Cinco familias dominan 36 rutas de buses del país

Se trata de familias de apellidos Solano, Ramírez, Herrera, Fernández y un hombre llamado Raymond Salim Simaan. Todas las concesiones fueron extendidas, desde 2021, por un plazo de siete años más.

La práctica, dice el informe, es la conformación de diferentes empresas, pero con vínculos comunes de filiación o parentescos en algún grado.

A través de la constitución de diversas compañías, agrega, “se puede quebrantar o intentar burlar” la prohibición que establece la ley de otorgar concesiones o permisos a personas o empresas ligadas a un concesionario.

El artículo 11 de la Ley 3503 (que regula el transporte público) advierte que, de detectarse esa práctica, las concesiones deberían ser suspendidas.

Sin embargo, Coprocom indica que esta práctica quedó expuesta al revisar la integración de juntas directivas, identidades de representantes legales, coincidencia de domicilios sociales, ubicación de oficinas o instalaciones de operación, así como direcciones electrónicas de contacto aportadas ante el Consejo de Transporte Público (CTP).

La Coprocom está adscrita al Ministerio de Economía Industria y Comercio (MEIC).

Su análisis lo sustentó en información de la Defensoría de los Habitantes, del CTP, la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep) y el Registro Civil.

Este es un detalle de familia por familia y empresas.

Solano: 18 rutas

El primero de los casos analizados se denominó “Solano” (por ser el apellido predominante en los miembros de la familia que lo conforman), el cual está vinculado con al menos con 13 empresas de transporte público.

Entre estas se encuentran las llamadas Guapileños, Pulmitan de Liberia, Comtrasuli, Caribeños, Deldu, Transtusa, Upala, Tilarán, Chavarría Meza, Ciparo, Mora y Rojas, Líneas del Atlántico y Matina Bataan.

Estas empresas dan servicios en cinco de las siete provincias: Limón, Cartago, Guanacaste, San José y Alajuela.

En total, tienen asignadas 18 rutas, todas otorgadas en concesión y renovadas en el 2021 para un nuevo periodo de siete años.

En este grupo sobresale el hecho de que las distintas juntas directivas están integradas por miembros comunes o personas con algún parentesco.

Además, algunas coinciden en aspectos como el nombramiento de sus agentes residentes, domicilios sociales o en su última dirección reportada. Varias tienen el mismo correo electrónico registrado ante el CTP como medio para recibir notificaciones.

Esas condiciones se repiten en los otros cuatro conglomerados que se analizaron. En todos ellos se reflejó la participación de los distintos miembros de las familias citadas y los puestos que ocupan en las directivas de las empresas que conforman.

Las 18 rutas son estratégicas porque comunican a San José con Limón, Turrialba, Liberia, Ciudad Quesada, Peñas Blancas, Upala, Puriscal, Ciudad Colón, Playas del Coco, Guápiles y otros.

Ramírez: 5 rutas

El segundo “grupo de interés económico” fue identificado en el informe como “Ramírez”.

Está relacionado con al menos cinco empresas con las que opera cinco rutas: Pavas, San Pedro, Zapote, Curridabat-La Unión y en la zona de Cot y Tierra Blanca de Cartago. También le fueron otorgadas en concesión en 2021 por un nuevo periodo de siete años.

“De la descripción de las diferentes rutas que se involucran en este grupo de interés económico, se denota que se trata de importantes y estratégicos lugares geográficos del país (...) y se abarcan áreas densamente pobladas de la Gran Área Metropolitana”, añade el documento.

Además, destaca que la empresa Cesmag, asociada a este grupo, cuenta con títulos habilitantes activos para operar la ruta Periférica, y las interlíneas Desamparados-Moravia y Hatillo-San Pedro y UCR; estas últimas en consorcio con otras empresas ajenas al grupo.

Herrera: 4 rutas

Copiado!

El tercer grupo, llamado para efectos de ese estudio como “Herrera”, está conformado por tres compañías que son dirigidas por dos hermanos y sus familias.

Estas son Tuasa, Lumaca y Villa Bonita, las cuales tienen asignadas cuatro rutas, que al igual que las anteriores, fueron otorgadas por concesión y renovadas por un nuevo período de siete años.

Sobre ese conglomerado, señala que se trata de rutas estratégicas, pues abarca en su totalidad dos de las principales provincias, como lo son la ruta San José-Alajuela y San José-Cartago. Por esa razón, tienen miles de usuarios diariamente.

Fernández: 4 rutas

El cuarto grupo fue denominado “Fernández”. Lo componen tres empresas que tienen a su cargo cuatro importantes rutas dentro y fuera de la GAM, por lo cual, también tienen miles de pasajeros por día.

Se trata de las compañías Lared, que opera en Desamparados; Musoc, que brinda servicio entre San José y Pérez Zeledón, así como la zona de Los Santos, y Gafeso, que opera entre San Isidro de El General y Buenos Aires, cantón de Puntarenas.

También tiene permisos de explotación para rutas como la de barrio Escalante, barrio México y barrio La Cruz, en San José, entre otros.

Raymond Salim Simaan: 5 rutas

Por último, Coprocom detalló la conformación de las tres autobuseras que son lideradas por un mismo empresario.

Se trata de Raymond Salim Simaan, quien figura como presidente o gerente en la sociedad de responsabilidad limitada, compañías que operan cinco rutas que brindan servicio en Quepos-Puntarenas, zona sur del país (Tracopa) y La Uruca-La Carpio- León XIII (Biusa).

La Coprocom advierte también que, en este caso, se denota la atención de rutas de lugares densamente poblados, zonas turísticas del país y rutas estratégicas como la carretera Interamericana Sur.

Tres de los recorridos que maneja esta firma son otorgados en concesión y renovadas por otro periodo de siete años en el 2021. Además, otras dos cuentan con permisos que se encuentran vigentes.

La Nación consultó a los representantes de las empresas mencionadas en el estudio, por medio de correos electrónicos a las direcciones incluidas dentro del mismo análisis y que fueron suministradas como medio de contacto ante el CTP. Sin embargo, no se obtuvo respuesta.

Riesgos de monopolios

El análisis de la Coprocom identificó los riesgos que conlleva la concentración en la prestación de un servicio público en grupos de empresarios.

Lo primero, indicó, es que esa práctica está prohibida por ley.

Lo segundo, advirtió, es el riesgo de colusión o de pactos que afecten a los usuarios o al Estado. Al tener a un grupo de concesionarios con un mayor poder de negociación se “facilita la colusión entre estos, principalmente, para enfrentar los cambios que pueda querer llevar a cabo la Administración y que les afecten el status quo”.

Y agrega: “Prueba de ello han sido las intenciones del Poder Ejecutivo de llevar a cabo una sectorización desde hace más de dos décadas, que ha resultado imposible de implementar, así como las dificultades para el pago electrónico”.

Lo tercero es que esta concentración de rutas en pocas manos tampoco favorece la posibilidad de la Administración para medir costos y calidad de servicios y comparar entre diferentes prestatarios.

Isaura Guillén Mora, abogada y presidenta de la Coprocom, aclaró que los casos citados no son los únicos que existen en el país, pero hasta ahora no se ha hecho esa revisión exhaustiva de todas las rutas.

“La ley reguladora del transporte remunerado es muy clara en su interpretación: lo que busca es evitar esa concentración de concesiones en manos de un solo grupo. Aunque el artículo dice que una misma persona no puede ser dueña, también se especifica que queda prohibido otorgar concesiones o permisos a personas relacionadas o ligadas en cualquier forma.

“Aquí, lo que pudimos determinar con estos ejemplos es que, definitivamente, sí existe un ligamen de parentesco, incluso hay otros que participan en una junta directiva como secretario y en otra como presidente”, afirmó la comisionada de la Coprocom.

Según dijo, la intención es que hacia futuro se elaboren procesos de licitación donde se dé la información correcta y completa para que otras empresas puedan participar en igualdad de condiciones.

Sobre ese punto, el informe de la Comisión también concluye que no ha sido frecuente el otorgamiento de las concesiones mediante concursos públicos que permitan la libre competencia y concurrencia de eventuales prestatarios.

Desde setiembre del 2021, la Coprocom había señalado que la Ley Reguladora del Transporte Remunerado de Personas en Vehículos Automotores, “presenta un vacío muy importante” en el trámite de la renovación de tales concesiones, el cual consiste en que no pone un límite al número de renovaciones para una misma concesión.

“Es precisamente ese vacío y el desinterés de las autoridades del Consejo de Transporte Público (CTP) el que ha llevado a una concentración de concesiones contrarias a la normativa y a un mercado poco eficiente y competitivo, así como a perpetuar las concesiones otorgadas”, asevera la Coprocom en el análisis.

En 2021, la Coprocom había alertado, también, que la renovación ilimitada de concesiones en buses frena la competencia.

‘Son diferentes familias’

La semana anterior, en la conferencia posterior al Consejo de Gobierno, el jerarca de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador Jiménez, fue consultado por el tema de los monopolios. Declaró que se trata de grupos de familias y justificó la existencia de estas prácticas al alegar que son “diferentes familiares”.

“Existen impedimentos en la ley para que la misma persona o la misma empresa tenga una cantidad superior. No recuerdo el número de rutas, pero existen grupos de familias que tienen diferentes rutas de manera separada. Cuando uno lo mira desde afuera aparentaría como que hay un gran grupo, pero, en realidad, son diferentes familiares, primos los unos de los otros, y no se llega a dar ese nivel”, afirmó.

Según dijo, algunos casos se encuentran judicializados por lo que no podía referirse a ellos.

Amador agregó que este tipo de prácticas obedece a que en las zonas rurales no existe suficiente cantidad de usuarios para garantizar que el transporte público alcance a todos los pobladores, y los operadores locales constantemente “quiebran” y dejan abandonadas las rutas.