El presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, afronta desde este momento los últimos 12 meses de su mandato.
En su primer discurso como mandatario prometió jamás usar “la excusa de que este país no se puede gobernar”; sin embargo, atenuó ese discurso con el paso del tiempo.
“¿Cómo es posible que el presidente de la República, electo por la mayoría del pueblo, no pueda cumplir con todas sus promesas por culpa de un grupo de funcionarios y mandos medios que se atribuyen el derecho de frenar arbitrariamente el desarrollo de la patria?”, declaró el 5 de mayo pasado, al presentar su tercer informe de labores ante el Congreso.
Es posible distinguir una tendencia cuando se revisa el estado de las tareas que el gobernante definió como prioritarias en campaña o durante su mandato: la mayoría se encuentran lejos de su cumplimiento y algunas, incluso, quedaron totalmente rezagadas o en el olvido. Como muestra, La Nación evaluó 35 de ellas.
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| Nota metodológica |
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| Para realizar este artículo, ’La Nación’ identificó 35 promesas o metas que el presidente Rodrigo Chaves planteó públicamente como candidato presidencial o durante su gobierno. Se utilizaron como referencia documentos de campaña, discursos anteriores y posteriores a su elección, y planteamientos hechos en actos públicos. |
| Una vez realizada la selección de los temas, las promesas y las metas del presidente se dividieron en tres categorías de cumplimiento: — “Avance bajo o nulo”: cuando se determinó que las acciones tomadas por el gobierno (si es que se tomaron) tuvieron efectos mínimos o inexistentes sobre la promesa o meta. — “Avance medio”: cuando se determinó que las acciones tomadas lograron resultados intermedios o están encaminadas a un mayor nivel de cumplimiento. — “Avance alto o completo”: cuando se determinó que las acciones tomadas propiciaron el cumplimiento de la promesa o están cerca de hacerlo. |
En total, se identificaron 18 propuestas con un nivel de avance bajo o nulo, 10 con un nivel de avance medio y 7 con un avance alto o completo.
La más reciente encuesta del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo), de la Universidad Nacional (UNA), determinó que una tercera parte de los costarricenses mayores de edad no es capaz de identificar un logro de la administración Chaves. El resto señaló, principalmente, el combate a la corrupción o el mejoramiento de la infraestructura vial.
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Costo de la vida
1. Precio del arroz
Avance bajo o nulo
Una de las principales promesas de campaña del presidente Rodrigo Chaves fue reducir el costo de la vida. En ese sentido, una de sus medidas estrella fue eliminar los precios mínimos que se aplicaban por decreto y reducir los aranceles sobre el arroz con cáscara y pilado, los cuales llegaban hasta un 35%, desde agosto del 2022.
Los precios del arroz, sin embargo, aumentaron un 7,5% desde aquel momento hasta marzo del 2025, según la última medición disponible del Índice de Precios al Consumidor (IPC), publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
Si bien es cierto que los precios locales del arroz se vieron influenciados por una subida del 22,3% en los precios internacionales del grano (según datos de la FAO), también se debe de señalar que el precio del dólar cayó un 24,4% en el mismo periodo, abaratando las importaciones.
En general, los precios de los alimentos y de las bebidas no alcohólicas han aumentado un 11,3% desde que Chaves asumió el poder.
2. Medicamentos
Avance bajo o nulo
Al igual que con los precios del arroz, el actual gobierno firmó un decreto desde junio del 2022, por medio del cual pretendía habilitar la homologación en Costa Rica de medicamentos previamente aprobados por agencias de salud internacionales. No obstante, dicho decreto fue declarado inconstitucional y anulado por la Sala Constitucional en agosto de 2024, luego de recibir criterios que cuestionaban su razonabilidad.
La Procuraduría argumentó que se dejó al Estado sin la potestad de exigir siquiera estudios clínicos cuando un importador registraba medicinas extranjeras, además de que se dispuso que, si un medicamento posteriormente resultaba nocivo, Salud procedería a cancelar la autorización cuando ya las personas lo habían consumido.
Los precios de los medicamentos aumentaron un 5,5% desde mayo del 2022 hasta la fecha y algunos incluso subieron por encima de esa cifra. El aumento fue de un 16% en los medicamentos para el asma, un 15,2% en los anticonceptivos, un 15,2% en los fármacos para la osteoporosis y un 11,3% en los de carácter vascular.
Solo dos de los 16 tipos de medicamentos que mide el INEC experimentaron reducciones desde mayo del 2022 hasta la fecha: los que tratan la gastritis (5,4%) y la tos (1,7%).
3. Tarifas profesionales
Avance bajo o nulo
El presidente Chaves también impulsó decretos, desde setiembre del 2022, para derogar las tarifas mínimas que varios colegios profesionales definen para que sus agremiados cobren por sus servicios. Sin embargo, estos han sido objetados y, en varios casos, anulados o suspendidos en tribunales por contradecir disposiciones legales.
Por ejemplo, el Tribunal Contencioso Administrativo declaró nulo el decreto sobre los honorarios mínimos de los abogados el 16 de febrero del 2024;. Mientras, la Sala Constitucional anuló el decreto sobre los honorarios de ingenieros, arquitectos y topógrafos el 29 de setiembre del mismo año.
Desempleo
4. Ocupación y desempleo
Avance medio
La tasa de desempleo es 7,4% (hasta febrero de este 2025) y se ha mantenido por debajo del 8% desde julio de 2024. El indicador actual es 5,9 puntos porcentuales (p.p.) menor que hace tres años, según las estadísticas del INEC.
Sin embargo, la estimación de personas ocupadas es de 2,2 millones: 107.000 personas más que hace tres años, cuando la población en edad de trabajar ha subido en más de 157.000 unidades.
Lo anterior quiere decir que el desempleo ha caído porque ocurrieron dos fenómenos al mismo tiempo: se creó empleo, pero también hay más personas en edad de trabajar que decidieron apartarse del mercado laboral. De hecho, la población en edad de trabajar pero que está fuera de la fuerza laboral aumentó en 195.000 personas.
Compromisos fiscales
5. Deuda
Avance medio
El endeudamiento público del Gobierno Central cayó por cuarto año consecutivo y se colocó por debajo de la barrera del 60% del producto interno bruto (PIB) en 2024. El Ministerio de Hacienda informó de que el indicador cerró en 59,8%: 1,3 puntos porcentuales menor que en 2023.
Esta caída, sin embargo, coincidió con la apreciación del colón frente al dólar, la cual beneficia el cálculo del endeudamiento externo a la hora de expresarlo en colones.
A pesar de que la deuda cayó como porcentaje del PIB, los números de endeudamiento nominales han seguido creciendo. La deuda del Gobierno Central expresada en colones aumentó un 7,6% entre diciembre del 2021 y diciembre del 2024, aunque a un menor ritmo que en años pasados.
El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, señaló en una entrevista con El Financiero que el acumulado nominal de la deuda debería de seguir creciendo hasta 2028 o 2029.
6. Déficit fiscal
Avance medio
El balance financiero del Gobierno Central sigue en terreno negativo. El déficit financiero (la relación negativa entre ingresos y gastos) fue de 3,8% del PIB en 2024: el peor registro de los últimos tres años (había sido de 2,5% en 2022 y de 3,3% en 2023).
Sin embargo, Costa Rica mantiene un superávit primario. Esta relación positiva de gastos e ingresos, sin contar el pago de intereses de la deuda, le permite dedicar más espacio a saldar viejas obligaciones.
El superávit primario fue de 1,1% del PIB en 2024: 1 p.p. menor que el de 2022 y 0,5 p.p. menor que el de 2023, pero siempre positivo.
7. Acuerdo con el FMI
Avance alto o completo
El gobierno del presidente Rodrigo Chaves concretó, sin problemas, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el cual había sido suscrito por la administración anterior.
La operación crediticia, por $1.778 millones en tres años, estaba ligada a metas fiscales y reformas legales, las cuales fueron aprobadas por el país, según el equipo técnico del organismo internacional.
La administración actual no tramitó mayores reformas legales en materia tributaria o de gasto público desde mayo del 2022, pero sí dio continuidad a la implementación de otras que se gestionaron en el gobierno anterior, como la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas o la Ley Marco de Empleo Público.
8. Ciudad Gobierno
Avance bajo o nulo
El mandatario enfatizó en la necesidad de construir el proyecto de Ciudad Gobierno, como un paso esencial para abandonar el pago de alquileres por varios miles de millones de colones en la administración pública. Sin embargo, la ministra de Planificación, Marta Esquivel, recientemente confirmó que la iniciativa está “detenida y sin avance” en un oficio enviado a la Fiscalía General de la República.
El Ejecutivo había impulsado desarrollar la infraestructura por medio de un mecanismo especial de contratación; sin embargo, la Contraloría General de la República lo objetó por problemas de legalidad y transparencia en el uso de recursos públicos.
Desde entonces, el Ejecutivo no ha presentado ninguna alternativa.
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9. Pobreza
Avance alto o completo
La meta del gobierno era que la pobreza, medida por los ingresos de las familias, fuera del 21,5% en el 2023; y del 20,3%, en el 2024.
Según el INEC, el objetivo de reducción no se logró en el 2023, pues el indicador se ubicó en el 21,8%. Pero sí se alcanzó el año pasado, cuando la pobreza abarcó al 18% de los hogares del país.
Sin embargo, el resultado fue blanco de cuestionamientos por parte de economistas porque la reducción se alcanzó por un incremento inesperado de los ingresos fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM), en las regiones Brunca, Huetar Caribe y Pacífico Central. Además, coincidió con una reducción en las ayudas sociales del Estado, según la UCR.
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Reforma del Estado
10. Venta del BCR e INS
Avance bajo o nulo
Al cumplirse los 100 primeros días de su administración, el presidente Rodrigo Chaves anunció que impulsaría proyectos de ley para la venta del Banco de Costa Rica (BCR), el Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa) y del 49% de la propiedad del Instituto Nacional de Seguros (INS). Según el mandatario, la intención de esta iniciativa era disminuir los niveles de endeudamiento público y abrir margen para una mayor inversión pública.
El gobierno había estimado que la venta de los activos permitiría acceder a unos ¢1,8 billones: un monto que representa cerca de un 6% del endeudamiento actual del país expresado en colones.
No obstante, ningún proyecto de ley relacionado con este tema avanzó hasta el momento en la Asamblea Legislativa.
11. Reforma de ministerios
Avance bajo o nulo
Desde sus primeros 100 días, el gobierno de Rodrigo Chaves propuso una reforma en el aparato estatal para reordenar y optimizar los ministerios. En su segundo año de gestión, presentó seis iniciativas para concentrar el poder en ministros de carteras altamente desconcentradas, con la justificación de recuperar las competencias de los jerarcas.
Las propuestas se basaban en eliminar o reducir instancias desconcentradas, y sus funciones, bajo el argumento de que el crecimiento del Estado en los últimos años creó una excesiva cantidad de personerías jurídicas instrumentales y que eso debilitó la capacidad de las carteras.
Aunque los proyectos fueron presentados, ninguno llegó a ser aprobado en la Asamblea Legislativa.
Obras de infraestructura
12. Ruta a San Carlos
Avance bajo o nulo
Durante su discurso de los primeros 100 días de gobierno, Chaves prometió a los vecinos de la zona norte que la carretera a San Carlos estaría completamente lista al finalizar su periodo. No obstante, hasta la fecha solo se ha adjudicado la punta sur; la cual recibiría orden de inicio en el mes de mayo.
Para el tramo central, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) solo recibió una oferta que corresponde a la compañía china CHEC, por lo que en caso de que esta no cumpla con los requisitos técnicos, sería necesario lanzar una nueva licitación.
13. Ruta a San Ramón
Avance bajo o nulo
A pocas semanas de asumir el poder en 2022, el Chaves anunció que pondría fin al fideicomiso con el Banco de Costa Rica (BCR) destinado a la ampliación de la vía entre San José y San Ramón, debido al elevado costo de la unidad asesora encargada del proyecto. Además, mencionó que se firmaría una adenda para llegar a un finiquito, y que el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y el MOPT asumirían la responsabilidad de llevar a cabo las obras impostergables. De este modo, según se prometió, las obras del tronco principal comenzarían este año.
Hasta la fecha, sin embargo, solo tres obras impostergables han sido adjudicadas y, si bien se logró amarrar un crédito con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para financiar el proyecto integral, este deberá de pasar por la Asamblea Legislativa. Además, el proyecto tiene pendientes alrededor de 300 expropiaciones.
14. Ruta 32
Avance medio
Durante su discurso de los primeros 100 días, el presidente Chaves aseguró que el proyecto completo de la ruta 32 estaría concluido durante su mandato. Actualmente, la obra tiene 94% de avance, y el MOPT ya adelantó que este año se entregaría el tronco principal y quedarán trabajos pendientes para los próximos meses.
Adicionalmente, el MOPT deberá poner recursos adicionales para ejecutar las obras complementarias que quedaron fuera del contrato y comenzar el reemplazo de las cuestionadas rotondas que se decidió construir en sustitución de los pasos elevados previstos en el diseño original.
15. Circunvalación norte
Avance alto o completo
El actual gobierno recibió la Circunvalación norte con un 95% de avance en mayo del 2022. La obra se entregó dos años después aún con detalles pendientes, con meses de atraso y amenazas de multa para el contratista.
Adicionalmente el Conavi inició la construcción de tres pasos vehiculares en la Circunvalación sur para eliminar los cruces semaforizados en los Hatillos.
Dichas obras habían sido adjudicadas desde la administración anterior, pero no habían comenzado por atrasos en diseños y falta de recursos. A la fecha, ya se entregó el viaducto en Hatillo 4 y se mantienen en ejecución un túnel y paso superior en Hatillo 8 y 5, respectivamente. Esas obras deben completarse en el primer trimestre del 2026.
16. Tren eléctrico
Avance bajo o nulo
El presidente anunció, en junio del 2022, su decisión de “sepultar” el proyecto de tren eléctrico elaborado por el gobierno de Carlos Alvarado (2018-2022). Aquel plan ya contaba con un préstamo aprobado.
En su lugar, Chaves propuso retomar un plan que había sido estudiado durante la gestión de Luis Guillermo Solís (2014-2018).
La promesa inicial era que para mediados del 2024 se tendría lista la etapa de preinversión y que un año después estaría lista la licitación, pero, casi tres años después del anuncio, la propuesta final no ha sido presentada.
17. Puerto Caldera
Avance medio
El 20 de junio del 2022, Rodrigo Chaves anunció que el contrato con la empresa SPC, compañía chileno-costarricense encargada de operar el puerto de Caldera, sería extendido desde el 2027 al 2031. La decisión se tomó con el propósito de permitir a la misma firma realizar “inversiones sustantivas de medidas paliativas, porque el tiempo no da para tener soluciones permanentes”.
En marzo de este año se publicó el cartel de licitación para la concesión que permitirá la modernización de la terminal. La promesa del Ejecutivo es que el proyecto esté adjudicado para agosto de este año.
18. Sectorización
Avance bajo o nulo
Para octubre del 2022, al menos una ruta de autobuses de cada uno de los 12 sectores del área metropolitana debía iniciar el proceso de sectorización. A la fecha, no hay ni un solo sector operando.
Se tenía previsto que el plan piloto con las primeras rutas comenzara en el primer trimestre de este año, pero eso no ocurrió.
Espectro radioeléctrico
19. Redes 5G
Avance medio
En mayo del 2022, el presidente Chaves ordenó al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) devolver frecuencias para redes 5G que tenía en su poder. La intención era que esas frecuencias volvieran a manos del Estado y definir su eventual subasta a firmas externas para brindar esos servicios a usuarios finales. Mientras, el ICE podía avanzar por su cuenta su propia red. A mayo del 2025, los usuarios finales del país carecen de 5G.
La subasta se efectuó en enero del 2025 y, dos meses después, el gobierno publicó acuerdos ejecutivos requeridos para el despliegue por parte de firmas extranjeras. Ese proceso sigue en curso.
El ICE se quedó sin desplegar 5G para usuarios finales al cabo de tres años porque, en setiembre del 2023, el gobierno excluyó a países como China de convertirse en proveedores de redes y soluciones de tecnología 5G en Costa Rica.
Dicha medida provocó que el sindicato FIT-ICE pidiera, en febrero del 2024, una medida cautelar que le fue otorgada. Debido a lo anterior, se frenó la licitación que el ICE tenía en curso para contratar un proveedor. Hasta febrero de este 2025, un juez rechazó la medida cautelar.
20. Actualización de concesiones de radio y TV
Avance medio
En diciembre del 2022, el gobierno dijo que enviaría un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa para reformar la Ley de Radio, vigente desde hace casi 70 años, con el fin de aumentar el impuesto a la radiodifusión. Así lo anunció Carlos Alvarado Briceño, entonces jerarca del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), pero nada de eso ocurrió.
En cambio, el 26 de junio del 2024, el Micitt emitió un decreto ejecutivo para extender por 15 meses (hasta el 26 de setiembre del 2025) la vigencia de las concesiones de radio y televisión que iban a expirar el 28 de junio del 2024, mientras el Ejecutivo instruía a la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) la confección de una licitación de espectro radioeléctrico.
Fue hasta después de esto que el gobierno envió un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa con el fin de actualizar los cánones. El texto, sin embargo, aún no se aprueba y el presidente Chaves incluso sugirió la posibilidad de que el Ejecutivo permita un apagón de las frecuencias si no se cuenta con esa reforma legal.
Tratados internacionales
21. Nuevos acuerdos comerciales
Avance alto o completo
Hasta el momento, se han suscrito cuatro nuevos acuerdos comerciales.
En enero del 2025, concluyó la adhesión del acuerdo de Economía Digital (DEPA por sus siglas en inglés), entre Singapur, Corea del Sur, Chile, Nueva Zelandia y Costa Rica, el cual establece colaboraciones en temas de comercio digital.
El 15 de noviembre del 2025. se firmó el acuerdo de Comercio Cambio Climático y Sostenibilidad con Suiza, Islandia y Nueva Zelanda, el cual permitirá la liberalización de aranceles de hasta 300 bienes y 100 servicios ambientales.
El 17 de abril del 2024, se firmó el acuerdo con Emiratos Árabes Unidos; y el 1.° de marzo del 2023 se suscribió el Acuerdo de Asociación Comercial entre Ecuador y Costa Rica.
En curso, además, se encuentran los acuerdos con Israel, el proceso para ingresar a la Alianza del Pacífico y para la adhesión al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico.
Crecimiento económico e IED
22. Crecimiento económico
Avance alto o completo
Durante los primeros tres años de este gobierno, Costa Rica logró mantener un crecimiento económico superior al 4%: fue de 4,6% en 2022, 5,1% en 2023 y 4,3% en 2024.
Esto es más que el promedio de los 10 años anteriores, que apenas superaba el 3%.
23. Exportaciones e IED
Avance alto o completo
El gobierno se planteó la meta de alcanzar exportaciones de bienes y servicios (excluye viajes) por $24.300 millones, en el 2023, y $25.600 millones, en el 2024. Según los datos del Banco Central, en ambos años se acercó a dicho objetivo, pero no lo alcanzó. El año pasado, las ventas de bienes y servicios ascendieron a $23.287 millones y, en el 2023, a $21.815 millones.
En el caso de la inversión extranjera directa (IED), el objetivo del Poder Ejecutivo sí se alcanzó. Para el 2023, la meta era de $3.000 millones y, para el 2024, de $3.150 millones. La información del BCCR muestra que en el 2023 se percibieron $3.788 millones y en el 2024, $4.322 millones.
Reformas fiscales
24. Renta global
Avance bajo o nulo
Una de las aspiraciones más ambiciosas del Poder Ejecutivo en materia tributaria fue establecer un sistema de renta global. Esto consiste en cobrar el tributo sobre las utilidades por medio de una sola declaración y no como se hace actualmente, por medio de varios procedimientos separados y tarifas diferentes (retenciones al salario, utilidades por trabajo independiente, rentas de capital, etcétera).
Según Hacienda, este modelo es necesario para hacer más justo el sistema tributario y que las personas paguen impuestos sobre la suma real de sus ganancias.
Para ese fin, el gobierno envió un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa, pero no avanzó como lo esperaba. En gran medida, la tramitación se dificultó porque el texto planteaba subir a un 30% la tarifa de renta para las pequeñas y medianas empresas, que actualmente gozan de un tratamiento diferenciado.
El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, acusó a los diputados de no abrir un ambiente propicio para la discusión; mientras que legisladores de oposición alegaron que la falta de ánimo negociador provino del Ejecutivo.
25. Hacienda Digital
Avance bajo o nulo
El Plan Nacional de Desarrollo 2023-2026 puso como objetivo que en el 2023 estuviera implementado el 61,48% del proyecto de Hacienda Digital y, para el 2024, el 88,29%. Sin embargo, al 16 de setiembre del 2024 (último dato disponible), el avance real del proyecto era del 20,95%, según el acta N°009-2024 del Consejo Directivo Modernizar y Digitalizar los sistemas tecnológicos del Ministerio de Hacienda.
En abril del 2025, Hacienda informó del atraso en la implementación del sistema Tribu-CR. Estaba previsto que iniciara en junio, pero se aplazó para agosto próximo.
26. Reducción de exoneraciones
Avance bajo o nulo
Durante la campaña, Rodrigo Chaves había señalado la necesidad de revisar las exoneraciones vigentes y, una vez en el poder, el Ministerio de Hacienda indicó que realizaría esfuerzos en esa dirección. Según decían, esto permitiría aumentar la eficiencia del sistema tributario y garantizar que los tratos preferenciales fueran justificados.
El gobierno envió a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley en mayo de 2023 para eliminar algunos beneficios fiscales de los que actualmente gozan bienes como tiquetes aéreos, algunos implementos médicos, maderas en trozas y vehículos para alquiler. Sin embargo, no avanzó.
Ante ese escenario, el Ejecutivo desistió de plantear más propuestas de cambios.
Seguridad
27. Control de la violencia: homicidios
Avance bajo o nulo
El país contabilizó 905 homicidios en 2023 y otros 879 más en 2024: cifras que no se veían desde la Guerra Civil de 1948, cuando murieron entre 2.500 y 3.500 personas, según las estimaciones académicas disponibles.
Aunque la cifra de asesinatos decreció en 26 casos entre 2024 y 2023; las autoridades alegan que será difícil revertir el crecimiento de los últimos años.
Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), ha subrayado en distintas entrevistas que el país requiere de mayor presencia policial en los principales focos de violencia, más inversión para dar herramientas de control a las policías y una mayor inversión social, que haga que menos personas sean atraídas por el crimen organizado.
28. Reformas legales
Avance medio
En abril del 2023, Rodrigo Chaves presentó cinco reformas legales al Congreso, con diferentes objetivos, entre ellas modificar el sistema penal para trasladar reos al sistema semiinstitucional o de confianza (expediente 23688), elevar penas por posesión ilegal de armas (23689), permitir escuchas telefónicas en investigación de homicidio simple y femicidio (23690), duplicar la prisión preventiva a adolescentes involucrados en crimen organizado (23691) y aumentar delitos en los que se aplica prisión preventiva, así como limitar la libertad condicional (23692).
De esas cinco iniciativas, solo avanzó una, la de escuchas telefónicas, que fue aprobada por el Congreso y hoy está vigente como la ley de la República.
Las cuatro restantes fueron rechazadas en la Comisión de Seguridad, por diferentes problemas, tanto de redacción como de fondo y vicios de inconstitucionalidad. En el caso de la reforma a la prisión preventiva, los diputados impulsaron otra iniciativa que logró ser aprobada pero fue declarada inconstitucional por la Sala IV, en noviembre del 2024.
29. Incautación de drogas
Avance medio
Entre 2022 y 2024, se decomisaron 73.101 kilogramos de cocaína, 1,57 millones de piedras de crack, 1,36 millones de plantas de marihuana y 62.980 kilogramos de marihuana picada, según los registros del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD). Además, se incautaron 799.759 dosis de anfetaminas y 4.199 dosis de LSD.
Si se comparan estas cifras con las del periodo 2018-2020 (los primeros tres años de la administración anterior), se registraron caídas de 31,3% en los decomisos de cocaína y de 56,6% en los de plantas de marihuana; aunque la cantidad aumentó un 76,3% en el caso de marihuana picada. En tanto, los decomisos de anfetaminas y LSD crecieron exponencialmente, aunque son menores en cantidad.
A pesar de que Sudamérica enfrenta un escenario de sobreproducción de cocaína, el país registra menos retenciones de este producto. El ministro de Seguridad, Mario Zamora, atribuye la caída de los decomisos a los trabajos policiales que se realizan en el puerto de Moín y a un menor ingreso de la sustancia al país por cambios de rutas de los grupos criminales.
Tales explicaciones son rebatidas por analistas que consideran que el contexto no ha cambiado de forma tan drástica y que el abastecimiento dentro del país sigue siendo alto si se analizan los precios del mercado.
30. Escáneres
Avance medio
La aspiración del Ejecutivo ha sido la colocación de escáneres en todos los puertos y puestos fronterizos de Costa Rica para inspeccionar la mercancía y así evitar el tráfico ilegal de drogas. Sin embargo, una auditoría de la Contraloría General de la República encontró que solo la Terminal de Contenedores de Moín cuenta con 3 escáneres instalados. En el caso de Puerto Caldera, este no cuenta con escáneres, pero está prevista la instalación de un equipo de inspección donado.
Tampoco cuentan con escáneres para inspecciones no intrusivas: las fronteras terrestres de Peñas Blancas, Paso Canoas, Las Tablillas, Sabalito, Sixaola; los aeropuertos Juan Santamaría y Daniel Oduber; así como en el puerto de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), en Limón.
31. Legalización de la marihuana
Avance bajo o nulo
El gobierno se comprometió a presentar un proyecto de ley para legalizar el uso recreativo de la marihuana y así lo hizo. El texto se tramitó bajo el expediente 23.383. Este fue uno de los anuncios que hizo el presidente Rodrigo Chaves en el acto de sus primeros 100 días de mandato.
No obstante, ante una consulta de la Asamblea Legislativa, la Sala Constitucional declaró que el proyecto es inconstitucional, porque se contrapone a los tratados firmados por Costa Rica para combatir el uso de drogas.
Educación
32. Rezago educativo
Avance bajo o nulo
El Programa Estado de la Nación (PEN) constató desde el año 2023 un importante rezago educativo en Costa Rica. Entre otras cuestiones, señaló que hay alumnos de hasta cuarto grado que no saben leer ni escribir y aludió a datos del Banco Mundial, según los cuales, los estudiantes del país enfrentan un retraso de dos años en sus niveles de aprendizaje.
La exministra de Educación, Anna Katharina Müller, se había comprometido a presentar una “Ruta de la Educación”, una estrategia educativa para enfrentar la situación.
Sin embargo, finalmente dejó el cargo en enero pasado sin dar a conocer ningún documento por el estilo.
CCSS
33. Listas de espera y crisis de especialistas
Avance bajo o nulo
La anunciada “hoja de ruta” para las listas de espera no rindió los resultados esperados. Al inicio de la administración, había 287.101 personas esperando citas con especialistas en consulta externa y el dato ahora es de 340.558, hasta marzo del 2025.
La situación es igual de apremiante en las cirugías. Llas personas en espera eran 172.265 en 2022 y ahora son 190.176, hasta marzo.
El tiempo promedio de espera en marzo del 2025 es de 462 días (año y cuatro meses, aproximadamente) para consulta externa y de 428 días para cirugías (poco más de año y dos meses).
Este 27 de marzo, la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) aprobó un plan para bajar las listas de espera, que pretende atender 730.000 casos durante el 2025.
En cuanto a la crisis de especialistas, 135 médicos han renunciado entre diciembre del 2024 y febrero del 2025 (162 la presentaron, pero 27 la revocaron). En ese tiempo se lograron 59 contrataciones. Los médicos reclaman recibir el nuevo salario global de la institución, pero el Ministerio de Salud ha dicho que no están de acuerdo por falta de presupuesto.
Lucha anticorrupción
34. Incentivos y protección para denunciantes
Avance alto o completo
Durante la campaña electoral, Chaves habló sobre su intención de promover un proyecto para incentivar las denuncias de actos irregulares en el sector público y privado. Añadió que se podía pensar en promover el pago de incentivos económicos, como ocurre en Estados Unidos.
El Poder Ejecutivo finalmente envió un proyecto a la Asamblea Legislativa en noviembre del 2022, el cual se aprobó en diciembre del 2023.
El texto sirvió para responder a compromisos del país con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Pensiones de lujo
35. Judicialización de las pensiones
Avance bajo o nulo
Por último, el presidente Rodrigo Chaves también había asegurado en el discurso conmemorativo de sus primeros 100 días de gobierno que consultaría a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el asunto de las “pensiones de lujo”. Sin embargo, no avanzó en esa dirección.
El Ejecutivo sí inició procesos de lesividad contra pensionados actuales que, según su criterio, redituaban montos superiores a los topes legales; y envió un proyecto al Congreso para establecer un tope de ¢1,7 millones a las pensiones futuras y actuales de los regímenes con cargo al Presupuesto Nacional, como los del Poder Judicial y el Magisterio Nacional.
No obstante, existen dudas sobre la constitucionalidad del texto –basadas en resoluciones recientes– porque no se pueden aplicar topes o recortes a pensiones de forma retroactiva, sino únicamente contribuciones solidarias.
Colaboraron los periodistas Lucía Astorga, Juan Fernando Lara, Julián Navarrete, Patricia Recio, Aarón Sequeira, Irene Rodríguez y Óscar Rodríguez.