibición de utilizar el púlpito, sitios de oración o ceremonias litúrgicas para inducir el voto de sus fieles”.
Es una decisión clara, oportuna y necesaria. El TSE frenó a tiempo una evidente confabulación ilegal entre actores políticos y religiosos, para que estos se pusieran al servicio de los primeros en su afán por captar votos sin pudor. De este modo, además, ha protegido la igualdad de la contienda electoral, la integridad de prácticas religiosas que no deben ser instrumentos de otras causas, y la autonomía cívica de los electores. Por esto, la celebramos.