El tiempo se agotó. El Gobierno y los diputados tendrán que recortar gastos que no se han tocado en años si quieren evitar que el país termine el 2020 con un caótico déficit fiscal superior al 10% del producto interno bruto (PIB), algo que ni siquiera se vivió en la crisis de los 80, cuando el desequilibrio alcanzó un 7,2% del PIB en 1980.
La crisis económica del coronavirus produjo una severa caída en los ingresos que el Gobierno obtiene mediante el cobro de impuestos.
Para reducir el déficit, los poderes Ejecutivo y Legislativo tendrían que aplicar recortes en las partidas más rígidas del Presupuesto Nacional, como los salarios y las transferencias fijas a instituciones públicas descentralizadas.
En caso de que no exista voluntad política para tocar esos rubros, entonces quedan las opciones de desfinanciar el pago de pensiones, los subsidios a las poblaciones de escasos recursos, los aportes estatales a la CCSS o la construcción de carreteras y otras obras públicas.
Diputados del PUSC y Restauración exigen que se recorten partidas como viajes, publicidad, transporte, viáticos, vehículos, protocolo y horas extra.
Sí es posible hacerlo, y de hecho varias de estas partidas tendrán casi que desaparecer, pero esa medida apenas le hará un rasguño a la magnitud del problema fiscal, pues el hoyo que la pandemia abrió en las deterioradas finanzas públicas es enorme y aún puede crecer más.
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Antes de la crisis del coronavirus, el Presupuesto Nacional del 2020 preveía gastos por ¢8,56 billones, sin contar con el rubro de amortización de la deuda pública, al tiempo que se esperaban ingresos frescos por ¢5,46 billones.
Esa situación obligaba a buscar unos ¢3 billones prestados para completar la inversión en salarios, bienes y servicios, subsidios sociales, intereses de la deuda, transferencias a otras instituciones, pensiones de gobierno y obras públicas.
Sin embargo, si el gobierno solo ejecutaba un 95% de lo presupuestado, como ocurrió el año pasado, el gasto bajaría a ¢8,11 billones y la necesidad de endeudamiento a ¢2,65 billones.
No obstante, en julio, la Contraloría General de la República le certificó al Ministerio de Hacienda un desplome en la recaudación de impuestos.
Los ingresos caerán de ¢5,46 billones a ¢4,3 billones, lo que obligaría al gobierno a buscar ¢4,26 billones prestados para cubrir el Presupuesto, sin tomar en cuenta las amortizaciones.
Esa cifra de endeudamiento equivale a un déficit fiscal del 12% del PIB, muy por encima del 6,9% del año pasado.
En consecuencia, el ministro de Hacienda, Elián Villegas, les comunicó a los diputados su intención de bajar el déficit a un 9,7% del PIB.
Para ello, sería necesario bajar el gasto de ¢8,56 billones a ¢7,74 billones, lo que implica una reducción de unos ¢815.000 millones.
Unos ¢438.000 millones se podrían ahorrar mediante la subejecución del 5% en el gasto, como ocurrió el año pasado, mientras que el Ejecutivo tendría que recortar otros ¢390.000 millones, es decir, un 1,1% del PIB, tal como lo expuso el ministro en una carta a los diputados.
Esa cifra está por encima de la disminución del 1% del PIB prometida por el Gobierno, a finales de junio, por unos ¢355.000 millones.
Mucha más deuda
Aun si el gobierno lograra bajar el gasto a ¢7,74 billones para alcanzar un déficit del 9,7% del PIB, el país tendría que endeudarse en unos ¢800.000 millones adicionales para cubrir las diversas partidas.
La necesidad de dinero prestado subiría de ¢2,66 billones a ¢3,44 billones y solo los diputados pueden autorizar ese incremento en el nivel de endeudamiento.
¿Aceptarán los diputados esa propuesta? ¿Aceptarán un déficit fiscal del 9,7% del PIB con las consecuencias negativas que eso puede traer para la economía costarricense?
La primera propuesta bajaría el déficit a un 9,4% del PIB y la segunda a un 8,8% del PIB.
Rodrigo Cordero, exviceministro de Hacienda, explicó que, para no ello, no basta con recortar “lo que la gente siempre piensa: los viajes al exterior, la alimentación, los servicios como el agua y la electricidad, el tema de las consultorías”.
“Siempre se podría dejar de hacer alguna consultoría, ya no se están haciendo viajes, podrías reducir al mínimo el tema de la comida y el de los servicios; uno esperaría que eso reduzca un poco, por estar la gente en teletrabajo, pero ese esfuerzo es muy simbólico porque, a final de cuentas, es una partida muy pequeña dentro del presupuesto y, aunque se haga, todo suma, pero no va a aportar una gran cantidad de recursos”, dijo Cordero.
Según un cálculo hecho por este medio, las partidas de alimentación, horas extra, viáticos, vehículos, viajes al exterior, capacitación, protocolo y publicidad suman ¢50.000 millones, con el inconveniente de que ya pasó la mitad del año y parte de esas partidas ya pueden haberse ejecutado.
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De manera que, para bajar aún más el gasto como quieren los diputados, se tendrían que tocar las partidas más rígidas, como las de salarios y transferencias, si no se quiere afectar los presupuestos para obras públicas, pensiones o subsidios como la alimentación a los escolares.
Lo que no suele tocarse
“¿Qué nos queda? Nos quedan remuneraciones, pero eso depende. Ya llevamos medio año y dependerá mucho de si se han hecho nombramientos y ascensos. Yo me imagino que esa decisión ya ha sido tomada, de tal manera que no hay nombramientos de plazas, no hay ascensos y podría haber gente que se pensiona e incapacidades que podrían liberarse. Algún tipo de decisión en anualidades, prohibición, dedicación exclusiva podría dar algún recurso importante, porque eso sí es una partida grande dentro del presupuesto”, apuntó Cordero.
El Ejecutivo se ahorraría unos ¢22.000 millones al no pagar el incentivo que reciben docentes por laborar en distritos de bajo nivel socioeconómico, en vista de que no hay clases presenciales.
También, la ministra de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán), Pilar Garrido, anunció un proyecto de ley para reducir en un 15% la jornada de los funcionarios públicos mejor pagados, de manera temporal, lo que generaría un ahorro de unos ¢130.000 millones. Sin embargo, ahorro solo puede ponerse en práctica si lo aprueban los diputados.
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Tocar las transferencias
De los ¢8,56 billones del presupuesto, excluyendo el pago de amortizaciones, los salarios consumen casi una tercera parte, con un 31%. Este rubro de ¢2,6 billones es el más alto de todos.
Le siguen las transferencias para financiar otras instituciones públicas, que demandan casi ¢2 billones.
El Ejecutivo ya adelantó algunas reducciones en este apartado, como una de ¢48.000 millones en las transferencias a las universidades públicas (cuya mayor parte tendrá que ser devuelta en los próximos años) y otra por un monto parecido en los aportes a las municipalidades, para las vías cantonales.
Dentro de las transferencias, también están los recursos del Gobierno Central para el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), las juntas de educación, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y los programas sociales del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), por ejemplo.
Son temas sensibles y más en un momento de crisis con miles de familias golpeadas económicamente, pero también hay que tomar en cuenta que algunas entidades subejecutan los recursos. En el 2017, por ejemplo, el PANI solo gastó un 58% del dinero transferido y las juntas de educación, el 90%.
“En el gran tema de las transferencias, siempre depende del manejo del gasto que estén haciendo las instituciones, si ya se ha nombrado un empleado o ya una licitación se ha adjudicado. Podría ser difícil, pero esa es otra de las grandes partidas donde habría que hacer una revisión y conversar con las instituciones”, comentó el exviceministro de Hacienda.
Los intereses de la deuda demandan una suma casi similar a las transferencias, mientras que ¢1 billón se destina a pensiones de los regímenes del Gobierno y, con la crisis del coronavirus, al bono Proteger.
Finalmente, unos ¢605.000 millones se destinan a obras públicas y ¢310.000 millones a bienes y servicios.
Este lunes 13 de julio, el Ministerio de Hacienda presentará el segundo presupuesto extraordinario y allí se verá si los recortes se acercan o quedan lejos del 1,1% del PIB mencionado por el ministro.
“Por ser tan inflexible el presupuesto, sin hacer mayor cambio a nivel estructural o de ley, no es sencillo hacer ese recorte. Se requieren decisiones donde juegan el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, porque podrían tener que tomar decisiones sensibles. Cuando se quieren tocar recursos de municipalidades, o el tema de Cen-Cinái, o el tema de universidades, ahí es donde el resultado no es tan fácil obtenerlo, ni por el lado del Ejecutivo ni por el lado de esos sectores, ni tampoco por el lado del Legislativo cuando reciben la presión de esos sectores”, expuso Cordero.
Presidenta de Hacendarios: ‘Proteger lo esencial'
La diputada liberacionista Silvia Hernández, presidenta de la Comisión de Hacendarios, dijo que es imprescindible que el Gobierno diga cuánto requiere realmente ejecutar para conocer la necesidad real de dinero y si es aceptable un déficit del 9,7% del PIB.
Para la legisladora, no es de recibo que el Ejecutivo diga que va a recortar horas extra en instituciones que ya, de por sí, están operando a media máquina, pues ese dinero ya debería darse por descontado.
“Si no entramos a la parte de remuneraciones, apague y vámonos”, comentó Hernández, quien coincidió con Rodrigo Cordero en que es necesario hablar con cada institución para ver también en cuánto se pueden cortar las transferencias.
En criterio de la verdiblanca, el país debe discutir con seriedad qué es lo esencial en este momento, pues es posible dejar algunas inversiones para el otro año, aunque sean importantes.
"Lo esencial debería de girar en torno al tejido social, la educación virtual, el alimento de las personas; no hay nada más importante que la gente formada", comentó. Hernández cree que se deben salvar las pequeñas y medianas empresas, la inversión en obra pública y evitar que se endurezca la pobreza.
“Yo quisiera que el dónde recortar se concentre en elementos como plazas vacantes, eso debería ser insoslayable”, agregó.
Existen otros factores que podrían complicar la situación, como el deseo de los diputados de exonerar varios bienes y servicios del impuesto sobre el valor agregado (IVA) sin otorgarle al Gobierno una fuente alterna de recursos.
Incluso, el PUSC quiere destinar unos ¢58.000 millones a abonar la deuda del gobierno con la CCSS y, además, se opone a hacerle recortes a las transferencias a asociaciones de desarrollo comunal.
Los diputados también habían apoyado una moción para ordenar subejecutar todas las partidas de las instituciones en un 15% con excepción de los rubros de salarios.
En el 2019, ya el Ejecutivo había subejecutado precisamente un 15% en el pago de bienes y servicios.
En cuanto a las transferencias a otras instituciones, la moción permitiría un ahorro de unos ¢200.000 millones tomando en cuenta que esas partidas ya se subejecutan en un 5%. Sin embargo, según la misma moción, el efecto estaría limitado porque no se tocarían remuneraciones.
“Para hacer un recorte grande, a no ser que se esté haciendo un trabajo muy grande en amortización y además, algún recurso importante en remuneraciones, creo que pasa por lo que siempre se ha hablado, de que tienen que haber cambios estructurales importantes y eso significa ver si se cierran instituciones que están duplicando funciones, como los órganos desconcentrados”, advirtió Rodrigo Cordero.