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Dos millones de usuarios del servicio de autobús en Costa Rica permanecen indefensos ante la tardanza del Consejo de Transporte Público (CTP) para implementar normas de calidad aprobadas desde hace tres años, las cuales exigirían a las empresas procurar condiciones mínimas de seguridad y comodidad para los pasajeros.
Las reglas describen cómo debería tratarse a los pasajeros, según la accesibilidad a las unidades (pasajeros en silla de ruedas, por ejemplo). También el cumplimiento oportuno de horarios y tiempos de traslado, además de formas de atención a los pasajeros, los derechos que los asisten mientras viajan e inclusive cuán cómodos y seguros deberían ser los viajes.
Igualmente, establecen cómo evaluar a los prestadores del servicio para vigilar si cumplen esas reglas mínimas.
Se trata de las llamadas INTE G20 y la INTE G21 del Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (Inteco), que homologaron y adaptaron al país reglas europeas de calidad para los viajes en este medio de transporte.
La aprobación por parte de Inteco se dio desde abril de 2020, sin embargo a la fecha el Consejo no ha informado cuándo comenzarán a exigirse en los 4.765 autobuses que circulan en el país, según sus registros de 2023.
Mientras tanto, los pasajeros se quejan y se resignan. “Es malísimo, malísimo”, afirmó Johana Matarrita, vecina de Ipís, Goicoechea, cuando se le preguntó por el servicio de bus que ella usa a diario. Para ella, tarda mucho en pasar y siempre ha sido así. “Los buses son viejos y feos”, añadió, aunque sí destacó que al menos el trato de los choferes es bueno.
La experiencia ha sido otra para Juan Ramón Cárcamo, un adulto mayor vecino de Cristo Rey, en San José. Según contó, los conductores no suelen tratar bien a los pasajeros y a él le han arrebatado la cédula de la mano para verificar si es adulto mayor. Eso, dijo, lo indigna y causa molestia.
“Las unidades no están en tan buen estado y siempre he sentido el servicio igual porque hay que esperar hasta 45 minutos. Nunca dan avisos salvo cuando suben la tarifa, ahí sí son rápidos”, reclamó.
Las mismas congojas relató Sergio Martínez Martínez, quien vive en San Rafael de Cinco Esquinas de Tibás, pues el servicio se atrasa con frecuencia.
Además, dijo que ha notado, en “bastantes” ocasiones, que el cordón del timbre no enciende la luz para notificar al conductor de una parada. Entonces hay que gritar para dar la alerta.
Silencio del CTP
Las razones de la tardanza en la aplicación de las normas de calidad que podrían atender las quejas de doña Johanna, don Juan Ramón o don Sergio no se conocen.
El 10 de enero, La Nación consultó al CTP cuándo serán obligatorias las normas y qué ha impedido su implementación. Esa instancia, adscrita al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), respondió que se referiría en los días siguientes, pues, justamente estaba previsto conversar sobre el tema en la sesión de Junta Directiva del 16 de enero.
El 22 de enero, este medio contactó a Freddy Carvajal Abarca, director ejecutivo del CTP, para buscar respuestas a las mismas dos consultas.
No obstante, el área de prensa del CTP respondió que Carvajal Abarca prefería esperar, pues el tema se evalúa desde hace dos años.
Según el encargado de prensa, Carvajal se apoya en el área técnica y jurídica para establecer los eventuales lineamientos a discutirse en Junta Directiva. Por esa razón, solicitó contactarlo en tres semanas “para ver la posibilidad de referirse al tema con mayor certeza”.
La Nación también llamó varias veces al número celular de Esteban Hernández Núñez, quien representa a los usuarios de buses y taxis en la Junta Directiva del CTP, pero tampoco hubo explicaciones.
Primero, la mañana del 24 de enero, Hernández Núñez respondió que estaba ocupado por lo que solicitó que lo llamaran a las 2 p. m. de ese día. Se le contactó a la hora acordada, pero ya no atendió llamadas, tampoco en días posteriores.
Este 29 de enero se le dejaron mensajes de voz, pero a la fecha, sigue sin referirse a las normas de calidad en favor de los usuarios que él representa desde mayo del 2023 cuando lo nombró el Consejo de Gobierno.
Sin embargo, la falta de respuestas del CTP ha sido la tónica en torno a este asunto. En enero de 2023, La Nación también hizo consultas que nunca fueron respondidas. Para entonces la entidad era presidida por Sidia Cerdas Ruiz.
Por su parte, el jerarca de la cartera de Transportes, Luis Amador Jiménez, expresó que también él se enfrenta al enmudecimiento del CTP sobre este tema.
Según el ministro, existen aspectos de las normas que son inaplicables, específicamente, aquellos ligados a las terminales de transporte cuando hay intercambios multimodales (sitios a donde confluyen varios servicios como buses, trenes, taxis o tranvías).
Otros, expresó, ya deberían cumplirse como es el caso de sistemas de pantallas de información al usuario (horarios, avisos, tarifas, etc); condiciones mínimas de comodidad y seguridad en el viaje y mejor iluminación en paradas.
“Lo que no tengo claro es por qué no se implementan y aún espero respuestas. Sí sé que se formó una comisión y ya me comuniqué con ellos y le dije al viceministro de Transportes, Carlos Ávila Arquín, que no veía cómo no se habían aplicado”, declaró Amador a La Nación.
El jerarca dijo desconocer quién se ha opuesto a lo interno, pero cree que ahora sí será una realidad, aunque sin establecer un plazo para cumplirlo.
Usuarios sin importancia
Para Dennis Meléndez Howell, exregulador general de los servicios públicos, la falta de fiscalización del servicio de autobús no es nueva. Él tiene explicaciones posibles.
El economista recordó que desde el 2002 a la fecha, cada intento de aplicar mínimos de calidad fracasan porque, aseguró, una de las peores formas de administrar y manejar una entidad pública, es incluir en su Junta Directiva a los grupos interesados en el sector. En este caso a autobuseros y taxistas dentro del CTP.
“Son ellos quienes se ocupaban de nombrar a los representantes de taxistas y autobuseros en el CTP. Como no existe un sistema organizado para nombrar al representante de los usuarios, los autobuseros gentilmente lo nombran”, aseveró.
Para el exregulador, ese grupo siempre se opone y ejerce su poder.
“A nadie le importan los usuarios. Las autoridades les tienen mucho cariño a los prestadores del servicio y nunca se acuerdan del pasajero. Creo que todos lo tienen claro: el Gobierno, los autobuseros y los usuarios que no pueden hacer mucho”, concluyó.
Silvia Bolaños, presidenta de la Cámara Nacional de Transportes (Canatrans), no compartió las apreciaciones del exregulador.
Según la también exviceministra de Transportes (2013-2014), al momento de emitirse las normas, el servicio de autobús estaba regido por una declaratoria de emergencia nacional que estuvo vigente hasta julio del 2022 debido a la pandemia.
Esta situación, dijo, alteró los escenarios típicos de prestación de servicio, por lo cual las mediciones de calidad en ese periodo no habrían reflejado resultados idóneos, pues dada la baja en la demanda de usuarios, se usaron otros esquemas de operación y cayó el ingreso de los transportistas.
Bolaños adujo que, como actividad regulada, los autobuseros dependen de las autoridades y que estas incorporen las normas al ordenamiento jurídico.
Cuando se le planteó la posible oposición del sector, afirmó desconocer por qué esas reglas siguen siendo opcionales luego de julio del 2022.
Hay que medir para mejorar
La Contraloría General de la República (CGR) divulgó el 21 de diciembre una auditoría que detectó la inexistencia de información suficiente sobre la calidad del servicio.
Recordó que “lo que no se define, no se puede medir, lo que no se puede medir, no se puede mejorar”, por lo cual insistió en que “para brindar un servicio eficiente y seguro a los pasajeros, es esencial establecer estándares claros, definir y evaluar indicadores sobre su desempeño”.
Por ejemplo, la CGR detectó mediante encuestas a usuarios entre 2020 y 2023, que el 40% tiene una percepción negativa de la comodidad al usar autobuses. En atención al cliente, 26,6% de la población entrevistada por la CGR dijo recibir un trato amable y, según consultas de Aresep para el 2022, ese porcentaje fue 30,4%.
Para Edward Araya Rodríguez, intendente de Transportes de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), implementar de manera integral y obligada la INTE G20 y la INTE G21 subsanaría mucho del problema referido por la Contraloría pero, enfatizó, esa no es competencia de Aresep. Es del CTP.
Sin embargo, todo depende del CTP, cuya Junta Directiva la integran:
- Luis Amador, ministro de Transportes.
- Carlos Ávila Arquín, viceministro de Transportes.
- Franz Tattenbach, ministro de Ambiente y Energía.
- Orlando Esteban Ramírez Biolley, representante de los autobuseros.
- Gilberth Ureña Fonseca, delegado de los taxistas.
- Esteban Hernández Núñez, delegado de los usuarios de servicios públicos.
- Dennia Yaslin Morales Grajal, delegada de las municipalidades.
- Freddy Carvajal Abarca, director ejecutivo.
