No obstante, la Federación de Organizaciones No Gubernamentales de Pacientes de Costa Rica presentó una acción de inconstitucionalidad contra la norma ante la Sala IV, en donde la Procuraduría General de la República (PGR) advirtió de que violentaba el derecho a la salud y podía poner en peligro la salud de los pacientes (expediente 22-026589-0007CO).
La PGR argumentó que se dejó al Estado sin la potestad de exigir siquiera estudios clínicos cuando un importador registraba medicinas extranjeras, además de que se dispuso que, si un medicamento posteriormente resultaba nocivo, Salud procedería a cancelar la autorización cuando ya las personas lo habían consumido.
El decreto instruyó al Ministerio de Salud a reconocer, para la comercialización de medicamentos en el país, los registros sanitarios de fármacos otorgados por Estados extranjeros que integran el Consejo Internacional de Armonización de Requisitos Técnicos para Productos Farmacéuticos de Uso Humano.
Con la firma de este reglamento, el Gobierno había prometido reducir a 30 días el plazo para inscribir nuevos medicamentos en el país.
Según el Poder Ejecutivo, la idea era agilizar el trámite de inscripción debido a que los interesados solo debían presentar una declaración jurada que haga constar que el producto tiene exactamente las mismas características del medicamento aprobado por otro país integrante de la Comisión.
Según resolvió la Sala IV, el pasado 31 de julio, la sentencia tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de la disposición anulada, sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe.
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El Tribunal Constitucional aún no ha dado a conocer las razones de su declaración de inconstitucionalidad.
En el proceso ante la Sala IV, el Colegio de Farmacéuticos coincidió con la Procuraduría en que el decreto era inconstitucional por poner en riesgo la salud de la población.
“No es poca cosa la preocupación de la accionante sobre la problemática -más que notoria en estos tiempos- de falsificación de medicamentos. Los controles del Estado en un bien tan sensible como los medicamentos, deben apuntar a fortalecer, mas no a flexibilizar, los procesos previos a la puesta a disposición de los pacientes que los requieren”, indicó la organización profesional.
Agregó que le preocupaba el uso de la declaración jurada, porque “podría propiciar que se falsifique o adulteren medicamentos o la documentación necesaria” para obtener o renovar registros sanitarios.
“La declaración jurada, al sustituir las evaluaciones necesarias y pertinentes del ente rector, puede generar un escenario sanitario de considerable e injustificado riesgo para la población”, expuso el Colegio de Farmacéuticos.
En el año comprendido entre julio 2023 y julio 2024, la subclase de medicamentos y otras preparaciones farmacéuticas y medicamentos naturales registró un aumento de precios del 0,90%, con una tendencia a la baja, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
