Las empresas costarricenses se enfrentarán a nuevas condiciones de control de prácticas monopólicas y de concentraciones en sectores económicos, por primera vez desde 1994, con el fortalecimiento de la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom).

También, tendrán más seguridad jurídica en los procesos, investigaciones y sanciones de ese tribunal administrativo y se permite la terminación anticipada de conflictos, coincidieron los especialistas Uri Weinstok, de BLP abogados, y German Serrano, director legal de la firma Grant Thornton.

Los cambios se aprobaron con la Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica. Se pondrán en marcha cambios sustanciales en la composición, el financiamiento, las potestades y funciones de Coprocom. Este fortalecimiento de la Comisión se inscribe dentro del proceso de adhesión de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

La ley ya está firmada y hace fila en la Imprenta Nacional para su publicación en el diario oficial La Gaceta. La actual Unidad Técnica de Apoyo (UTA) de la Coprocom, estima que se publicará en las primeras semanas de este mes de noviembre.

Alonso Elizondo, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Costa Rica, dijo que se trata de un cambio procesal, es decir, de la manera de controlar el mercado, pero no en las definiciones de lo que es o no una práctica anticompetitiva. En ese sentido, agregó, las empresas ya tienen a lo interno programas de capacitación y de relación con clientes y proveedores como prevención.

Weinstok recordó que se dota de mejores recursos económicos y herramientas legales a las autoridades para contar con políticas de competencia más fuertes, como sucede en otros países. Agregó que la competencia se considera una de las cuatro grandes políticas públicas, junto con las fiscales, monetarias y comerciales.A los comisionados se les hará un examen, se les harán unas pruebas, es decir, habrá un concurso por idoneidad para elegirlos. Cualquiera puede participar si cumple los requisitos.

Para Serrano, un avance vital es el nombramiento de los comisionados a tiempo completo y con dedicación exclusiva. Coincidió con Weinstok en que se forma un verdadero tribunal administrativo. Esto, además de la aplicación de nuevas y más altas multas a quienes incurran en prácticas monopolísticas o en concentraciones de producción o comerciales, a la opción de hacer estudios de mercado de oficio y a contar con más personal para la vigilancia del mercado.

LEA MÁS: Comisión del MEIC impone multa provisional de ¢11.891 millones a cadena Fischel

Los especialistas detallaron que ahora este tribunal puede hacer estudios y promover la competencia donde no existe, impugnar legislación que no promueve o frena la competencia y solicitar participación cuando se discutan leyes en ese campo. Aunque en general las reglas para las empresas no cambian, las compañías se enfrentarán a una Comisión más fuerte con más herramientas para actuar.

En general, esta comisión es la autoridad nacional encargada de la defensa y promoción de la competencia y libre concurrencia. Por lo tanto, revisa concentraciones en el mercado, prácticas de monopolio y otros aspectos, e impone sanciones cuando se corroboran los problemas luego de los análisis.

Algunos cambios

Este tribunal podrá, ahora, imponer multas de hasta el 10% del volumen total de negocios de la empresa sancionada en el ejercicio económico anterior a la medida.

Además, contratará al menos a 36 funcionarios adicionales (llegará a 52) especializados para labor en la UTA, como parte de los cambios. Esta cifra es estimada y recomendada por los actuales comisionados, pues la cantidad final dependerá del estudio de estructura de ese tribunal que haga la nueva comisión junto con el Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan).

Actualmente, esa Comisión funciona como ente adscrito al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) y tiene 16 funcionarios con salario pagado por esa entidad. Se creó en la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, que data de diciembre de 1994.

Los actuales funcionarios deben definir si siguen en la UTA o se separan, en los dos meses siguientes a la vigencia de la ley. También deben escoger si mantienen las condiciones actuales como funcionarios de Servicio Civil o se trasladan al formato de salario único.

El presupuesto, hasta ahora cercano a los $700.000 anuales y suministrado por el MEIC, pasará a alrededor de los $4 millones anuales. Los recursos provienen del presupuesto nacional y llegarán mediante una transferencia realizada con el MEIC como mediador, explicaron la actual presidenta de Coprocom, Mariana Castro, y Víctor Pérez, uno de los comisionados del actual grupo.

LEA MÁS: Demandas por competencia desleal tardan hasta siete años en resolverse

La composición de los comisionados de la Coprocom (Órgano Superior) también se varía. Pasa de los actuales cinco propietarios y cinco suplentes a contar con tres comisionados propietarios y dos suplentes.

Pero el principal cambio es que a partir de la nueva comisión, los miembros propietarios estarán a tiempo completo, con dedicación exclusiva (solo se les permite la docencia), y percibirán un salario único cercano a los ¢4 millones mensuales (incluye exclusividad). Los suplentes serán llamados cuando alguno de los propietarios tenga problemas para atender las labores y se les pagará por el periodo de sustitución.

Los nuevos comisionados (propietarios y suplentes) serán nombrados por el Consejo de Gobierno, el cual realizará un concurso por idoneidad. Esos nombramientos serán elevados a conocimiento de la Asamblea Legislativa para su ratificación.

El periodo aprobado para los comisionados es de seis años, pero para este primer periodo se nombrarán algunos, por una única vez, a cuatro, cinco y seis años, para evitar que en algún momento el grupo tenga que cambiarlos a todos y se quede sin miembros. La primera comisión deberá ser nombrada en los siguientes nueve meses posteriores a la publicación de la ley.

El nombramiento de los funcionarios técnicos para la UTA correrá a cargo de los nuevos comisionados. Por lo tanto, no será antes de que el Consejo de Gobierno cumpla con la conformación de la nueva Coprocom, explicaron Castro y Pérez.

Como miembros del grupo que hará la transición, estimaron que los funcionarios deberán ser de diversas áreas, entre ellas, economistas, abogados, criminólogos, informáticos y expertos en estadística. Empero, los dos comisionados actuales dijeron que eso depende de la nueva estructura.

En lo relativo al salario de estos trabajadores especializados de la UTA, la ley define que los pagos del personal profesional y técnico de la Coprocom, estarán sujetos al régimen retributivo de salario único aplicable al viceministerio de Telecomunicaciones del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt).